LA GANANCIA NO SE USA PARA FINANCIAR LOS NUEVOS MEDICAMENTOS

El Gobierno ahorra 4.000 millones en fármacos, pero no generaliza el tratamiento contra la hepatitis C

Con el ‘copago’ y otras fórmulas hemos ahorrado 4.000 millones en medicamentos, pero no existe aún un plan para financiar de forma generalizada tratamientos como contra la hepatitis C.

Una de las últimas manifestaciones en defensa de la Sanidad pública por las calles de Madrid.
Una de las últimas manifestaciones en defensa de la Sanidad pública por las calles de Madrid. EFE

Entre 2012 y septiembre de 2014 el Estado ha ahorrado 4.069 millones de euros en gasto farmacéutico gracias a medidas como el copago de medicamentos; sin embargo, ha tardado meses en aceptar la financiación del nuevo fármaco contra la hepatitis C, y aun así no se ha generalizado su tratamiento para todos los afectados. Hasta octubre pasado no se puso en marcha una primera partida para abordar este problema, y fue de 125 millones. Es una de las contradicciones que se observan con más facilidad en las políticas sociales del Gobierno de Rajoy.

En un documento remitido por el Ministerio de Sanidad al diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares, el ejecutivo reconoce que por aplicación del Real Decreto-ley 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, el ahorro sólo en medicamentos fue de 4.069 millones de euros entre abril de 2012 y septiembre de 2014. El gobierno admite que ese ahorro se ha obtenido por las “las medidas de eficiencia” que ha puesto en marcha, con un mayor uso de genéricos, compras centralizadas, adaptación de envases al tratamiento y el nuevo sistema de precios.

Para el ahorro en medicamentos ha influido el ‘copago farmacéutico’, otro ‘impuesto’ más a los españoles

Pero, para ese elevado ahorro, el gobierno reconoce también que ha tenido mucho que ver una medida tan socialmente contestada como el ‘copago farmacéutico’ fijado en septiembre de 2013 por la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia. Y eso pese a que están exentos de aportación los parados que han perdido el derecho a percibir el subsidio de desempleo (1.063.082, en septiembre de 2014), de ellos 200.000 menores beneficiarios de titulares.

Pese al ahorro, tardanza en la financiación del Sofosbuvir

Sin embargo, pese a haberse ahorrado 4.069 millones en dos años, el ejecutivo ha tardado meses en comenzar a financiar el Sofosbuvir, un fármaco de reciente comercialización que es eficaz en el tratamiento de la hepatitis C, pero con un precio abusivo -60.000 euros por cada tratamiento- impuesto por la multinacional que lo comercializa, la empresa farmacéutica Gilead. Según fuentes de IU, se ve claramente que Sanidad –que aún no ha generalizado el tratamiento, sino que actúa realmente caso por caso- teme que ‘la ganancia’ reportada por el ‘copago farmacéutico’ se pierda con el tratamiento de la Hepatitis C.

En ese sentido, el pasado mes de octubre, con las cifras del ahorro farmacéutico sobre la mesa, la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, dependiente del Ministerio de Sanidad, dio por fin el visto bueno a la financiación del medicamento, pero sólo para el tratamiento de determinados grupos de pacientes. Por ponerlo en términos económicos: durante el primer año de comercialización, los cálculos efectuados por Sanidad estiman un techo de gasto en este tratamiento de ‘sólo’ 125 millones de euros, frente a un ahorro, como decimos, de más de 4.000 millones.

Mociones en los ayuntamientos a favor de los enfermos y contra la "anticompetitiva y monopolística" Gilead

Más recientemente, y a pesar de que desde algunas consejerías, plataformas de pacientes y sociedades médicas se había pedido una partida presupuestaria específica para la hepatitis C, el Consejo Interterritorial de Salud del pasado miércoles 14 de enero concluyó sin aprobar ningún fondo para dotar a las comunidades de más recursos para tratar a más pacientes con los nuevos fármacos.

Tras esa reunión, el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, llegó a decir que no era posible asignar un presupuesto específico puesto que sólo había estimaciones sobre el número de afectados por hepatitis C y sobre las personas que necesitaban realmente ese fármaco.

Así las cosas, algunos ayuntamientos españoles, como el de Zaragoza, han aprobado mociones por las que se acuerda instar a declarar la situación de los pacientes afectados por hepatitis C como “emergencia sanitaria” y la actuación de la empresa Gilead, propietaria de la patente del medicamento, de "anticompetitiva y monopolística".

Aumenta la ‘tarjeta sanitaria’: ya somos 44,4 millones

Por otro lado, según los últimos datos facilitados por el Gobierno al Parlamento, en España ya hay 44.482.469 ciudadanos titulares de una tarjeta sanitaria del Sistema Nacional de Salud. Esta cifra, cerrada con fecha de octubre de 2014, supone 751.229 más que en el año 2012, de los cuales, 697.578 son nuevos ciudadanos españoles.

El gobierno sostiene que, pese a la reforma de 2012 y siguientes, que recortó prestaciones sanitarias, nadie está fuera del sistema. Dice, textualmente: “Las personas que no se encuentran vinculadas a la Seguridad Social de alguna forma (trabajador por cuenta propia o ajena, pensionista, perceptor de cualquier otra prestación periódica o con subsidio de desempleo agotado) pueden ostentar la condición de asegurado siempre que acrediten que no tienen ingresos superiores en cómputo anual a cien mil euros ni cobertura obligatoria de la prestación sanitaria por otra vía. Además, las personas a las que se refiere el apartado 4 del mismo artículo tienen la condición de beneficiarios de un asegurado. Por lo tanto, los jóvenes mayores de 26 años tienen garantizada la asistencia sanitaria a través del Sistema Nacional de salud en virtud de las disposiciones anteriormente citadas”.

El gobierno pasa la pelota a las autonomías para poner programas de garantía de cobertura financiera de los “colectivos irregulares”

En cuanto a los extranjeros, el gobierno afirma que en los dos años de vigencia de la normativa en vigor, España garantiza la asistencia sanitaria a todas las personas que lo necesitan, y que esa normativa permite discriminar sobre la entidad o país que debe de hacerse cargo del coste de la asistencia prestada y poder realizar la facturación a terceros correspondiente, así como a personas en situación irregular mediante la puesta en marcha por la mayoría de las Comunidades Autónomas de programas sociales de garantía de cobertura financiera de los “colectivos irregulares”. “De esta forma”, dice el gobierno, “se ha evidenciado que no se han producido situaciones de desatención ni de desprotección”.


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