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Los delitos fiscales prescribirán en 10 años y tendrán una pena de prisión máxima de 6 años

Pretende evitar que durante la tramitación se den casos de desapoderamiento o alzamiento de bienes por parte del deudor.

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes una modificación del Código Penal que eleva el plazo de prescripción de los delitos fiscales de 5 a 10 años y prevé una pena de prisión de seis años, frente a los cinco actuales.

Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior a la reunión. Sáenz de Santamaría ha explicado que el anteproyecto se remitirá a los principales órganos consultivos, como el Consejo del Estado y el Consejo General del Poder Judicial. Asimismo, ha indicado que se trata de una modificación de la ley de transparencia que precisa rango de ley orgánica.

El texto prevé que puedan liquidarse y cobrarse los ingresos pendientes ante la Agencia Tributaria durante la tramitación del delito fiscal y en el tiempo de remisión a la fiscalía para la presentación de la querella. Con esto, según ha señalado la vicepresidenta, se pretende evitar que durante la tramitación se den casos, "por desgracia muy frecuentes", de desapoderamiento o alzamiento de bienes por parte del deudor que se beneficia de esa tramitación para deshacerse de sus bienes y evitar el cobro por parte de Hacienda.

La modificación del Código Penal también refuerza las medidas para ser más ágiles ante el delito fiscal, especialmente con las tramas criminales de IVA.

Lucha contra el fraude laboral y la economía sumergida

En canto al fraude laboral, Sáenz de Santamaría ha destacado que se produce una minoración de las cantidadse del límite para proceder por delito, "lo que permitirá tener más posibilidades para luchar contra ese fraude y la economía sumergida".

También se amplía el plazo de prescripción de las figuras más graves hasta 10 años.

La vicepresidenta ha afirmado que habrá una mejor regulación en el fraude por subvenciones, especialmente en las prestaciones de la Seguridad Social y de desempleo, y que también se mejora la regulación de aquellos supuestos que afectan a derechos contra trabajadores en contrataciones que no cumplen las obligaciones laborales.


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