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Más de 300 políticos españoles están imputados en presuntos casos de corrupción

La mayoría ha abandonado la actividad pública, aunque en el Parlamento de Valencia continúan nueve imputados y uno en Baleares. Más de una treintena de alcaldes y hasta medio centenar de exalcaldes están siendo investigados por la Justicia

Más de 300 políticos españoles están imputados en presuntos casos de corrupción que afectan sobre todo a las comunidades del Mediterráneo, con Baleares y la Comunidad Valenciana a la cabeza, seguidas de cerca por Cataluña y Galicia. Además de estas imputaciones, están en marcha diversas investigaciones sobre la gestión de distintas entidades financieras, como Bankia o la Caja de Ahorros del Mediterráneo, de cuyos consejos de administración formaban parte diversos políticos.

Los casos de corrupción se extienden a todos los niveles de la adminstración pública y las investigaciones judiciales en marcha salplican tanto a quienes han sido miembros del Gobierno (como el exministro José Blanco, relacionado con la Operación Campeón), como a dirigentes autonómicos, alcaldes y responsables municipales.

Baleares y Valencia, las autonomías con más imputados

Entre los casos autonómicos de corrupción más llamativos destacan los abiertos en Baleares, que suman casi un centenar de imputados entre cargos y excargos públicos. La mayoría tuvieron lugar durante la última legislatura de Jaume Matas, imputado por alrededor de una docena de casos relacionados con la corrupción y la financiación irregular del PP balear durante su mandato y relacionado también con el caso Palma Arena.

En las Islas Baleares destacan, casos como el que investiga las actividades presuntamente irregulares cometidas a través del Instituto Noós, presidido por el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, o el caso Over Marketing, el que está imputado el popular Pere Rotger, que recientemente abandonó su cargo como presidente del Parlamento autonómico por esta imputación, aunque mantiene el escaño de diputado regional.

También en el ámbito autonómico son numerosos los casos abiertos en la Comunidad Valenciana. De hecho, en las Cortes autonómicas hay nueve diputados del Partido Popular con imputación formal por distintos delitos de corrupción, mientras que Pedro Hernández renunció a su escaño el pasado 4 de diciembre, tras ser condenado a tres años de prisión por su gestión al frente del Ayuntamiento de Torrevieja.

Hace pocas semanas dimitió también José Manuel Vela, conseller de Hacienda de la Generalitat Valenciana, por la presunta filtración de un documento que había pedido el juzgado. Diversos ex altos cargos de la administración de Francisco Camps, que también se enfrentó a la Justicia, están implicados también en los numerosos casos abiertos en esta región, entre los que destacan investigaciones tan importantes como la operación Gürtel o el caso Noós.

Otro de los procesos con más repercusión pública durante los últimos meses es el de los ERE fraudulentos de Andalucía, en el que hay imputadas cerca de 70 personas entre ellas el exconsejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández, el exviceconsejero Agustín Barberá, los exdirectores generales de Trabajo y Seguridad Social, un exparlamentario socialista o el exdelegado provincial de Empleo.


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