Nacional

Becerril pide una moratoria en la cotizaciones sociales a las empresas acreedoras de la Administración

Pide aplazamientos libres de recargos e intereses de demora, además de otros más prolongados en el caso de que esté comprometida la viabilidad de la compañía por la morosidad de las instituciones. Reclama además, priorizar las políticas sociales.

Soledad Becerril intenta paliar la situación de aquellas empresas, prestadoras de servicios sociales, que sean acreedoras de la Administración. Aunque es cierto que el sistema de pago a proveedores puesto en marcha por el Ministerio de Hacienda ha servido para hacer aflorar las facturas que los ayuntamientos y Comunidades Autónomas tenían en el cajón, no son pocas las compañías que tiene serias dificultades para seguir cobrando los servicios prestados. Así, la Defensora del Pueblo recomienda al Ministerio de empleo y de Seguridad Social que estas empresas puedan aplazar sus pagos por las cotizaciones sociales.

Reclama al Departamento de Fátima Báñez que articule fórmulas de aplazamiento en el pago de las cotizaciones a los prestatarios de servicios sociales afectados por la morosidad de las administraciones, y que este aplazamiento vaya libre de recargos y de intereses de demora. Además, cuando el nivel de morosidad sea tan elevado como para llegar a poner en peligro la viabilidad de la empresa, debe acordarse una moratoria de pago hasta que la administración deudora abone lo que debe. 

De asumir el Gobierno esta recomendación de la Defensora del Pueblo, vendría a unirse a la ya anunciada por el Ejecutivo de retrasar la liquidación trimestral del IVA hasta el cobro efectivo de las facturas, medida que no entrará en vigor hasta el año que viene. Otra reclamación de los autónomos y pymes ha sido la de compensar los impuestos con las deudas de la administración, de modo que queden exoneradas de abonar determinadas obligaciones fiscales a cambio de dar por saldada la deuda del ayuntamiento o Comunidad Autónoma.

Becerril reclama a las administraciones priorizar los gastos sociales "aunque ésto exija la reducción de otras partidas"

La Defensora del Pueblo se ha pronunciado sobre otras cuestiones como las preferentes, las cláusulas suelo, los desahucios o la privatización de la gestión de la sanidad pública madrileña. También ha entrado en la necesidad de priorizar los gastos sociales cuando comienzan a llegar noticias alarmantes de pobreza y desnutrición infantil. Ya en marzo reclamó, en este caso al Ministerio de Hacienda y de Administraciones Públicas, que el Fondo de Liquidez Autonómica tuviera una parte finalista  para atender a los gastos sociales. "En la actual situación de crisis --afirmó ayer la institución en una nota pública-- las administraciones están obligadas a evaluar con el máximo rigor su política presupuestaria y a dar prioridad a los gastos sociales aunque esto exija la reducción de otras partidas".

Además, ha abierto de oficio una investigación sobre el impacto de la crisis en los niños y en su alimentación tras las noticias alarmantes llegadas de distintas comunidades como Cataluña, Andalucía, Valencia o Canarias, que han puesto en marcha planes de comedores escolares durante todo el verano.


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