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Entre los juegos malabares de Montoro y las fechorías judiciales de Ruiz-Gallardón

Economistas de distinto pelaje se lo habían advertido hasta la extenuación: no pueden gastarse 3.000 millones, como poco, en actualizar las pensiones, porque eso es puro populismo cuando resulta que han tocado ustedes el IRPF, han congelado sueldos, suspendido extras, subido el IVA y tantas otras desgracias como han caído sobre el bolsillo del ciudadano, y ello porque esa suma pondrá en grave riesgo la consecución del objetivo de déficit, aspiración ya de por sí complicada.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. EFE

Economistas de distinto pelaje se lo habían advertido hasta la extenuación: no pueden gastarse 3.000 millones, como poco, en actualizar las pensiones, porque eso es puro populismo cuando resulta que han tocado ustedes el IRPF, han congelado sueldos, suspendido extras, subido el IVA y tantas otras desgracias como han caído sobre el bolsillo del ciudadano, y ello porque esa suma pondrá en grave riesgo la consecución del objetivo de déficit, aspiración ya de por sí complicada. Pero el Ejecutivo que sí, que faltaría más, que el Gobierno pagará el aumento de la inflación a los pensionistas porque es la Ley y buenos somos nosotros a la hora de cumplirla, y hasta hace unos días seguían erre que erre, cavando su desgracia, metidos en su propia ratonera, diciendo que lo harían… Al final, la realidad se impuso, y el viernes, Soraya y Fátima mediante –porque los valientes varones del Gobierno no dieron la cara- no tuvieron más remedio que comerse el marrón de anunciar, donde dije digo digo Diego, que no habrá revalorización de las pensiones y de esta forma nos ahorraremos unos bonitos 2.300 millones.

Que es la diferencia entre los 1.500 millones que habrá que abonar por la subida anunciada para 2013 de las pensiones inferiores a mil euros, y los 3.800 millones que habría tenido que afrontar de actualizarlas conforme al IPC de noviembre, del 2,9%, guarismo sospechosamente moderado gracias al precio de los carburantes. Ni que decir tiene que el coste político de este incumplimiento, el último de su programa, lo va a pagar Mariano Rajoy con creces por culpa de esa absurda obstinación, porque la izquierda política y periodística, tan amantes ellos de los pobres, se lo va a pasar por el morro una y otra vez. Por una mezcla de incapacidad técnica y cobardía moral (sin olvidar la acostumbrada dosis de contaminación ideológica “buenista”), la derecha española, que recibió un mandato claro de la ciudadanía para acometer las reformas que fueran necesarias, ha viajado a trompicones por los riscos de la crisis abordando el ajuste tarde, mal y nunca, siempre de manera timorata, cuando no vergonzante y sin convicción. La consecuencia de esta estrategia mediocre es que, a punto de cumplirse un año de su llegada al poder, la tarea está a medio hacer.

Algunas luces empiezan a verse al final del túnel, indicativa de que las cosas podrían mejorar antes de lo previsto.

Quienes hemos venido lamentando la falta de arrojo de este Ejecutivo para haber procedido a un ajuste drástico de una vez, un recorte del gasto público en el entorno de los 80.000 millones pocas semanas después de haber tomado posesión –lo que hubiera supuesto meterle mano, siquiera temporalmente, a los pilares del Estado del bienestar, algo que el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, reclamaba esta semana en Madrid- estamos cada vez  más convencidos de que de haberlo hecho así, de haber sometido a la población a un baño de agua helada de una sola vez, en lugar de las frías duchas semanales con que nos ha obsequiado, el país se encontraría a estas alturas con buena parte de los deberes hechos y a punto de iniciar un lento despegue. Porque, la gran paradoja española del momento es que, con el trabajo a medio hacer y a base de “arreones de potro jerezano y paradas de mulo manchego”, que decía Joaquín Costa, algunas luces empiezan a verse al final del túnel indicativas de que las cosas podrían empezar a mejorar antes de lo previsto.

No es el momento para el optimismo ciego, porque todo está sometido al albur de un conjunto de circunstancias en el que juegan no solo la capacidad de nuestros responsables económicos para acertar, sino el comportamiento de la locomotora alemana, la recuperación de la economía USA e incluso la ralentización de la china. “Estamos en un momento clave, en una situación que cabría calificar de equilibrio inestable”, asegura un economista liberal, “pero con un poco de suerte y si se hacen las cosas bien, podríamos hallarnos cerca de un cambio de tendencia”. Lo decía este viernes el diario económico francésLes Echos: “la salida de la crisis española no es una utopía”. Para su corresponsal en Madrid, “hay señales que dejan entrever un rayo de esperanza. El país ha tocado fondo y remonta, lentamente, hacia la superficie”.

Nuestra mano de obra es ahora un 30% más barata

De igual forma piensan, con las cautelas de rigor, no pocos expertos. Entre los motivos para la esperanza se cita la mejora de la competitividad, consecuencia de esa “devaluación interna” que ha supuesto la caída de salarios que viene experimentando nuestro país en los últimos años, proceso equivalente al papel antaño atribuido a la devaluación de la peseta, aunque con efectos más dolorosos a corto plazo, y que es responsable de que nuestra mano de obra sea ahora un 30% más barata que la media de la eurozona. La clara mejoría experimentada por el sector exterior es quizá la variable más obvia que se esgrime a la hora de imaginar ese cambio de tendencia. En efecto, esta semana hemos sabido que el déficit acumulado de la balanza de pagos por cuenta corriente cayó un 45,5% en los nueve primeros meses del año, respecto al mismo período de 2011, ello debido básicamente al aumento de las exportaciones. Quienes piden prudencia arguyen, no obstante, que ese déficit tenderá a repuntar en el momento en que se recuperare la inversión y el consumo privado, volviendo así a tirar de las importaciones.

El déficit del Estado y la S.S. estaría por encima de lo previsto para el conjunto del año (5,1%), lo que obliga al Ejecutivo a tener que seguir ajustando

La prueba del nueve, con todo, de esa hipotética mejoría va a estar en la tantas veces comentada capacidad para cumplir el objetivo de déficit público. Esta semana supimos que el déficit del Estado se ha reducido hasta el 4,13% en octubre, frente al 4,4% de septiembre, aunque hay que recordar que el objetivo para todo el año (4,5%) incluye Estado y Seguridad Social, donde el Gobierno espera un agujero a fin de año de alrededor de un punto de PIB, previsión que algunos expertos consideran muy optimista. En estos momentos, pues, el déficit del Estado y la S.S. estaría por encima de lo previsto para el conjunto del año (5,1%), lo que obliga al Ejecutivo a tener que seguir ajustando sus cuentas hasta el último minuto. A lo anterior hay que sumar el déficit de las CC.AA., eterno caballo de batalla español. Los expertos del Fedea creen que las Autonomías no van a cumplir con el 1,5% de PIB comprometido, de modo que el déficit final estará más cerca del 2% que de otra cosa, y ello por culpa de cinco CC.AA que no cumplirán ni de lejos lo pactado.

La impresión generalizada, más bien la sospecha, es que Cristóbal Montoro puede sentirse tentado a poner en práctica algún tipo de ejercicio de magia y prestidigitación para dejar el guarismo en la bocana del puerto comprendido entre el 6,3% y el 7% de PIB, embalsando gasto para 2013 y asumiendo el coste de que, a su hora, Bruselas y Contabilidad Nacional le desmientan. Se juega en ello su prestigio y su futuro político en este Gobierno. La aceleración del proceso de recapitalización bancaria (con la adjudicación del Banco de Valencia y el anuncio de privatización inmediata de Catalunya Banc), unido a la llegada en este final de año de los fondos europeos para el saneamiento de las entidades nacionalizadas, permite especular con que el sistema financiero pueda incorporarse pronto y de una vez por todas al elenco de noticias positivas.

Un regalo a La Caixa de 7.000 millones

El saneamiento del sistema bancario, con todo, amenaza convertirse en el auténtico pozo negro de este Gobierno. A falta de un análisis más detallado en futuras entregas, sirva el botón de muestra del Valencia, un banco saneado con dinero público que, con el argumento de que no puede seguir en solitario (?), acaba de ser regalado a La Caixa previa inyección de 7.000 millones que, sumados a los 1.000 que la catalana ya recibió por Banca Cívica, equivalen aproximadamente al 40% de la cifra que el Estado piensa inyectar en Bankia, con la diferencia de que Bankia, al menos de momento, sigue siendo propiedad pública. Cualquier español sensato podría pensar que este tipo de escandalosos regalos, como el hecho al Banco de Sabadell a cuenta de la CAM, a la que se inyectaron 20.000 millones que sacaron de apuros no a la CAM, que también, sino al Sabadell, ya no serían posibles con Bruselas de por medio. Por desgracia, parece que lo único que preocupa a Bruselas es cobrar, y si el Estado español hace regalos, es su problema...y el de los españoles, que tendremos que apechugar con el coste de tamaña generosidad con nuestra estulta y avara clase financiera.

La última variable que apunta a un cambio de tendencia tiene que ver con el retorno de la inversión extranjera, aunque el dato, de finales de septiembre, no permite aún ver claramente la tendencia. En todo caso, se ha frenado la fuga de capitales del primer semestre, asunto al que  ha contribuido la decisión del BCE de comprar deuda española en caso de que España pida el rescate. A pesar de la que está cayendo, pues, algunos síntomas permiten avizorar en lo económico un horizonte de esperanza no demasiado lejano. Lo llamativo del caso, lo dramático cabría decir, es que en lo político no se mueve una hoja. La negativa de los dos grandes partidos a sanear las instituciones se yergue cada día más como la gran amenaza al futuro no ya político, sino también económico español. Un marco institucional democrático es básico para establecer las bases de una economía que funcione, pero ahí seguimos parados, ahí no avanzamos un centímetro por la negativa de unos partidos cuyas prácticas clientelares están reñidas con los intereses de la mayoría de la sociedad. No solo no avanzamos, sino que retrocedemos aceleradamente. Retrocede el Estado de Derecho, como demuestra la escandalosa propuesta de tasas judiciales introducida por el ministro Gallardón. ¿Una Justicia solo para la nobleza, como en el Antiguo Régimen? Cualquier cosa es posible en este desafortunado país.     


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