CRISTINA DE BORBÓN, ACUSADA DE DELITO FISCAL

El juez Castro desmonta la 'doctrina Botín' y crea la suya propia: 'Hacienda somos todos'

El magistrado dedica un amplio espacio de su auto a demostrar que la célebre 'doctrina Botín' no es aplicable a la hermana del rey. Uno de sus principales argumentos es la célebre campaña publicitaria de la Agencia Tributaria. 

Imagen de archivo del juez José Castro a su entrada en los juzgados de Palma de Mallorca.
Imagen de archivo del juez José Castro a su entrada en los juzgados de Palma de Mallorca. EFE

De lema publicitaria para conseguir que los españoles pagásemos nuestros impuestos a argumento jurídico para que Cristina de Borbón y Grecia se siente en el banquillo junto a su marido, Iñaki Urdangarín. El auto del juez José Castro por el que mantiene la imputación por colaboradora en dos delitos de fraude fiscal contra la hermana del rey dedica un amplio espacio a tumbar la pretensión del fiscal Pedro Horrach y de la Abogacía del Estado de aplicar la llamada 'doctrina Botín' a la infanta. Para ello, el instructor no sólo analiza al detalle aquella sentencia del Tribunal Supremo que impidió que el banquero recientemente fallecido fuera acusado, sino sobre todo los cinco votos discrepantes que magistrados del alto tribunal emitieron entonces a aquella decisión. Además, incluye la reciente opinión de otro experto jurista, el fallo de la 'doctrina Atutxa' y, sobre todo, su conclusión de que los delitos contra la Hacienda Pública atentan "a un bien jurídico colectivo de interés general" como demostraría el célebre eslogan 'Hacienda somos todos', que menciona expresamente. Por todo ello, concluye que la petición de la acusación popular en la causa es suficiente para arrastrar a Cristina de Borbón a una vista oral que se celebrará previsiblemente a finales de 2015 o principios de 2016.

Castro cree que aquel eslogan confirma que el delito fiscal perjudica a "la mayoría de los ciudadanos" por lo que la acusación popular está legitimada para sostener la imputación contra la infanta

Para ello, el juez Castro esgrime en primer lugar el convenido firmado en junio de 2005 entre la Agencia Tributaria y la Secretaría de Estado de Justicia para la prevención y lucha contra el fraude fiscal y cómo, de éste, se elaboró en diciembre del año siguiente un informe en el que se destacaba que los incumplimientos fiscales perjudican los intereses de la Hacienda Pública "y con ello los de la mayoría de los ciudadanos". En este sentido, recuerda precisamente las campañas institucionales de concienciación que lanzó el Estado, entre las que destaca "por ser un clásico del que se ha hecho un prolífico uso, las más de las veces cargado de ironía, la de que 'Hacienda somos todos". También cita epresamente el eslogan oficial de la campaña "lo que tú defraudas, lo pagamos todos". Por ello, el juez concluye que "la evasión impositiva, cualquiera que sea la consecuencia que de ello se derive para el erario público, el perjudicado directo no es en puridad la Hacienda Pública", sino toda la sociedad.

A partir de aquí, y aunque admite que la Agencia Tributaria, a través de la Abogacía del Estado, ejerza la acusación particular "al no poder hacerlo directamente los ciudadanos, a quienes les resultaría de imposible cuantificación el perjuicio que para cada uno de ellos ha representado la picaresca fiscal", determina que dicho rol no priva a la sociedad de "su condición de ofendidos", cuyo representante en las causas no es otra que la acusación popular. "Llegar a la conclusión de que en los delitos contra la Hacienda Pública el perjudicado, o el único perjudicado, es la Abogacía del Estado sería tanto como decir que ante un fraude del que fuera víctima una comunidad de propietarios el perjudicado sería su administrador y no aquéllos", concluye el juez Castro. Por todo ello, el magistrado destaca que el sindicato 'Manos Limpias', que ha ejercido dicho papel en la causa, está "absolutamente legitimada para acusar y postular la apertura del juicio oral frente a las personas en que lo hecho con independencia de que de ello se hayan abstenido el Ministerio Fiscal, Abogacía del Estado y Abogacía de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears".

El valor de los votos discrepantes

Antes de llegar a este punto, el auto del juez dedica decenas de folios a analizar la célebre 'doctrina Botín' que esgrimía, presicamente, la Fiscalía y la defensa de la infanta para exculpar a ésta. La misma hacia referencia a una sentencia del Tribunal Supremo que determinó que para llevar a juicio oral a un encausado era necesario que al menos una de las partes directamente afectadas por la comisión del supuesto delito acusara formalmente. El banquero se libró entonces de ese trance al considerar el alto tribunal que la acusación popular, que fue la única que mantuvo la petición de pena contra él, no era suficiente ya que no era interesada directa. Sin embargo, el juez Castro no se ciñe a dicho fallo, que califica de "novedoso, sorpresivo y no unánime", sino que va precisamente a la trastienda del mismo y, más en concreto, a los cinco votos particulares que emitieron otros tantos magistrados que participaron en el debate que terminó instaurando la polémica doctrina. Tras analizar al detalle extensos párrafos de los mismos, concluye que "no cabe establecer exigencias para el acusador popular que limiten el ejercicio de su derecho". Para él, dichos votos particulares tienen especial valor ya que, como recalca en dos ocasiones, se emitieron "a pesar de las razonables labores de convencimiento que debieron discurrir en el curso de las deliberaciones de cara a obtrener la unanimidad o una más abultada mayoría".

El juez considera que la aplicación de la 'dcotrina Botín' en el caso de la hermana del rey "es más que discutible" y antepòne la llamada 'doctrina Atutxa' por guardar más similitud

Por todo ello, Castro considera que la aplicación de la misma en el caso de la hermana del rey "es más que discutible", sobre todo porque "quienes teóricamente se presentaran [en el caso Nóos] como sus exclusivos paladines" del interés general, en referencia al fiscal y a la Abogacía del Estado, no han acusado. En este sentido, el magistrado trae al auto la opinión expresada recientemente por el catedrático de Derecho Penal de la Universidad Complutense, Enrique Gimbernat, precisamente sobre la aplicación de la 'doctrina Botín' a Cristina de Borbón y, sobre todo, sobre la utilización que se ha hecho de la primera posteriormente en los tribunales. Ello le da pie al magistrado a mencionar el 'caso Atutxa', en cuyo fallo el Tribunal Supremo aparente contradijo la 'doctrina Botín' ya que permitió celebrar el juicio contra el que fuera presidnte del Parlamento vasco, Juan Mari Atutxa, pese a que sólo la acción popular acusaba al político nacionalista. "La consecuencia a extraer es que si la naturaleza del delito por el que se pretende abrir el juicio oral legitima al acusador popular para interesar su apertura, poco ha de importar que esté o no personado un acusador particular en sentido estricto", concluye el juez Castro.

Y es que, recalca el instructor, la 'doctrina Atutxa' permite mantener la acusación contra alguien sólo con la acusación popular cuando los delitos de los que se le acusa "afectan a bienes de titularidad colectiva, de naturaleza difusa o de carácter metaindividual". Para Castro, los delitos fiscales son "de esa naturaleza" y ponerlo en duda "ofendería" ya que "el artículo 31 de la Constitución establece entre los deberes de los ciudadanos el de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos". Es en este punto.donde el auto destaca las campañas publicatarias que durante años la Agencia Tributaria ha lanzado para que todos los ciudadanos paguen sus impuestos. "Esto fuerza a plantearse la naturaleza del delito contra la Hacienda Pública como atentado a un bien jurídico colectivo de interés general y que por tanto no vulnera un bien jurídico individual, que pudiera ser propio y exclusivo de la AEAT", sino el de toda la sociedad. El juez Castro acaba de crear la 'doctrina Hacienda somos todos' .


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