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España

Los ayuntamientos pedirán el lunes al Ministerio de Hacienda que flexibilice la aplicación de la Ley de Estabilidad

La Federación de Municipios y Provincias (FEMP) pretende arrancar de Hacienda el compromiso de cierta flexibilización en la aplicación de la Ley de Estabilidad de modo que los ayuntamientos que tengan superávit presupuestario, que los hay, no tengan que emplear obligatoriamente esos excedentes en amortizar deuda. No es previsible que dadas las vueltas de tuerca que ha dado el Gobierno con el último ajuste, Cristóbal Montoro se avenga a rebajar la presión que ejerce contra todo y contra todos. La petición ha venido incluso de ayuntamientos gobernados por el PP, y el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha llegado a admitir que la Ley es muy estricta, tanto, que reclama para los entes locales déficit cero a partir del año que viene.

El caso es que en medio de la peor crisis económica hay ayuntamientos con sus cuentas saneadas, muchos de los cuales no han tenido siquiera que acudir al fondo del pago a proveedores. Es el caso de Barcelona; las tres capitales vascas, esto es, Vitoria, Bilbao y San Sebastián;  las gallegas Orense, Lugo y Pontevedra; Logroño, Pamplona, Málaga, Huesca, Segovia o Valladolid, entre otros. Pero la Ley de Estabilidad, aprobada el pasado 12 de abril, exige de todos los municipios que dediquen sus excedentes presupuestarios a amortizar deuda. 

El ya ex presidente de la FEMP Juan Antonio Zoido, trasladó esta queja a Hacienda, y no han sido pocos los alcaldes del PP que le han hecho llegar a Beteta directamente su deseo de poder dedicar el superávit a otros fines que consideran también prioritarios. La Federación cree que esta excepcionalidad podría tener un hueco en el reglamento de la Ley de Estabilidad, y esta petición será retomada por el sustituto de Zoido: el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna.

La excepcionalidad a la Ley de Estabilidad podría quedar recogida en el futuro reglamento

El próximo lunes se reúne la Comisión Nacional de Administración Local, que sienta en torno a la misma mesa a los entes locales, representados por la FEMP, y al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En su última reunión, el pasado 7 de marzo, se trató de los techos de déficit y del pago a proveedores. Ya entonces se esbozaron otras cuestiones que también serán objeto de debate el lunes, en concreto, el anteproyecto de reforma de la Ley de Bases de Régimen Local que establece límites al sueldo de los alcaldes para que no puedan ganar más que un ministro (68.900 euros); límites también a la retribución de la corporación municipal, de modo que no supere más del 0,6 por ciento del total de los presupuestos municipales, al tiempo que decreta el fin de muchas mancomunidades y de 3.725 entidades locales como pedanías y parroquias.

Además, los entes locales están pendientes de que se determine el listado de competencias que corresponde a los municipios y que supondrá la definitiva desaparición o así se pretende, de las llamadas competencias impropias. La reforma de la administración local puede suponer, según los cálculos de Hacienda, un ahorrro de 3.500 millones.

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