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Hacienda: "6.000 ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes son ineficientes en la prestación de servicios"

La Comisión Nacional de Administración Local se reúne este martes con los municipios en pie de guerra por la espada de Damocles de perder sus competencias en favor de las diputaciones y el control estatal de la inspección y la supervisión financiera y contable. Montoro, Arenas y la FEMP buscaron el lunes un acuerdo de última hora para que no estalle la cita.

Casi 6.000 municipios de este país, en concreto 5.930, prestan de manera ineficiente sus servicios a los ciudadanos según la estimación hecha por el Ministerio de Hacienda y de Administraciones Públicas y eso que sólo se han analizado los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, por lo que esa cifra podría ser aún mayor. El análisis que este lunes hizo el departamento que dirige Cristóbal Montoro es demoledor con los entes locales justo un día antes de la cita, este martes, de la Comisión Nacional de Administración Local. Para el Gobierno ya es una cuestión de credibilidad intentar cerrar un acuerdo más de un año después de que se anunciara la reforma, y culminar éste con el de las Administraciones Públicas, previsto para el mes de junio, pero la resistencia numantina de los ayuntamientos a aceptar determinadas medidas ha ido dificultando el pacto, tal y como ha adelantado Vozpópuli.

El 92,1% de los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, esto es, 5.586, y el 40,4% de los de 5.000 a 20.000 habitantes, 344 de 850, son ineficaces y caros. Superan los estándares económicos de la prestación de servicios, por lo que son firmes candidatos a perder competencias de mano de las diputaciones provinciales a partir del 1 de enero del año que viene, según el plan del secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta. Que las Diputaciones estén preparadas para hacer frente a tal carga de trabajo es otro cantar.

De momento, la Diputación de Orense se ha prestado para ser "conejillo de indias" estos meses hasta que la ley entre en vigor, pero la verdad es que hay muchas dudas sobre la aplicación de dicha reforma de la Ley de Bases respecto a cómo se producirá el trasvase de medios económicos, materiales y humanos de los entes locales "intervenidos" a la organización provincial. El lío puede ser monumental, ya que un ayuntamiento puede perder su competencia de recogida de basuras por superar los estándares económicos de la prestación de ese servicio, pero mantener, por ejemplo, la de limpiezas, por lo que parte de las tasas que cobra a sus vecinos irán a la diputación y otras se las quedará el ayuntamiento. Además, hay tasas e impuestos municipales finalistas, basuras vuelve a ser un buen ejemplo, pero otros que como el IBI, no lo son. ¿Qué porcentaje se detrae del Impuesto de Bienes Inmuebles?. Además, ¿qué pasa si es la Diputación la que presta un mismo servicio a un amplio número de ayuntamientos y estos cobran tasas distintas por el mismo?

Muchas preguntas con respuestas complejas. "El camino se hace al andar", aducen en Administraciones Públicas, que adelantan que las tasas van a ir ligadas al coste de los servicios por lo que será la diputación quien las fije. El objetivo de este modelo no sólo es que la Administración se ahorre un dinero, sino que también en teoría, "acabe siendo menos gravosa para los ciudadanos". También será la diputación la que gestione el personal local que está adscrito a un servicio, aunque no dejará de ser funcionario municipal.

Si la ley entra en vigor el 1 de enero de 2014, los ayuntamientos perderán las prestaciones "deficitarias" en el mes de abril

Respecto a qué se dedicarán los ayuntamientos que pierdan todas sus competencias, escenario que no es descartable, desde Hacienda señalan que "mantendrán su competencia política y defenderán ante la diputación los derechos de sus ciudadanos". Desde la entrada en vigor de la ley, que estiman será el 1 de enero de 2014, los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes tendrán tres meses para adaptar los costes de los servicios obligatorios que prestan a unos estándares económicos. Si los sobrepasan, en abril las diputaciones asumirán los servicios públicos "deficitarios". Para los de más de 20.000 habitantes es de aplicación la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

FEMP y los alcaldes del PP han conseguido ganar el pulso a Montoro en asuntos como la reducción de concejales o la fusión de ayuntamientos, dado que no se producirá ni una cosa ni otra. Asimismo, las diputaciones, lejos de desaparecer, ganan poder, mucho poder. Incluso en estos meses de negociación han conseguido que los alcaldes de las grandes ciudades no ganen menos que un secretario de Estado. Y aún así, las espadas están en lo alto. Los ayuntamientos pequeños se sienten amenazados, todos en general agraviados por hacer depender del Estado los interventores y supervisores económicos, y están en contra de que los alcaldes de los pequeños pueblos no reciban remuneración alguna a pesar de que esa viene siendo la norma.

El lunes se produjo el enésimo intento por alcanzar un acuerdo para no llegar divididos a la reunión de este martes. En una "triangular" Montoro, Javier Arenas y FEMP se mantuvieron en la tarde de este lunes los últimos contactos, por eso, Hacienda no quiso adelantar cuál será el coste estándar que no deban superar los ayuntamientos habida cuenta de que tienen que cerrar ese dato no menor con sus propios alcaldes.


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