Nacional

El Gobierno duda de la legalidad de la propuesta andaluza contra los desahucios

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, revela que el Ejecutivo de Mariano Rajoy va a estudiar la legalidad de la decisión de la Junta de expropiar viviendas de forma temporal para evitar desahucios en caso de riesgo de exclusión social. 

El Gobierno central estudiará la legalidad de la decisión de la Junta de Andalucía de expropiar a los bancos el uso de las viviendas hasta un máximo de tres años para evitar desahucios. Así lo ha indicado el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en declaraciones a la prensa tras la sesión de este miércoles en el Congreso, donde ha asegurado que la respuesta a este problema social ha de ser a nivel nacional.

Gallardón ha dejado claro que aún no se tiene todavía conocimiento oficial de la propuesta andaluza, que se dio a conocer en la tarde del martes, y que, por lo tanto, hasta que no esté "formalmente" aprobada y publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, "lógicamente" el Ejecutivo sólo podrá tener "una actitud de estudio" respecto a esta propuesta, que es lo que está haciendo ahora.

Analizar los hipotéticos efectos

"El Gobierno va a estudiar el encaje legal de esa medida y cuáles son sus hipotéticos efectos, y lo vamos a hacer con toda la seriedad que merece el asunto y desde la consideración que es importante", ha indicado el ministro.

El responsable del departamento de Justicia ha recordado que, en estos momentos, el Gobierno y todos los grupos parlamentarios están "dando respuesta" a un problema "que viene de antiguo" pero que ha agravado como consecuencia de la crisis económica y afecta a "muchos españoles". "No creemos que éste sea una problema cuya solución pueda ser sectorializada en sus respuestas por carácter territorial desde sólo aquellas comunidades que puedan o quieran abordarlo, sino que la respuesta debe ser para la totalidad de los ciudadanos españoles al margen de la autonomía en la que vivan", ha recalcado.

Preguntado por si el Gobierno se plantearía extender la propuesta de Andalucía en caso de que sea legal, Gallardón ha contestado que el Congreso está tramitando una respuesta "de carácter nacional, que afecte a todos", pero sin precisar de qué tipo. "Todos los españoles deben tener los mismos derechos y, por tanto, la respuesta que se dé a un problema que es nacional tiene que ser nacional", ha concluido.


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