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PSOE y PP pactan tramitar de urgencia la iniciativa popular de desahucios junto con el proyecto del Gobierno

La iniciativa legislativa popular (ILP) sobre dación en pago que este martes fue admitida a trámite con la unanimidad del Pleno del Congreso se tramitará de forma urgente en la Comisión de Economía y de manera conjunta con el proyecto de ley Antidesahucios. De esta manera, se reducirán a la mitad los plazos habituales.

PSOE y PP pactan tramitar de urgencia la iniciativa popular de desahucios junto con el proyecto del Gobierno
PSOE y PP pactan tramitar de urgencia la iniciativa popular de desahucios junto con el proyecto del Gobierno

Los grupos parlamentarios del PSOE y el PP han acordado solicitar la tramitación por la vía de urgencia de la iniciativa legislativa popular (ILP) sobre la dación en pago y paralización de desahucios admitida ayer martes a trámite por el Pleno del Congreso, informaron fuentes del grupo socialista.

La tramitación urgente de la ILP, que se denominará Proyecto de ley de regulación de la dación en pago, paralización de los desahucios y de alquiler social, supone reducir a la mitad los plazos habituales.

Fuentes parlamentarias han explicado a Europa Press que los detalles de este acuerdo entre los grupos se fijarán en la Mesa del Congreso cuando se analice un informe de los servicios jurídicos sobre cómo abordar esta tramitación conjunta. Las posibilidades que se manejan pasan por fusionar el texto de la iniciativa con el del proyecto de ley y, posteriormente, abrir un nuevo pero "breve" periodo para presentar enmiendas parciales; o realizar todo el procedimiento por separado y, al final, conjugar ambos textos.

Mientras se dirime esta cuestión "jurídica, que no política", se ha decidido suspender la reunión de la Ponencia del proyecto de ley del Gobierno, que estaba prevista para este jueves, aunque el Grupo Popular no quiere que la tramitación del proyecto se demore para que las medidas que recoge puedan entrar en vigor cuanto antes.

El Congreso admitió ayer a trámite la ILP presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y respaldada por la firma de casi un millón y medio de ciudadanos. El PP, pese a su oposición inicial, finalmente terminó cediendo a la presión pública y aceptó tenerla en cuenta. 


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