Nacional

Montoro quiere imponer a las comunidades unos costes estándar para la prestación de servicios

Hacienda estudia incorporar este criterio en el nuevo sistema de financiación autonómica para evitar que los servicios sociales tengan costos dispares en función de la comunidad. Se trataría de aplicar un modelo similar al que se impondrá a los ayuntamientos si no quieren ser intervenidos. La FEMP vaticina un choque frontal con las comunidades por la eliminación de las competencias impropias.

El Ministerio de Cristóbal Montoro estudia incorporar en el nuevo modelo de financiación autonómica, que debería comenzar a negociar en el segundo semestre del año, el criterio de coste estándar, de forma que los gobiernos regionales no puedan superar determinados gastos en la prestación de sus servicios públicos, al igual que se va a hacer con los ayuntamientos. Se trataría de revolucionar el actual modelo puesto que incorporaría criterios de control finalista sobre los gastos de las comunidades en capítulos tan importantes como la sanidad, la educación o las políticas sociales, que son las que se llevan la parte del león del presupuesto autonómico.

Ya no se trata tanto de incrementar la participación de las comunidades en la "cesta" de los ingresos del Estado (PIE) o darles un nuevo paquete de impuestos propios, dado que la filosofía de la austeridad y de la Ley de Estabilidad Presupuestaria viene a ser, de forma resumida, hacer lo mismo con menos. Por ello, en lugar de meter mano en el capítulo de los ingresos, Montoro prefiere hacerlo en el de los gastos, lo que, de seguro, le servirá para cosechar apoyos incondicionales de unas comunidades muy celosas con sus competencias.

"Si la prestación de un determinado servicio le sale muy caro a una autonomía en relación con otra, quizá lo que tenga que hacer es cambiar la manera de gestionarlo", dicen desde el departamento que dirige Montoro como ministro y Antonio Beteta como secretario de Estado de Administraciones Públicas. Y eso incluye tanto una operación de cataratas como los gastos en libros en la educación pública que, Andalucía, por ejemplo, ofrece gratis a las familias, a la armonización en la financiación de la dependencia. Montoro y Beteta han conseguido levantar en armas a los alcaldes, muy críticos con algunas cuestiones de la reforma local, cosa que se puso de manifiesto ayer durante una reunión de ambos en Génova con el vicesecretario popular de Política Local y autonómica, Javier Arenas; el presidente de la FEMP, Íñigo de la Serna, así como los responsables de las distintas federaciones de municipios y provincias del resto de España. Lo cierto es que Montoro no está haciendo muchos amigos desde su Ministerio, pero tienen claro que "es muy dificil contentar a nadie cuando estás pidiendo que recorten gastos y cumplan con el déficit".

Hacienda avisa que "resulta muy sencillo saber lo que les cuesta cada servicio. Se trata de que sean más eficientes"

El Instituto de Estudios Fiscales trabaja desde principios de año en un decreto que determinará el coste estándar de la prestación de servicios municipales atendiendo a criterios como la población, la dispersión o el envejecimiento. Se trataría de trasladar el modelo a las comunidades, aunque en este caso hay un choque competencial claro. Sin embargo, desde el momento en que Hacienda fiscaliza mes a mes el gasto autonómico en aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y tiene de hecho, intervenidas a aquellas comunidades que han acudido al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) "resulta muy sencillo saber lo que les cuesta cada servicio. Se trata de que sean más eficientes", aducen desde Hacienda en declaraciones a Vozpópuli.

De momento, las comunidades de Andalucía y Castilla y León, gobernadas respectivamente por el PSOE y el PP, han pedido una convocatoria de la Conferencia Sectorial para Asuntos Locales, que no se reúne desde el año 2007. Quieren saber en qué medida se ven afectados por la reforma local, puesto que tendrán que volver a hacerse cargo del coste de aquellas competencias que, aún correspondiéndoles, asumían los ayuntamientos. La nueva Ley de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local deja claro el ámbito competencial de cada uno de los niveles administrativos, aunque prosigue la batalla por el hecho de que los entes locales tendrán que seguir encargándose de los gastos de mantenimiento, conservación, limpieza o vigilancia de los colegios. De hecho, la FEMP vaticina un choque frontal con las comunidades.


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