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CCAA, profesionales y pacientes, en contra del copago en fármacos hospitalarios

Primero fue el copago en farmacia. Y ahora el Gobierno apuesta por el copago de medicinas hospitalarias, una medida que ha sido publicada esta semana en el BOE y que para muchos "hace oficial la falta de sensibilidad del Ministerio de Sanidad" por su "afán recaudatorio".

La ministra de Sanidad, Ana Mato, junto a la reina doña Sofía, en una imagen de archivo.
La ministra de Sanidad, Ana Mato, junto a la reina doña Sofía, en una imagen de archivo. gtres

Primero fue el copago en farmacia, que según la ministra de Sanidad, Ana Mato, ha supuesto un ahorro de 2.125 millones de euros. Y ahora el Gobierno apuesta por el copago de medicinas hospitalarias, una medida que ha sido publicada esta semana en el BOE y que no ha sentado nada bien a las comunidades autónomas (CCAA).

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera (PP), ya ha manifestado que piensa dirigirse al Gobierno para que "no llegue a aplicarse" el copago de las medicinas que se dispensan en los hospitales a enfermos crónicos y de larga duración. Según Herrera, esta nueva medida "no estaba anunciada en el Consejo Interterritorial" y se han enterado, como todos los españoles, tras su publicación en el BOE.

El presidente de Castilla y León ha asegurado que piensa dirigirse al Gobierno de la nación "para que no llegue a aplicarse y por tanto se reconsidere la resolución adoptada". Además, Herrera señala que "las primeras estimaciones nos dicen que esta nueva medida tendría una escasísima repercusión desde el punto de vista del ahorro de recursos públicos y añadiría una enorme complejidad, también humana, en la gestión y el cobro de esa aportación".

En la misma línea se ha situado el Gobierno vasco, que ya ha anunciado que está estudiando medidas legales para no aplicar esta medida en el País Vasco. El consejero vasco de salud, Jon Darpón, ha criticado (al igual que Juan Vicente Herrera) que se haya publicado dicha norma sin informar previamente a las CCAA.

"No creemos que se trate de una medida adecuada para mejorar el sistema sanitario y menos en el momento económico actual" ha aseverado Darpón. Y ha añadido que durante los cuatro consejos interterritoriales de Salud en los que ha participado, el Ministerio de Sanidad no ha informado sobre esta medida, algo que "llama poderosamente la atención". Por esa razón, los departamentos vascos de Salud y de Justicia están "en contacto" para intentar que la orden no se aplique en el País Vasco.

La flamante presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, coincide con sus homólogos vasco y castellanoleonés y se ha mostrado en desacuerdo con la decisión del Gobierno de implantar el copago para una serie de fármacos que se dispensan en los hospitales a enfermos graves o crónicos no ingresados y ha asegurado que "desconocía" la medida".

Al igual que Herrera y Darpón, Díaz ha indicado que en su Ejecutivo regional han tenido conocimiento de la norma una vez que se ha publicado en el BOE y ha afirmado que estudiarán qué "capacidad de margen" tienen, en relación a su aplicación o no.

Profesionales y pacientes muestran su rechazo

No sólo las CCAA se han puesto en contra del copago para los medicamentos dispensados en farmacias hospitalarias para tratar enfermedades o crónicas. Para el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) el nuevo copago "hace oficial la falta de sensibilidad del Ministerio de Sanidad" por su "afán recaudatorio, sin más justificación que conseguir ingresos para no tener que reducir en otras partidas presupuestarias en las que los afectados serían la clase política".

La Federación Española de Padres con Niños de Cáncer (Fepnc) ha reclamado que los menores estén exentos de este copago, teniendo en cuenta la vulnerabilidad de este colectivo y la carga económica que supone para las familias.

La Plataforma Asamblearia de Trabajadores y Usuarios por la Salud (Patusalud) ha alertado también de que algunos pacientes con enfermedades graves como el cáncer podrían abandonar algunos tratamientos, ya que muchos de ellos tienen problemas económicos por los efectos de su enfermedad que les impide un desarrollo laboral con normalidad.

El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha tachado la medida de una "crueldad impensable, brutal e incomprensible", que además es "profundamente injusta". "No se me ocurre nada más cruel que obligar a gente sin recursos a pagar para poder seguir viviendo" ha subrayado Rubalcaba. Además, ha advertido de que afectará a pacientes que "no tienen más remedio que seguir tomando las medicinas y que en muchos casos deben tomarlas de por vida".


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