No solo por este plan de racionalización

Soraya: "El gasto público de las Administraciones se ha reducido en total en 30.000 millones"

En apenas seis meses, según Sáenz de Santamaría, se han puesto en marcha todas las medidas del informe de la CORA y, además, 44 ya están completamente finalizadas -lo que supone un 20 por ciento-. 

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se dirige a la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se dirige a la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. EFE

El Gobierno ha puesto en marcha todas las medidas contempladas en el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) en los primeros seis meses desde su aprobación el pasado mes de junio, según ha anunciado este viernes la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría. "En total, no solo por este plan de racionalización, el gasto público de todas las administraciones se ha reducido en 30.000 millones" ha asegurado.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha anunciado la aprobación de un nuevo paquete de medidas, englobadas en una ley que remite ahora al Parlamento, para racionalizar el funcionamiento de las Administraciones Públicas. En apenas seis meses, según Sáenz de Santamaría, se han puesto en marcha todas las medidas del informe de la CORA y, además, 44 ya están completamente finalizadas -lo que supone un 20 por ciento- y el resto se encuentra en fase de ejecución, un número muy importante muy avanzadas.

La vicepresidenta del Gobierno ha dicho que el Consejo de Ministros ha aprobado que sólo el Servicio Público de Empleo Estatal tenga observatorio de las ocupaciones. Ha explicado que, con esta medida, se busca evitar duplicidades con otras administraciones públicas. A partir de ahora, será sólo el observatorio del Servicio Público de Empleo Estatal el que analice la situación y tendencias del mercado de trabajo y la situación de la formación para el empleo en el conjunto del Estado.

Así, el Gobierno pretende evitar la ineficiencia que plantea la superposición de los distintos observatorios de las Administraciones Públicas en el ámbito del empleo, con el objetivo de mejorar su utilidad.

El denominado anteproyecto de la Ley Orgánica complementaria de racionalización del sector público y de medidas de reforma administrativa incorpora las medidas aprobadas en la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), constituida dentro del programa de reformas económicas gubernamentales para corregir "ineficiencias y redundancias competenciales que implican gastos innecesarios y suponen falta de agilidad y transparencia".

Dicha Comisión se ha encargado de la revisión de las distintas propuestas de simplificación, eliminación de duplicidades y mejoras de gestión presentadas por los distintos Ministerios, que han culminado en su informe de 21 de junio de 2013.

Se aprueba el régimen jurídico para liquidar los consorcios

El Gobierno ha aprobado, dentro del proyecto de ley de racionalización del sector público, un régimen jurídico sobre los consorcios relacionado con sus efectos, liquidación y plazo de adaptación de estatutos y derecho supletorio.

En la futura ley de régimen jurídico se incluirá un régimen jurídico integral (creación, adscripción, funcionamiento y disolución) y básico referido a los consorcios que derogaría esta regulación y lo previsto en la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado una encomienda general para la prestación de servicios de administración electrónica por la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda en el ámbito de la Administración General del Estado. 

"Los cauces para manifestarse tienen que ser pacíficos"

Soraya Sáenz de Santamaría ha asegurado que los cauces para ejercer el derecho de manifestación y reunión deben ser siempre pacíficos y ha hecho un llamamiento para que se eviten las posturas que "entienden la violencia como forma de expresar una opinión". Así se refería la Vicepresidenta a los altercados registrados en el barrio burgalés de Gamonal, donde los vecinos protestan por la construcción de un bulevar en una movilización que ha derivado en incidentes violentos y en la detención de 46 personas.

"En nuestro Estado de derecho y con una democracia consolidada hay que respetar el derecho de reunión y manifestación, pero hay que recordar también que los cauces de ese derecho deben ser pacíficos y no violentos", ha recalcado. Por ello, ha querido hacer un llamamiento a la utilización de esos cauces pacíficos para expresar las opiniones, incluso aquellas contrarias a al Constitución, pero hacerlo siempre con acatamiento a lo que establece la Carta Magna. 


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