La corrupción: mayor incidencia en la administración local por la falta de controles

Para saber que España tiene un problema de corrupción basta con abrir Vozpópuli cada mañana. PP, PSOE, CiU, Valencia, Madrid, Andalucía, Gürtel, Púnica, Pujol o EREs… Si quedan dudas se puede mirar el CIS, que señala la corrupción política como una de las principales preocupaciones de los españoles desde hace unos meses, solo superada por el paro.

Podría pensarse que el problema, por común y relevante, es bien conocido y tiene estudios científicos que lo expliquen y prevengan, pero no es así. La Fundación Hay Derecho se interesó por la materia y se puso a buscar datos para poder analizar la corrupción en España, pero lo que se encontraron es una importante carencia en la documentación sobre la corrupción en el país.

“Se tienen sensaciones, pero faltan datos ciertos”, cuenta Ignacio Gomá, vicepresidente de la fundación. Para sortear esta dificultad la fundación optó por hacer un análisis de sentencias, que son públicas. Un ingente trabajo que, si bien no puede llegar a todas las aristas de la corrupción, sí puede servir para dar una imagen general de un problema que carcome España. “No pretendíamos utilizar esta metodología”, cuenta Carlota Tarín, responsable de estudios de la fundación, “pero no encontramos ningún dato que corroborase la corrupción más allá de la hemeroteca, y queríamos algo que nos permitiese medir mejor las cosas”. Decidieron analizar más de 300 sentencias relacionadas con los cuatro delitos que el Código Penal asocia a la corrupción política: prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y malversación de fondos públicos.

El estudio desgrana más de 300 sentencias relacionadas con los delitos de prevaricación, tráfico de influencias cohecho y malversación de fondos públicos

A todo estudio se entra con una serie de prejuicios, percepciones previas que se trata de refrendar o contradecir con los datos. En este caso los autores suponían que los problemas más graves en este ámbito en España iban a estar en la administración local, más que en la autonómica y la nacional, y relacionados fundamentalmente con la contratación pública. Las sensaciones se refrendaron a medida que clasificaban sentencias.

De hecho el 48,5% de las condenas por corrupción en España fueron a personas vinculadas con la administración local, a pesar de que solo el 22% de los empleados públicos pertenecen a la más elemental de las organizaciones políticas del país. El dato empeora aún más si se piensa que el 90% de los municipios son tan pequeños que no tienen capacidad de gasto, por lo que realmente solo son los 399 ayuntamientos de más de 20.000 habitantes los que aglutinan la corrupción local en España.

La principal causa para que los ayuntamientos sean el epicentro de la corrupción tiene que ver con los controles o, para ser más exactos, con la ausencia de ellos. “Es importante, porque en principio son los mismos en todas las administraciones, pero no se aplica igual en todos lados”, dice Carlota Tarín. “Aunque la última ley ha intentado darle la vuelta a la cuestión por el tema del control financiero lo cierto es que hay 3.000 puestos de interventores locales que están vacantes”. Esas plazas, que deberían ser cubiertas por oposición, en la práctica pasan a ser designadas como personal laboral. Es decir, dependen de los sujetos que tienen que controlar. “Es una relación muy directa, en la administración general es diferente porque los que tienen que auditar no conocen a los auditados”, señala Tarín.

El estudio señala que para que los controles funcionen es “imprescindibles que haya funcionarios que los pongan en marcha y que dichos funcionarios tengan todas las garantías necesarias para ejercer imparcialmente esas antipáticas funciones que consisten en decirles a sus jefes políticos y superiores jerárquicos “esto no se puede hacer””.

Hay otro motivo por el que el dato se dispara en los ayuntamientos: el urbanismo. La mayor causa de corrupción en la administración tiene que ver con la contratación pública, pero en segundo lugar se coloca el urbanismo, una competencia que, con alguna salvedad que tiene que ver con las comunidades autónomas, recae en los organismos locales. Dentro de las condenas asociadas con los ayuntamientos el 16,5% tuvo que ver con delitos relacionados con el urbanismo, solo superado por la contratación, con un 18%.

Otro problema relacionado con la porosidad de los ayuntamientos a la corrupción es la figura del alcalde, que en España tiene unas competencias y poderes mayores que en otros países del entorno europeo. Ese Strong-mayor, revestido de grandes poderes, es un factor diferencial para que los ayuntamientos sean más corruptos en España.

Administración autonómica

Aunque el principal agujero negro de corrupción en España tenga relación con los ayuntamientos no es el único lugar en el que se encuentran delitos contra lo público. Sobre las administraciones autonómicas recaen el 24,4% de las sentencias condenatorias estudiadas, lo cual habla bien de la limpieza de este nivel del Estado, pues casi la mitad de los trabajadores públicos son parte de las autonomías.

En este caso lo que sorprende no tiene tanto que ver con la cantidad de corrupción sino con su distribución geográfica. Sorprende el peso que tiene la corrupción en lugares como las Islas Baleares o las Islas Canarias, Aragón, Cantabria o Andalucía. No hay una conclusión fiable para saber por qué esto es así, aunque se apunta a los lugares costeros como más problemáticos para la corrupción, por la expansión de los últimos años y las distintas leyes de costa.

Islas Baleares o las Islas Canarias, Aragón, Cantabria o Andalucía son las Comunidades donde la corrupción es más notable

En cualquier caso los impulsores del estudio se muestran sorprendidos con el bajo nivel de corrupción que registran las administraciones regionales españolas.

En cuanto a la administración General del Estado, la mayor parte de los casos encontrados en ese nivel tienen que ver con corrupción en la Hacienda Pública. Además, aunque tiene menos que ver con la corrupción política y por lo tanto es algo ajeno al estudio, se ha encontrado una muy numerosa incidencia de casos relacionada con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Por delitos

El delito más común en lo tratado es la prevaricación, seguida de cerca por la malversación de fondos públicos y el cohecho. Estos dos últimos delitos son los que más han crecido en las sentencia de los últimos años, pues están siendo más vigilados en tiempos recientes por los tribunales españoles, coincidiendo con la mayor concienciación social sobre los delitos de corrupción en el país.

Sorprende la baja incidencia que tiene el delito de tráfico de influencias en las sentencias controladas. Se podría pensar que es uno de los más comunes, pues en realidad es el que menos pone en juego de todos los delitos asociados a la corrupción, pero no es así. En realidad el problema no es, probablemente, que el delito no se cometa a un ritmo similar que el de los otros analizados sino que es mucho más difícil de probar en los tribunales por la difícil legislación española en ese sentido.

“El tráfico de influencias es práctica habitual, pero la ley no lo identifica bien en el Código Penal”, afirma Carlota Tarín a ese respecto. También se refiere a la frase de Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo, que en fechas recientes aseguró que la legislación española está pensada en el “robagallinas” y no en el gran corruptor. “La muestra que tenemos de este delito es escasa para lo que realmente sucede. Además en este caso hay situaciones que, si bien no son punibles, sí que puede ser incorrectas”. El tráfico de influencias es, por lo tanto, difícil de señalar, un agujero en la ley que permite  que actuaciones éticamente reprobables no tengan ninguna carga de ilegalidad.

Conclusiones

La Fundación Hay Derecho, que tiene como motor la defensa del Estado de Derecho en España y la mejora del ordenamiento jurídico y las instituciones, considera que el país tiene un problema importante en los controles de la administración. Las legislaciones del pasado, aunque en tiempos recientes la situación parece haber mejorado algo, fueron quitando poder e independencia a los interventores y fiscalizadores de la administración. Esa reducción de fuerza se unió a la dependencia que empezaron a tener muchos de los encargados del análisis de la administración de aquellos que debían ser escrutados en su trabajo.

En la administración local se han cubierto las plazas de intervención vacante con personal laboral que depende de los sujetos a los que tiene que controlar

Y no solo es un problema legal, también de selección del personal. La proliferación de vacantes en la administración, especialmente a nivel local, ha llevado a un cuerpo de intervención menos profesional, con peor preparación y más a merced de los poderes políticos. Esta cuestión sería la más fácilmente solucionable, pues bastaría con reactivar las oposiciones pertinentes para llenar los huecos que ahora mismo están por cubrir y que, en tiempos reciente, han sido ejercidos por personal laboral.

Por último sería conveniente que el Estado tomase más en serio el problema de la corrupción, no tanto los casos concretos como la idea general de la misma. No es de recibo que un país que tiene una sombra de sospecha en ese ámbito no tenga las herramientas adecuadas para el análisis académico del mismo. Cuanto más se sepa de corrupción más sencillo será detectarla, creen en la fundación, pero en España no se ha tomado lo suficientemente en serio la corrupción como para liberar los datos suficientes que requeriría su análisis.