Consejo de Ministros

El Gobierno destina 5 millones de euros para garantizar el derecho a la educación en castellano

Esta medida, "temporal y excepcional", sólo afectará a aquellos sistemas en los que se impone una sola lengua vehicular en educación, es decir, la inmersión lingüística de Cataluña. La LOMCE es la séptima ley educativa en 37 años de democracia y se espera que esté aprobada "en otoño" y llegue a las aulas en el curso 2014/2015.

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, durante una intervención en el Pleno del Congreso de los Diputado.
El ministro de Educación, José Ignacio Wert, durante una intervención en el Pleno del Congreso de los Diputado. EFE

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha anunciado que la recién aprobada Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) garantiza el derecho de los padres a elegir el castellano como lengua vehicular en la enseñanza de sus hijos, con independencia de que conviva con la lengua cooficial.

"Esta medida va dirigida a aquellos sistemas en los que se impone una sola lengua (la inmersión linguística en Cataluña); los sistemas con bilingüismo integrado o con uso preferente de una lengua cooficial no se ven afectados", ha matizado. 

Esta medida, temporal y excepcional, contará con un presupuesto de cinco millones de euros hasta que las administraciones educativas puedan garantizar una oferta razonable de educación en castellano. "Este cálculo es una hipótesis basada en las peticiones que ha habido en Cataluña", ha explicado.

Entre los numerosos cambios que contempla la LOMCE, enfocados a reducir los niveles de fracaso y abandono escolar y la mejora de la empleabilidad de los jóvenes, se modifica la distribución competencial del Estado y las Autonomías -que será conforme a bloques de asignaturas- con el fin de garantizar la homogeneidad del nivel educativo en los distintos territorios. "De los 27 países de la Unión Europea, España es el que presenta las diferencias más acusadas entre sus distintos territorios", ha justificado el ministro.

Asimismo, se apuesta por la Formación Profesional como una "salida digna y enfocada a la empleabilidad", ya que el ministro la considera la mayor debilidad de nuestro sistema desde el punto de vista de titulación. "No sólo será más digna, sino más accesible y flexible. No debe ser un camino de segunda categoría".

Para lograrlo, se prevé la creación de una Formación Profesional Básica, de dos años de duración, que será obligatoria y sustituirá a los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), dirigidos a alumnos de 15 años. Además, introduce asignaturas en la FP de grado medio orientadas a sectores profesionales y facilita el paso hacia la FP de grado superior. "La implantación de la formación profesional básica constituye una posibilidad para los jóvenes que tienen dificultad para concluir los estudios de ESO", afirma.

Una ley polémica pero "imprescindible"

La andadura de la LOMCE se inició el pasado 21 de septiembre, cuando el Consejo de Ministros dio luz verde al anteproyecto de la ley. Desde entonces, su principal promotor, el ministro Wert, se ha reunido con la mesa sectorial de Educación (sindicatos) y con las comunidades autónomas, y ha sometido la iniciativa al dictamen del Consejo Escolar y del Consejo de Estado.

"Se trata de una de las reformas más importantes de esta legislatura. Necesitamos una renovación urgente de todo el sistema educativo", ha asegurado la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. "No podemos permitirnos una tasa de abandono escolar del 25% (1 de cada 4 alumnos), una tasa del desempleo juvenil del 57% y un 23% de jóvenes que ni estudia ni trabaja (sólo superado por Israel)".

Soraya Sáenz de Santamaría afirma que la inversión en educación es muy superior a la media de la OCDE, a pesar de los pobres resultados obtenidos en el informe PISA. "La inversión en educación se ha duplicado en la última década y el fracaso escolar también. No hay, por tanto, argumentos para defender el sistema actual", explica.

Itinerarios, más independencia y exámenes de fin de etapa

Entre las principales novedades se encuentra la implantación de evaluaciones a nivel estatal al final de Primaria, ESO y Bachillerato, además de una prueba en 3º de Primaria para la detección precoz de problemas de aprendizaje en los alumnos. Los exámenes de ESO y Bachillerato serán necesarias para obtener el título y, en concreto, el segundo, que los sectores críticos llaman "reválida", sustituirá a la actual Selectividad.

"Se trata de volver a la cultura de la evaluación. No son esencialmente pruebas de conocimiento sino que señalarán la asimilación de competencias de los alumnos" ha relatado el ministro, que se opone a que sean consideradas 'reválidas'. "No son obstáculos ni limitadores, son caminos de señalización".

Otro de los cambios más notables afecta a 3º de la ESO, pues se adelantan a este curso los itinerarios hacia la FP y el Bachillerato a través de asignaturas optativas. Estas dos vías estarán ya completamente diferenciadas en 4º de la ESO.

Además, la LOMCE aumenta la capacidad del Ministerio de Educación para decidir sobre los contenidos comunes de las asignaturas mientras cede libertad a centros y comunidades autónomas para hacer lo propio con las materias no instrumentales, a fin de que se especialicen. Mientras, se incrementa la carga lectiva en todas las etapas de las asignaturas instrumentales -Matemáticas, Lengua e Inglés-.


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