El presidente mantiene que el juez Ruz no acusa de nada a la hasta ahora ministra

Rajoy y el PP defienden a Mato a muerte: “Tiene un gran sentido de la responsabilidad”

El presidente del Gobierno no está digiriendo con facilidad la salida de Ana Mato de su Gabinete. Mariano Rajoy y su portavoz parlamentario, Alfonso Alonso, se han deshecho en alabanzas hacia ella: “tiene un gran sentido de la responsabilidad, solo ha renunciado a su cargo por solidaridad con el Gobierno”.

Está claro que Mariano Rajoy no ha querido finalizar el debate sobre la corrupción haciendo un feo a la que ha sido durante los tres últimos años su ministra de Sanidad. Tanto es el afecto que la tiene que el miércoles le dejó hasta el último momento la puerta abierta a continuar en el cargo. Es la versión que está difundiendo Ana Mato y su círculo familiar. Y el presidente ha demostrado en el Congreso que la tiene en gran estima: ha leído personalmente el auto del juez Pablo Ruz en aquellos párrafos donde la hasta ahora ministra sale más airosa, allí donde se relata que no ha cometido delito alguno en la trama Gürtel ni tuvo conocimiento de que se estaba cometiendo, pese a la implicación en ella de su exmarido, Jesús Sepúlveda. Rajoy ha añadido que, según el auto, Mato no es responsable civil subsidiaria y que no puede culpársela ni de complicidad ni de encubrimiento ya que ignoraba la existencia del delito.

Rajoy advierte que Mato no ha cometido delito y que ignoraba que se estaba cometiendo en la red Gürtel

Las palabras del presidente han sido acompañadas por las del portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso. “Ana Mato no ha cometido delito alguno, ni tiene conocimiento de que se estaba cometiendo. Ha renunciado a su cargo por solidaridad con el Gobierno y hay que darle las gracias por su sentido de la responsabilidad”, ha dicho.

El líder socialista, Pedro Sánchez, que ha arrancado esta mañana el debate en tono casi conciliador, ha sido posteriormente empujado por los suyos a endurecer el discurso en la fase final de la sesión. No se conforma ya con la dimisión de Mato porque cree que no es suficiente y aunque no ha llegado a pedir la de Rajoy, sí le ha advertido al presidente de que no está legitimado para hablar de lucha contra la corrupción. Es más, ha condicionado la negociación de nuevas medidas para combatirla a que todos los altos cargos del Gobierno hagan público su patrimonio. Rajoy le ha contestado que la clave para llegar a algún acuerdo puede estar en Despeñaperros, en referencia a la influencia que la presidenta andaluza Susana Díaz ejerce sobre el propio Sánchez y también al escándalo de los ERE. "Tengo la impresión de que su voluntad de acabar con la corrupción tiene un límite muy claro, está en Despeñaperros, porque ahí está el caso EDU, el caso ERE, el caso Delphi y más de 50 imputados del PSOE e incluso senadores y diputados investigados por el Tribunal Supremo", ha señalado Rajoy.

Mucho más duro con el presidente del Gobierno ha estado UPyD, pues a través de Rosa Díez y del diputado Carlos Martínez Gorriarán, le ha acusado de no estar capacitado para arreglar el problema de la corrupción que afecta a la clase política “cuando ni siquiera es capaz de solucionarlo en su propio partido”.

Rajoy, contra "los salvapatrias de las escobas"

El debate parlamentario ha ganado tensión a última hora, después de que en  el hemiciclo del Congreso haya olido esta mañana a tongo. Algunos diputados llegaron a cruzarse mensajes en sus móviles con textos como estos: “Una pura milonga”, “debate amañado”…Parece evidente que ni Mariano Rajoy ni Pedro Sánchez querían regalarle más votos a Podemos. “No añadamos a la corrupción el infundio porque eso siembra desconfianza, se acaba atacando al sistema y aparecen los salvapatrias de las escobas”, ha aconsejado el presidente. El denominador común de sus intervenciones ha sido que la corrupción no es un fenómeno generalizado en España. Rajoy lo ha dicho, incluso, con estas palabras, después de reconocer que los escándalos han sacudido a su partido, que se ha creado “un clima irrespirable” y que los ciudadanos tienen razón al sentirse indignados.

En el fondo, lo que sí han hecho Rajoy y Pedro Sánchez es abrir una puja por ver quién llega más lejos en las medidas para combatir la corrupción. A partir de aquí, estas han sido las propuestas estrella del presidente:

  • Partidos políticos. El proyecto del Gobierno contiene la prohibición de las donaciones de empresas. Los bancos no podrán condonar las deudas a las formaciones políticas ni pactar condiciones financieras por debajo de las de mercado. Los particulares no podrán donar más de 50.000 euros al año. Toda entrega superior a 25.000 euros deberá notificarse al Tribunal de Cuentas y asomarse en la página web del partido. Los estatutos obligarán a renovar los órganos de dirección cada cuatro años y recogerán los procedimientos de expulsión de los afiliados condenados por delito doloso. Habrá suspensión automática de militancia si se abre juicio oral por delitos de corrupción que comporten penas de inhabilitación.
  • Código Penal. La financiación ilegal será delito específico. Se agravarán las penas de inhabilitación y se aumentarán los plazos de prescripción de los delitos.
  • Altos cargos. Todas las retribuciones serán públicas. Los gastos de representación no podrán sostenerse mediante tarjetas de crédito.
  • Transparencia. El Gobierno informará semestralmente al Congreso de los indultos concedidos. Se ampliarán las prohibiciones de contratar con la administración.

Las medidas defendidas por Pedro Sánchez se resumen así:

  • Organismos reguladores: plena independencia para impedir su “colonización” por los partidos.
  • Transparencia: ampliar los controles sobre todos los acuerdos urbanísticos y poner coto a los indultos.
  • Multas. Para garantizar la devolución del dinero obtenido en actividades delictivas se examinará el patrimonio de los familiares del procesado.
  • Altos cargos: la Agencia Tributaria debe certificar el patrimonio de todos los altos cargos antes de su nombramiento y después del cese. Levantamiento del secreto en los fraudes fiscales superiores a los 30.000 euros. Después del cese, cinco años de incompatibilidad para ejercer actividades relacionadas con el desempeño público.

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