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El 'caso Nóos' destapa la relación de Urdangarin con el jurista cuyo informe exculpó a los Albertos

El duque de Palma y el juez Aguallo, entonces letrado del Constitucional, coincidieron en 2008 en un comité de gestión de la empresa Pernod Ricard. Los correos aportados por el ex socio de Urdangarin, Diego Torres, desvelan encuentros entre ambos en la misma epoca en la que debía resolverse el recurso presentado por los empresarios amigos del rey Juan Carlos.

Alberto Cortina y Alberto Alcocer en una imagen de archivo
Alberto Cortina y Alberto Alcocer en una imagen de archivo Agencias

Diego Torres está quemando su último cartucho antes del juicio que le sentará en el banquillo de los acusados. En su último capítulo de correos aportados al juez ha pretendido demostrar que el magistrado Ángel Aguallo Avilés, letrado del Tribunal Constitucional en 2008, fue el autor del informe que sirvió de borrador a la sentencia que exculpó a los empresarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer de una pena de tres años y cuatro meses de prisión, una condena impuesta por el Tribunal Supremo. 

La intención de Torres, según publica El País, es demostrar las numerosas reuniones que hubo entre los miembros del instituto Nóos y la empresa Pernod Ricard España, en la que tanto el duque de Palma como el magistrado formaban parte de su comité de gestión. En aquella época, mientras trabajaba para la multinacional, Aguallo, experto en fiscalidad, escribía el borrador de la sentencia para que Pascual Sala, el ponente, hiciera su exposición.

En uno de los emails, de febrero de 2008, la secretaria de Urdangarin, Julita Cuquerella, pregunta a Aguallo: "¿Sería tan amable de comunicarme el lugar de la reunión-almuerzo, con D. Iñaki y con el Sr. Torres del próximo día 25 de 13:30 a 16:00?", a lo que el magistrado le responde en otro correo: "Creo que va a ser en la propia sede de Pernod Ricard".

Los hechos se remontan a 1987, cuando Los Albertos engañaron a sus socios con la venta de los terrenos donde después se construyeron las Torres KIO. A los socios minoritarios de Urbanor se les ofreció una suscripción preferente a un precio de 150.000 pesetas el metro cuadrado, aunque previamente se había pactado con los vendedores un precio de 231.000 pesetas. El 25 de enero de 2001 la Audiencia Provincial de Madrid confirma la estafa pero considera prescrito el delito

Sin embargo, en 2003 se presenta, un día antes de que acabe el plazo legal para la prescripción, una querella por falsedad y estafa contra Los Albertos. Aunque la Audiencia provincial resuelve, afectados y Fiscalía recurren, y el Supremo falla a su favor y restituye la doctrina vigente hasta ese momento: una querella interrumpe los plazos de prescripción del delito. Los empresarios son condenados en marzo de 2003, pero piden el indulto y amparo al Constitucional. 

Encuentros consecutivos

Según el diario, el mismo día de la sentencia y el día posterior -20 y 21 de febrero de 2008- se produjo una comida-reunión entre Torres, Urdangarin, Aguallo, el fiscalista Francisco Ortiz -también miembro del comité de Pernod- y el presidente de la multinacional en España, Philippe Coutin. Días más tarde, el 25 de febrero, Aguallo habría mostrado su euforia por la sentencia, comentando que iba a celebrar con "el señor", en referencia al rey Juan Carlos, quien le habría invitado a cenar. 

Apenas 15 días después, el 12 de marzo de 2008, Aguallo es nombrado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial para ser letrado de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, un nombramiento precipitado a última hora que saca a relucir los lazos del juez con el rey. 

El terremoto que supuso en las instituciones la sentencia exculpatoria de Los Albertos motivó que se reformara el Código Penal en 2010, imponiendo que una querella o denuncia sí que interrumpen el plazo de prescripción, lo que era una voluntad del Supremo, pero a la vez dándole al juez seis meses de plazo para resolver si la admite a trámite o la rechaza. 

Después de estos antecedentes el CGPJ ha solicitado informes por los vínculos del juez con la empresa Pernod Ricard, que habrían sido incompatibles con su ejercicio profesional. Los juristas consultados por el diario habrían afirmado que ni con la doctrina vigente en 2001 ni con la reforma posterior, la Audiencia de Madrid podría haber absuelto por prescripción a Alcocer y a Cortina. 


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