GUERRA SOTERRADA EN INTERIOR

Los policías llevan su bronca con la Guardia Civil hasta La Moncloa: se chivan por carta a la 'vice'

Los cuatro sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía entregan a Sáenz de Santamaría una misiva en la que denuncian que el Instituto armado les está arrebatando competencias con el beneplácito de Fernández Díaz.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro del Interior, Jorge Fernández-Díaz.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro del Interior, Jorge Fernández-Díaz. EFE

La soterrada guerra que desde el inicio de la legislatura mantienen el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil a cuenta de las competencias de cada uno no sólo sigue subiendo de tono sino que, incluso, ha llegado al Palacio de La Moncloa. Y lo hizo el pasado lunes, sólo una hora después de que Mariano Rajoy anunciase la decisión del Rey de abdicar. Ese día, los cuatro sindicatos representantivos de los policías (SUP, CEP, UFP y SPP) entregaron en el registro del Ministerio de la Presidencia una carta de dos folios dirigida a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, en el que además de solicitarle una reunión para mostrarle su "profundo malestar" por la situación que están viviendo, acusan al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, de amparar al Instituto armado en lo que consideran una apropiación indebida de funciones.

Los sindicatos de Policía acusan a "los responsables políticos de Interior" de favorecer al Instituto armado con "criterios interesados, tendenciosos e ilegales"

La misiva, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, arranca cargando contra "la nula gestión política" de Fernández Díaz "y de algunos miembros del equipo político que dirigen los distintos órganos del Ministerio", en referencia al 'número 2' del departamento, Francisco Martínez, y el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, a los que nombra. A todos ellos los acusan de "un constante debilitamiento organizacional mediante el mantenimiento de situaciones no reguladas jurídicamente". Según los cuatro sindicatos, la Policía es "el único Cuerpo de Seguridad que carece de una ley de régimen de personal, que no tiene regulada la jornada laboral y que no cuenta con un desarrollo de carrera profesional objetiva". Para los representantes de los agentes, esta situación se ve agravada "aún más ante la falta de medios y de inversión en la seguridad de los policías, lo que hace que esta profesión, ya de por sí de alto riesgo, lo sea aún más". En este sentido, los firmantes de la carta añaden que "lo más grave es que no existe voluntad alguna por parte del Ministerio del Interior de solucionar estos asuntos".

No obstante, la principal queja de los sindicatos se dirige al conflicto de competencias que mantienen desde el principio de la legislatura con la Guardia Civil y que, aseguran, ha provocado un "profundo malestar" entre los policías. "La distribución competencial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es vulnerada sistemáticamente", afirman, y culpan de ello a "los responsables políticos de Interior" por distribuir las funciones entre el Cuerpo Nacional de Policía y el Instituto armado "conforme a criterios interesados, tendenciosos e ilegales que son trasladados al ministro por algunos de los asesores". Una situación que, en su opinión, "está produciendo una pronunciada deriva hacia la militarización de la seguridad pública" que, además, provoca "desasosiego [...] en buena parte de la sociedad española". Por todo ello, los sindicatos reclaman a la vicepresidenta "una reunión en la que podamos explicarle en profundidad los argumentos expuestos" , a ser posible "sin demora".

Islamistas y seguridad privada

La carta llega al Palacio de La Moncloa sólo unos días después de que se hayan producido dos momentos de tensión entre Policía y Guardia Civil. El último, el pasado viernes, durante la operación que permitió detener a seis presuntos yihadistasque reclutaban desde Melilla voluntarios para ir a la guerra de Siria. El equipo de Jorge Fernández Díaz forzó a ambos cuerpos a unificar las operaciones independientes que llevaban cada uno sobre la misma 'célula'. Al final, Interior presentó los arrestos como un nuevo éxito de la cooperación, pero fuentes conocedoras del desarrollo de la 'Operación Javer' destacan a este diario que las tensiones se terminaron traduciendo en que cada cuerpo presentó sus propias diligencias al titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, Fernando Andreu, que es el que dirigió la investigación.

En las últimas semanas, ambos cuerpos de seguridad han chocado en una operación contra el yihadismo y en el acto protocolario del Día de la Seguridad Privada

El segundo roce tuvo como escenario un reciente acto protocolario celebrado en Madrid con motivo del Día de la Seguridad Privada. La decisión del Ministerio del Interior de dar en el mismo un importante protagonismo a los representantes del Instituto armado provocó la airada reacción de los representantes sindicales de los policías, que interpretaron la decisión del Ministerio como una prueba más de que el gobierno del PP restringía "lenta e inexorablemente" su ámbito competencial. Las cuatro organizaciones representativas enviaron entonces al propio Fernández Díaz una carta criticando duramente el desarrollo del evento y anunciándole la misiva que ahora han hecho llegar a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

No obstante, el primer hito de este ambiente de enfrentamiento durante el Gobierno de Mariano Rajoy se había producido mucho antes. En concreto, en septiembre de 2012. El entonces secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, firmó en esa fecha una instrucción interna por la cual autorizaba a los agentes de la Guardia Civil a mantener contactos directos con la Oficina Europea de Policía (Europol), un organismo de colaboración policial con sede en La Haya (Holanda) al que, hasta entonces, sólo había tenido acceso el Cuerpo Nacional de Policía. Aquella decisión provocó un fuerte malestar en los agentes de esta última institución, sobre todo porque Ulloa incluyó en la instrucción una seria advertencia a este cuerpo si no acataba su decisión o la retrasaba sin motivo justificado. Los sindicatos policiales anunciaron la presentación de denuncias en los juzgados para obligar a Interior a dar marcha atrás, pero año y medio después la Guardia Civil no sólo mantiene un enlace en Europol sino que ha aumentado el número de sus representantes en este organismo europeo.

La bomba del consulado

Meses después, en febrero de 2013, agentes de ambos cuerpos tuvieron un agrio enfrentamiento sobre a quién le correspondía actuar ante un paquete sospechoso hallado en la sede del Consulado de Francia en Madrid. El suceso se produjo cuando los guardias civiles que se encargaban de la seguridad del edificio impidieron a los técnicos en desactivación de explosivos (Tedax) de la Policía acceder al edificio alegando que la competencia del caso correspondía al Instituto armado. La bronca subió de tono cuando, tras recoger finalmente el paquete sospechoso los agentes de la Policía, un oficial de la Guardia Civil les obligó a entregárselo. Finalmente, fue la Benemérita quien se encargó de analizar el objeto que resultó finalmente inofensivo. El incidente obligó aquel día a intervenir a altos cargos de Interior para calmar los ánimos y poner orden. Ambos cuerpos remitieron sendos escritos al titular del departamento pidiéndole que fuera él quien determinase a qué Cuerpo le correspondía actuar en este tipo de casos.

Los sindicatos acusan a Fernández Díaz de "una pronunciada deriva" que está provocando "la militarización de la seguridad pública"

En diciembre del año pasado volvieron a sonar los tambores de guerra. La firma de un acuerdo de cooperación entre la Guardia Civil y un cuerpo policial de Colombia provocó un enorme enfado en el seno del Cuerpo Nacional de Policía, donde se consideraba que con este convenio se invadía de nuevo un ámbito de su competencia. En este caso, las relaciones internacionales con las fuerzas de seguridad de otros países. El malestar fue aún mayor porque no se tuvo noticia del mismo hasta que el Ministerio colgó en su página web una nota para informar a la prensa. Desde diferentes ámbitos de la Policía se calificó entonces este episodio como el ejemplo más claro de la supuesta política de Jorge Fernández Díaz por favorecer al Instituto armado.

Incluso el crimen de los niños de Córdoba provocó roces entre ambos cuerpos. Entonces, una asociación de guardias civiles lanzó un comunicado en el que vertía duras críticas contra el CNP por el error en la identificación de los huesos hallados durante la investigación. El escrito provocó una lluvia de comunicados de las organizaciones sindicales de la Policía en los que éstas aireaban los fallos que anteriormente habían tenido como protagonistas a guardias civiles. En uno de estos comunicados, se llegaba a afirmar que la crítica por el caso de los niños de Córdoba escondía, de hecho, "un desesperado intento [de la Guardia Civil] de dejar sin efecto por la vía de los hechos la Ley Orgánica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de paso invadir, con cierto aire de legitimidad, competencias que la Ley atribuye en exclusiva al Cuerpo Nacional de Policía". Esa guerra continúa, ahora con el Palacio de La Moncloa como campo de batalla.


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