'Doctrina Parot': el Gobierno reconoce su derrota y pasa la pelota de las excarcelaciones a la AN

Trece minutos más tarde de las 13 horas, como si quisieran recalcar la fatalidad del fallo, los ministro de Justicia e Interior, Alberto Ruiz-Gallardón y Jorge Fernández Díaz, comparecieron ante la prensa para asumir lo que desde hace semanas se anunciaba: el fin de la 'doctrina Parot' que desde 2006 había permitido alargar el cumplimiento de la condena a decenas de terroristas y delincuentes peligrosos. Ambos de traje oscuro, camisa blanca y corbatas sobrias, los dos ministros coincidieron en "lamentar" el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo y reconocer que la medida afectará a decenas de terroristas con centenarias condenas por asesinatos. "Lamentablemente la sentencia ha sido desfavorable y no ha estimado el recurso de la abogacía del Estado" ha comenzado el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. "El Gobierno ha utilizado todos los recursos para que la decisión que se cuestionaba fuese mantenida" ha continuado, pero finalmente no ha sido así y el TEDH ha considerado que la aplicación de la 'doctrina Parot' no es conforme a Derecho.

El ministro de Justicia ha rechazado que el Gobierno se haya planteado declararse insumiso a la sentencia de Estrasburgo, como le han pedido varias asociaciones de víctimas

Eso sí, los dos ministros recalcaron en varias ocasiones que la salida de los presos afectados por la decisión del TEDH no está ya en manos del Gobierno, sino de los tribunales de justicia, y, sobre todo, de la Audiencia Nacional, que fue la que impuso en su día las penas a la mayoría de los que ahora se pueden beneficiar de la decisión del órgano judicial internacional. De hecho, el Pleno de la Sala de lo Penal de este tribunal ha anunciado ya que se reunirá este martes a las 9:30 para decidir sobre la urgente excarcelación de la etarra Inés del Río Prada, autora del recurso y actualmente en la prisión coruñesa de Curtis. Todo apunta a que los jueces españoles cumplirán la resolución europea que, expresamente, pide a España "la puesta en libertad de la demandante en el plazo más breve posible".

En su intervención, Gallardón dejó claro que al Gobierno no le queda más remedio que acatar el fallo del TEDH y descartó que, como se había pedido desde las asociaciones de víctimas, el Ejecutivo se hubiera planteado declararse insumiso a la misma como en otras ocasiones han hecho otros Estados con decisiones contrarias. No obstante, el titular de Justicia aprovechó la ocasión para presumir de que con su reforma del Código Penal que ahora tramita el Congreso de los diputados, la situación vivida ahora "será un tema del pasado, no volverá a ocurrir". En este sentido, insistió en que de la decisión de Estrasburgo sólo se beneficiarán aquellos etarras juzgados con la legislación previa a 1995, que es la que eliminó las reducciones de condena por trabajo que contemplaba el Código Penal de 1973, y que fijó el cumplimiento íntegro de la condena para los terroristas. Para Gallardón, "jurídicamente el hecho de que esto ocurra nos duele y de una forma muy intensa". "Somos solidarios con el dolor de las víctimas que tienen que estar sintiendo en este momento" ha aseverado, para rematar diciendo que esta sentencia "no es una decisión gubernativa, sino una decisión judicial".

Sobre el número de presos que podrían verse afectados por el fin de la 'doctrina Parot', tanto él como Fernández Díaz se negaron a concretar su número, y se limitaron a insistir en que la Fiscalía estudiará cada caso para oponerse o no a la misma si así lo considera oportuno. El ministro del Interior tuvo, en primer lugar, "un recuerdo a las víctimas del terrorismo. Muy en particular a las víctimas de la etarra a la que afecta la sentencia del TEDH". En aquel atentado, según ha recordado el ministro del Interior, "fallecieron 12 guardias civiles en la plaza de República Dominicana". Para que eso no vuelva a ocurrir, ha añadido, "a partir de ahora los tribunales de justicia (y en particular la Audiencia Nacional) determinarán cómo se aplica esta sentencia".

El ministro del Interior avisa que estará "especialmente vigilante" con los posibles actos de enaltecimiento del terrorismo que puedan producrise en los 'ongi etorri¡ a los presos etarras salgan en libertad

Fernández Díaz insistió en su mensaje en que la sentencia no cambia la decisión del Gobierno de no sentarse a negociar con ETA y alabó los beneficios de la medida judicial ahora derogada por el TEDH: "Ha sido extraordinariamente útil en la lucha contra el terrorismo". Fernández Díaz quiso también lanzar un mensaje a la izquierda abertzale al anunciar que la Policía y la Guardia Civil estarán "de una manera muy especial" vigilantes para que en las futuras excarcelaciones de terroristas, que suelen ser acompañados de los tradicionales 'ongi etorri' (actos de bienvenida a sus localidades), no se cometan delitos de enaltecimiento del terrorismo o de humillación de las víctimas. En este sentido, el ministro sacó pecho de la reciente operación policial contra Herrira, la organización de apoyo a los presos de más reciente creación. De hecho, Fernández Díaz insistió en que "el Gobierno no altera su compromiso de seguir trabajando hasta la total disolución de la banda". El titular de Interior también quiso dejar constancia de su "cercanía" a las víctimas, con dos de cuyas asociaciones se reunirá este jueves.

A preguntas de los periodistas, Gallardón evitó confirmar si tras el varapalo de este lunes el Gobierno dejará de presentar recursos a las futuras sentencias que Estrasburgo pueda dictar en los próximos meses ante peticiones similares a la que ha provocado el fallo de otros terroristas. Tampoco quiso concretar si en su opinión la medida de vigilancia tras cumplir sus penas que contempla la reforma del Código Penal ahora en trámite parlamentario sería aplicable a los presos que sean puestos en libertad tras el fin de la 'doctrina Parot'. En este caso, como en el de las excarcelaciones, puso la pelota en el tejado de la Justicia. De hecho, insistió en que el fallo sólo afecta "a un caso concreto", el de Inés del Río, y que la decisión de Estrasburgo no se convierte de ningún modo en una "doctrina generalizada".

"ETA ha sido derrotada"

Gallardón también quiso dejar claro que la indemnización de 30.000 euros más 1.500 euros de costas, será abonada por el Gobierno, pero matizó que pese a ello la etarra no verá ni un solo euro; ya que ésta en su día no hizo frente a las millonarias indemnizaciones civiles a las que fue condenada. El titular de Justicia recalcó que dichas responsabilidades económicas no habían prescrito y que, por tanto, Inés del Río "no recibirá ninguna cantidad en efectivo". En esta misma línea de presumir de firmeza, su compañero en el gabinete hizo especial énfasis en que pese a la derrota se había conseguido un pequeño triunfo al retrasar unos meses la salida de prisión de la terrorista gracias al recurso que ahora ha sido rechazado. "Si no hubiéramos recurrido, esa etarra estaría ya en libertad", resaltó. Jorge Fernández Díaz recalcó además que "el Gobierno considera la 'doctrina Parot' justa con las víctimas y en la lucha contra el terrorismo" y que, en todo caso, la sentencia que la ha derogado "no cambia el estado fundamental de la cuestión: ETA no ha cesado en sus acciones terroristas por inspiración a la paz sino porque ha sido derrotada por el Estado de Derecho".

Gallardón ha insistido en que el fallo sólo afecta a la etarra que presentó y que no representa una "doctrina generalizada" a aplicar por los tribunales españoles 

Sobre la posible influencia del fallo en el proceso de paz, ambos ministros la negaron. Gallardón insistió en que el fallo del TEDH es "sólo una interpretación jurídica" en el que los 17 magistrados no han entrado a valorar las circunstancias políticas de España desde hace dos años, tras el anuncio del final de la violencia por parte de ETA. Por su parte, Fernández Diaz también descartó que el fallo vaya a suponer un cambio en la política penitenciaria, como le reclaman desde los partidos vascos. Para el titular de Interior es especialmente significativo que los aproximadamente 60 terroristas que pueden verse beneficiados por la decisión de Estrasburgo no se han arrepentido de sus delitos. De hecho, sólo uno está dentro de los reclusos acogidos a la llamada 'vía Nanclares' que el Gobierno cortó cuando llegó al poder.