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El PP y el PSOE se 'pulen' 7 millones en reformar y contrarreformar un edificio

Vergonzoso derroche en lo peor de la crisis. El Gobierno popular gastó un millón de euros el año pasado para revertir la reforma de un edificio del Ministerio de Ciencia e Innovación que el departamento de Cristina Garmendia hizo a sabiendas de que el contrato de alquiler estipulaba que debía devolverse tal y como se encontró.

Cristina Garmendia, responsable de Ciencia e Innovación cuando se hizo la reforma que no debía haberse hecho
Cristina Garmendia, responsable de Ciencia e Innovación cuando se hizo la reforma que no debía haberse hecho efe

El Gobierno del PP gastó un millón de euros en el año 2012 para revertir la reforma en un edificio ocupado por el extinto Ministerio de Ciencia e Innovación que había costado 5,5 millones de euros en 2008, y que el anterior Ejecutivo, del PSOE, pagó a pesar de que en el contrato de alquiler ya se estipulaba que las instalaciones deberían ser devueltas en el mismo estado en que se encontraron, informa EP.

Así lo ha desvelado el Tribunal de Cuentas en el Informe de Fiscalización de la utilización de la encomienda de gestión entre los años 2008 y 2012, a cuyo contenido ha tenido acceso Europa Press. El organismo que preside Ramón Álvarez de Miranda explica en su documento que el 13 de noviembre de 2008 el Ministerio de Ciencia alquiló las dos últimas plantas del edificio Merrimack II, en la calle Ramírez de Arellano número 29 de Madrid por un periodo de cinco años --obligatorios hasta el 31 de diciembre de 2012 y ampliable por dos ejercicios más, pudiendo resolverse el contrato anticipadamente con un preaviso de nueve meses-- por una renta anual de 2,14 millones de euros anuales, revisables según el IPC.

Más de 7 millones en las obras

En esos locales, el Ministerio de Ciencia que dirigía Cristina Garmendia encarga a la empresa pública Tragsa tres encomiendas de gestión entre diciembre de 2008 y julio de 2009 por casi 5,5 millones de euros para realizar la reforma de las instalaciones, incluyendo la obra civil, la arquitectura interior, y el suministro, montaje e instalación de sueltos técnicos, mamparas, mobiliario y equipamiento.

En el contrato que firmó Ciencia e Innovación se especificaba que a los 5 años de máximo deberían dejarse las instalaciones en el mismo estado en que se recibieron

Y ello a pesar de que el compromiso de alquiler se prolongaba durante tres años como mínimo y cinco años como máximo, y de que en el contrato ya se estipulaba que se deberían dejar las instalaciones en el mismo estado en que se recibieron. De este modo, cuando el Gobierno del PP decide resolver el alquiler en 2012, debe encargar de nuevo a Tragsa que desmonte las obras. Para ello, vuelve a recurrir a la vía de la encomienda de gestión con dos autorizaciones, de junio de 2012: una del Ministerio de Educación por valor de 359.907 euros, y otra del Ministerio de Economía por un monto de 648.341 euros, los dos departamentos que asumieron las funciones del extinto Ministerio de Ciencia.

En total, más de un millón de euros que, sumados a los 5,5 millones de euros de las obras iniciales, supone un gasto para las arcas públicas de más de siete millones de euros -sin contar el coste del alquiler- en "instalar y desinstalar unas oficinas administrativas que se han usado durante tres años y medio", lamenta el Tribunal de Cuentas.

"La gestión de la puesta en marcha de las instalaciones administrativas del Ministerio de Ciencia revela una imprevisión altamente costosa para las arcas públicas, teniendo en cuenta que realizar obras por valor de casi cinco millones y medio de euros en un edificio alquilado que debe ser devuelto en las mismas condiciones en que se encontró supone no sólo una inversión ineficiente, sino originadora de más gastos para su restitución al estado original", critica el organismo.    

Pago de indemnización

De hecho, junto a estos gastos también se menciona el coste del propio alquiler, que no se limita únicamente a los 2,14 millones de euros anuales revisables, tal y como señala el informe del Tribunal de Cuentas.

En total, el Tribunal de Cuentas lamenta que la misma empresa pública Tragsa tuviera que "instalar y desinstalar unas oficinas que se han usado 3,5 años"

Y es que apenas un año después de firmar el contrato de alquiler el Ministerio de Ciencia pactó, el 30 de diciembre de 2009, una primera modificación, incluyendo como parte arrendataria al Ministerio de Educación y al Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos, un departamento que gestiona la participación española en el Programa de Aprendizaje Permanente de la UE, responsable por tanto de las acciones descentralizadas de los programas de formación Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci y Grundtvig. Esa adenda conllevó ampliar a cinco años la obligación de mantener la vigencia del contrato de arrendamiento.

El 1 de mayo de 2011 se firmó una segunda modificación del contrato de arrendamiento para que el Ministerio de Ciencia pudiera ocupar espacios adscritos al Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos, y el 29 de mayo de 2012 -ya con el PP en La Moncloa- se acuerda un nuevo cambio sobre el método de cálculo de la indemnización por resolución anticipada del contrato, dado que se había decidido extinguir el Ministerio de Ciencia.

Tras conseguir esta "rebaja" en la cantidad a pagar, el Consejo de Ministros acuerda el 22 de junio de 2012 resolver el alquiler y pagar al arrendador 603.643 euros de indemnización. "Puede apreciarse por tanto que la primera adenda al contrato, prolongando la obligatoriedad del mismo, no sólo era innecesaria ya que restaba libertad al arrendatario para decidir sobre sus necesidades, sino que además fue costosa para la Administración", lamenta el Tribunal de Cuentas.


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