El Gobierno de Patxi López lleva la ampliación de horarios al Constitucional

Los funcionarios vascos trabajarán menos horas que los del resto de España

Sopla viento electoral en el País Vasco y la decisión de Hacienda de acabar con los agravios entre funcionarios de las tres administraciones ha chocado con la voluntad del Gobierno vasco de rechazar la ampliación de horarios en dos horas y media más a la semana.

El lendakari Patxi López
El lendakari Patxi López EFE

El Ejecutivo de Patxi López se escuda en que recurrirá al Tribunal Constitucional la ley básica impuesta desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a través de los Presupuestos para extender a 2,5 millones de empleados públicos la obligación de trabajar 10 horas más al mes. En el País Vasco ya se ha iniciado la cuenta atrás de las elecciones y los socialistas quieren congraciarse con los empleados públicos en esta comunidad en un momento en que las encuestas les dan como perdedores.

El recurso de inconstitucionalidad hará constar que la jornada laboral es algo que compete a cada administración y, por tanto, se invaden competencias autonómicas. La norma que obliga a los 2,5 millones de empleados públicos existentes en España a ampliar su horario laboral en dos horas y media más a la semana va incorporada a los Presupuestos que todavía se tramitan en el Senado.

La extensión de la jornada laboral afecta en toda España a 2.5 millones de empleados públicos en las tres administraciones

Una vez se apruebe el proyecto de ley, la intención del Gobierno vasco es ganar tiempo negociando de forma bilateral con Hacienda mientras prepara el recurso de inconstitucionalidad. Si su plan surte efecto, los funcionarios vascos serán los únicos que, al menos este año, no se verán perjudicados por la ampliación de jornada.

La tesis de Hacienda es que la extensión del horario laboral debe afectar no solo a los ministerios, sino también a los ayuntamientos y comunidades autónomas ya que se incorpora a una ley básica y, por tanto, es de obligado cumplimiento por parte de todos los empleados públicos.

En un principio, los 1.736.000 funcionarios y contratados laborales que trabajan en las 17 comunidades autónomas y los 806.000 que lo hacen en los 8.116 ayuntamientos se las prometían muy felices porque la ampliación de la jornada aprobada por el Gobierno en diciembre para los funcionarios estatales -2,5 horas más a la semana- les dejaba en el limbo. Para no crear agravios comparativos y tratar por igual a todos, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, incorporó a los Presupuestos la ampliación de la jornada a las tres administraciones.

Junto a esta medida, el Gobierno también ha dejado este año en cero la cobertura de vacantes en la administración pública, salvo en la enseñanza, la sanidad, el Ejército y las fuerzas de seguridad. También ha congelado el sueldo de todos los empleados públicos, decisión que se suma a la que Zapatero tomó en 2010 cuando rebajó un 5% el salario en la administración como consecuencia de los ajustes que le impusieron en Bruselas.

El desafío del Gobierno vasco al Gabinete de Mariano Rajoy como consecuencia de la proximidad electoral, va más allá pues ya ha anunciado que mirará para otro lado a la hora de aplicar los ajustes que obligan a ampliar el número de alumnos por clase y a limitar la atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles


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