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Las pensiones parlamentarias de exdiputados y senadores nos cuestan 2,8 millones de euros al año

Pablo Castellano, que ocupó escaño por el PSOE, y la abogada Cristina Almeida, que lo hizo por IU, cobran más que la pensión máxima de la última reforma del Gobierno. El Ejecutivo da prestación a 208 antiguos integrantes de las Cortes. Figuran cargos electos de la pasada legislatura como el senador socialista José Antonio Alonso García.

Vista general del hemiciclo del Congreso de los Diputados, durante la presente legislatura.
Vista general del hemiciclo del Congreso de los Diputados, durante la presente legislatura. EFE

El agrio enfrentamiento que mantienen Gobierno y oposición por la última reforma de las pensiones de Mariano Rajoy, que ha entrado en vigor con el nuevo 2014, no es extensivo a la jubilación de oro de la que disfrutan exdiputados y exsenadores de PP, PSOE, IU y otros partidos del hemiciclo. Durante la tramitación parlamentaria del nuevo texto normativo, el mismo que pone fin a la revalorización según el IPC, ningún representante en las Cortes puso objeciones a las generosas pensiones que el Estado brinda a sus antecesores. La reclamación de una revisión en este sentido del Reglamento del Congreso y el Senado ha brillado por su ausencia. 

Si bien la indignación popular permanece en la calle ante una ley que introduce una nueva fórmula para apuntalar una subida mínima del 0,25 por ciento anual y un máximo del IPC más el 0,5 para los tiempos de bonanza, parlamentarios que hasta hace bien poco ocupaban su escaño siguen disfrutando, en cambio, de un régimen especial. Actualmente, un total de 208 antiguos integrantes de las Cámaras legislativas perciben 2,8 millones de euros al año en concepto de “pensiones parlamentarias” u otras prestaciones de gracia (la “complementación de ingresos” o la dirigida a cónyuges viudas y huérfanos), según los últimos pagos del Gobierno (la mensualidad de diciembre) consultados por Vozpópuli.

Las Mesas del Congreso y Senado acordaron el 19 de julio de 2011, por iniciativa de los socialistas José Bono y Javier Rojo, que diputados y senadores cotizaran igual que el resto de mortales: esto es, no tener derecho a la pensión máxima con sólo 11 años habiendo ocupando el escaño; a una jubilación del 80% con 65 años tras un mínimo de 7 como parlamentario o a una compensación en caso de no alcanzar este tiempo. Sin embargo, este acuerdo se tomó para su aplicación desde la siguiente legislatura (ahora, la actual) en adelante. Por ello, al no tener carácter retroactivo, hay cientos de parlamentarios desde 1977, entre ellos del anterior mandato (2008-2011), que aún se acogen a esta prebenda. Por ejemplo, el senador socialista José Antonio Alonso García, que dejó la Cámara Alta tras el 20-N, ingresó 1.337,28 euros el pasado mes.

Ricargo García Damborenea, ex diputado del PSOE y condenado por el GAL, sigue cobrando 2.061 euros al mes como "complementación de ingresos"

Según los datos oficiales que maneja Vozpópuli, hasta 95 exdiputados y exsenadores figuran como perceptores de las “pensiones parlamentarias” propiamente dichas, que suponen a las arcas públicas un desembolso de 1.218.355 euros anuales. Los perceptores que se llevan las cantidades más elevadas son Pablo Castellano, exdirigente del PSOE, que recibe 2.972.81 euros, y la abogada Cristina Almeida, antigua diputada por IU, que obtiene 2.675 euros. Ambos superan, incluso, el umbral de pensión máxima que contempla la reforma impulsada por el departamento de Fátima Báñez: 2.554,49 euros. Almeida, firme defensora del exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, llegó a amenzar al Congreso si no cobraba la pensión máxima para parlamentarios.

Respecto a aquellas exseñorías que no consiguieron conservar el acta más allá de 7 años, la solidaridad del Estado, con cargo a los Presupuestos Generales, también llega a sus bolsillos. Bajo el epígrafe “complementación de ingresos”, el Ejecutivo abona al año 854.965,44 euros a 52 destinatarios. Uno de ellos es Ricardo García Damborenea, ex diputado del PSOE y condenado por el GAL, que sigue cobrando 2.061 euros al mes. García Damborenea fue procesado por su implicación el secuestro de Segundo Marey, aunque su colaboración con la Justicia le permitió salir de la cárcel antes que otros condenados.

Más de medio centenar de viudas

Asimismo, el Gobierno también asume las pagas mensuales a cónyuges viudas de parlamentarios o a sus hijos menores de 25 años, cuando no gozan de otra fuente de ingresos. En concreto, son 61 perceptoras las que conforman este bloque, acarreando un gasto de 763.186 euros al año. Entre ellas se encuentran María José Sansegundo Fortea, esposa de Luis García Forcada (diputado durante la segunda legislatura), con 1.144,61 euros/mes; María Cardoso Da Gracia, casada con Carlos Sueiro Picó (parlamentario durante la legislatura constituyente), que recibe 863,05 euros, o Evarista Valero Benedicto, viuda de Alberto Fuertes Valenzuela (senador en la legislatura constituyente), con 1.265,75 euros.


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