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La Fiscalía se querellará contra Mas y dos consellers por posibles delitos de malversación y desobediencia

La Fiscalía Superior de Cataluña tiene previsto presentar el miércoles una querella contra Artur Mas, la vicepresidenta, Joana Ortega, y la consejera de Enseñanza, Irene Rigau por supuestas responsabilidades penales en el 9N.

La Fiscalía Superior de Cataluña tiene previsto presentar el miércoles una querella contra el presidente catalán, Artur Mas, y varios consellers del Govern por supuestas responsabilidades penales en el proceso participativo del 9 de noviembre en Cataluña, entre las que el organo judicial estudia atribuir los delitos de malversación de caudales públicos y desobediencia, según han informado a Efe fuentes jurídicas.

La querella está dirigida contra Artur Mas, Joana Ortega y la conseller de Enseñanza, Irene Rigau

La querella, que se presentará ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dada la condición de aforados de los denunciados, se dirige contra Mas, la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, y la conseller de Enseñanza, Irene Rigau.

El escrito que ultima la Fiscalía se podría dirigir también contra titular de la conselleria vinculada con la confección de las papeletas del 9N, elaboradas por presos de las cárceles catalanas, pero en principio no contra los responsables de los locales públicos donde se instalaron las urnas del proceso participativo, según las mismas fuentes.

La Fiscalía Superior de Cataluña está trabajando sobre un primer borrador de la querella que le ha remitido la Fiscalía General del Estado, en la que se barajan varios delitos por las responsabilidades penales que podrían derivarse de la intervención del Govern en la organización de la consulta del 9N, que fue suspendida por el Tribunal Constitucional.

Entre los delitos que la Fiscalía estudia atribuir a Mas figura el de malversación de caudales públicos por los gastos del 9N

Entre esos delitos que la Fiscalía estudia atribuir a Mas y a los consellers implicados figura el de malversación de caudales públicos, dados los gastos que ha supuesto para la Generalitat la celebración del proceso participativo y sus preparativos.

El ministerio público cree que los miembros del gobierno catalán contra los que se dirige la querella podrían haber incurrido además en un delito de desobediencia, por haber asumido el liderazgo de la consulta pese a que había sido suspendida por el Constitucional, así como de prevaricación.

Por el contrario, de la querella que se remitirá al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) quedarán excluidos en principio los responsables de los locales bajo cuya autorización se abrieron el pasado domingo los centros públicos donde se instalaron los puntos de votación de la consulta.

Según explicaron fuentes jurídicas el pasado lunes, la querella sería presentada como consecuencia del desarrollo de las diligencias de investigación llevadas a cabo el domingo y de las distintas denuncias presentadas en los juzgados de guardia de Cataluña. El lunes no se quisieron precisar las personas contra las que se dirigiría la querella, ni los supuestos, pero estas fuentes aseguraron que "las bases de la querella son jurídicamente muy sólidas".

Fuentes jurídicas explicaron que "las bases de la querella son jurídicamente sólidas"

La Fiscalía abrió el sábado diligencias para determinar si la cesión de locales públicos para la celebración de la consulta alternativa era constitutiva de delito. En el marco de esas investigaciones, la Fiscalía pidió a la Generalitat que aclarase si ordenó ceder escuelas para el 9N y a los Mossos d'Esquadra que identificasen a los responsables de la apertura de locales públicos usados como puntos de votación.

Sin embargo, la policía catalana se limitó a remitir al ministerio público una carta de la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, en la que ésta afirmaba que no estaba en condiciones de facilitar esas identidades y subrayaba que el Govern asumía la responsabilidad por la apertura de los centros públicos.

Precisamente por estas diligencias iniciadas el sábado, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, ha rechazado este martes que se acuse a la Fiscalía de "inacción", sobre lo que se pronunciará "sin ninguna precipitación pero siempre con el horizonte de cumplimiento de la legalidad".

Mas: "Estamos muy tranquilos, no hemos hecho nada ilegal"

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha asegurado este martes, en respuesta a las acciones de la Fiscalía, que están “muy tranquilos” y no tiene “miedo”, porque están convencidos de que no han hecho nada ilegal en la consulta pese a que estuviera suspendido por el Tribunal Constitucional.

Mas ha cargado contra el Gobierno al insinuar relación entre la decisión de la Fiscalía y las palabras de Rajoy

En una conferencia celebrada en el Palau de la Generalitat, Mas ha asegurado que aún no han recibido ninguna notificación de la Fiscalía: “Estamos muy tranquilos, no hemos hecho nada ilegal”.

"No tenemos miedo ni temor", ha incidido Mas, que ha precisado que no se trata de "ir presumiendo por presumir" sino de cumplir con un "mandato muy claro" de una mayoría de catalanes que quiere ejercer el derecho a decidir y en este objetivo, ha incidido, está dispuesto a "arriesgar".

Mas ha cargado contra el Gobierno al insinuar una conexión entre la decisión de la Fiscalía para ponerse en marcha con las declaraciones de Mariano Rajoy, cuando expresó que lo del 9N no era ni un referendo ni una consulta ni nada que se le pareciera.


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