En 2011, el Plan Nacional sobre Drogas achatarró 250 coches y 58 embarcaciones, entre otros objetos

El 44% de bienes incautados a narcos acaba en la basura por la lentitud de la Justicia

El delegado del Gobierno vuelve a pedir agilizar los trámites para que el Estado pueda venderlos antes de que pierdan su valor o destruirlos si su almacenaje y custodia ocasionan elevados gastos. La ley de protección de datos impide, por ejemplo, reutilizar o subastar los equipos informáticos y teléfonos móviles intervenidos a los traficantes.

Vehículos incautados en una reciente operación policial.
Vehículos incautados en una reciente operación policial. POLICÍA

Del garaje del narco al vertedero. La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas tuvo que destruir un 44% de los 2.134 bienes incautados a traficantes de droga que gestionó en 2011. Entre los objetos achatarrados había 250 vehículos y 58 embarcaciones, así como un elevado número de teléfonos móviles y equipos informáticos, según se recoge en el informe anual enviado a Congreso y Senado por este órgano dependiente del Ministerio de Sanidad y al que tuvo acceso Vozpópuli. En dicho documento, el delegado del plan, Francisco Babín, incide en "la necesidad de agilizar" los procedimientos de venta para poder venderlos antes de que pierdan todo su valor o, en su defecto, proceder a su destrucción lo antes posibles "para reducir los costes de depósito".

El informe destaca que el año pasado 'desaparecieron' de los juzgados 325 bienes intervenidos a traficantes

La petición de 'acelerar' la subasta de los mismos no es, sin embargo, nueva. De hecho, en algunos casos los juzgados que instruyen los sumarios contra narcos permiten al Fondo de Bienes Decomisados que  venda o destruyan los objetos intervenidos a los presuntos traficantes antes de que haya sentencia firme contra éstos. "Si finalmente es absuelto y el objeto se ha subastado, se le entrega a él el dinero conseguido con la venta", recalcan desde la Delegación. No obstante, esta medida no está, ni mucho menos, generalizada ya que la decisión final de hacerlo queda en manos de los magistrados. Por ello, el informe recalca la necesidad de reformar la ley que rige del Fondo para generalizar la subasta o destrucción de los mismos antes de que la Justicia haya dicho su última palabra. Los datos le dan la razón.

Así, sobre los vehículos intervenidos, el informe detalla que el año pasado se decomisaron un total de 1.013, la mayoría de los cuales, en concreto 576, fueron subastados o entregados a nuevos propietarios por adjudicación interna. Otros 98, valorados en más de 617.000 euros, fueron entregados a diferentes unidades de las Fuerzas de Seguridad del Estado para uso en la lucha contra el crimen. Sin embargo, los 250 restantes tuvieron que ser destruidos por el deterioro que presentan tras pasar demasiado tiempo en un depósito, porque ya carecían de valor en el mercado, porque los gastos de almacenaje y custodia eran más elevados que su precio real o, simplemente, porque nadie los quiso adquirir cuando fueron subastados. Hay además un grupo de vehículos que el Fondo considera sin salida en el mercado nacional: los que tienen el volante a la derecha o camiones que carecen de licencia para el transporte. Todo ellos acabaron siendo destruidos.

El riesgo de vender lanchas de alta velocidad

Algo similar ocurrió con las embarcaciones, de las que el Plan Nacional sobre Drogas destaca su elevado coste "de custodia, conservación y tasación". En 2011, el Estado "dio destino" a 147 embarcaciones, pero tuvo que abandonar 58 más. En este sentido, el informe destaca los problemas que ocasione la venta de las embarcaciones semirrígidas de alta velocidad que normalmente utilizan los narcos para introducir por mar los grandes alijos de droga. El Servicio de Aduanas recomendó que no fueran subastadas "al ser susceptibles de ser empleadas nuevamente para el ejercicio de actividades ilícitas". Al final, el Fondo de Bienes Decomisados ha conseguido vender 32 de ellas en el extranjero, en concreto, en Suecia.

Más problemas ocasionan los equipos electrónicos que se intervinene, sobre todo los teléfonos móviles y equipos informáticos. De hecho, 615 lotes compuesto por estos objetos tuvieron que ser destruidos el año pasado ya que es imposible su venta. En este caso, además de la pérdida de valor que supone que su enajenación no se pueda producir hasta que hay sentencia firme contra los narcos que eran sus propietarios, surge un nuevo impedimento: la ley de protección de datos. El informe destaca que venderlos a terceros supone "vulnerar" dicha normativa, ya que los que los adquieran podrían acceder a información personal de sus antiguos propietarios. Ahora se destruyen, pero ayer el delegado del Plan Nacional sobre Drogas propuso en el Senado un destino alternativo: su entrega a empresas de reciclaje para obtener de ellos los componentes más valorados.

Joyas, pisos y dinero

Según el documento, los únicos objetos que no producen problemas para su venta son las joyas, los inmuebles y el dinero en efectivo. Las primeras fueron subastadas en su totalidad el año pasado repartidas en 39 lotes. De los 45 inmuebles que se enajenaron, en informe destaca que sólo hubo problemas para colocar un grupo de ellos situados en Mallorca, y que se ofrecieron a una ONG que, finalmente, rechazó quedarse con ellos "por no cubrir sus necesidades" para el tratamiento de personas con problemas de drogadicción. Respecto al dinero, el Tesoro Público recibió los 15.864.873,51 euros procedentes de incautaciones de dinero en efectivo, así como 79.370 euros más en concepto de intereses generados por los mismo. Una elevada cantidad que, sin embargo, es sensiblemente inferior a la recogida el año anterior, cuando se superaron los 30 millones de euros.

Llamativo es también el número de bienes decomisados que, según el informe, han desaparecido y de los que ni los juzgados ni el Fondo tienen noticia de su paradero. El año pasado fueron 325, un 64% más que en 2010. En el periodo 1996 a 2011, la cifra subre hasta los 2.222, cerca de un 10% del total de bienes decomisados. El informe reconoce que la mayoría de ellos han sido "incendiados, robados o destruidos" y que el Fondo se ha visto en la obligación de clasificarlos como bienes "no recepcionables".


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