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Posada ha pedido a Fernández Díaz que garantice la "inviolabilidad" del Congreso este martes

El Gobierno se la juega en la jornada de protesta de mañana que pretende tomar la Cámara Baja. No quieren que se reproduzcan ni las imágenes del Parlamento catalán, cuando los manifestantes escupieron y arrojaron huevos a los diputados, ni de Valencia, con fuertes cargas policiales contra estudiantes. El Código Penal establece pena de prisión de 6 meses a 1 año, o multa de 12 a 24 meses a quienes "promuevan, dirijan, o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones" ante las sede del Congreso. El dispositivo disuasorio no se ha levantado, con el apoyo de Posada y el malestar de muchos diputados.

Imagen del Congreso custodiado por la Policía
Imagen del Congreso custodiado por la Policía EFE

El presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada, le ha recordado a su compañero de partido y ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que la Cámara Baja es un "institución inviolable" y es necesario "preservar los debates y los trabajos" que este martes, 25 de septiembre, se desarrollen en la misma. Y es que es mañana cuando se ha llamado a través de las redes sociales y de asambleas a "ocupar" el Parlamento, un movimiento tan radicalizado del que se ha desmarcado buena parte del colectivo del 15-M pero que para el Ejecutivo no deja de ser un quebradero de cabeza de los grandes.

Existe un doble temor a falta de hacer una previsión más o menos fiable sobre la asistencia a una concentración que no se ha comunicado formalmente a la Delegación del Gobierno. Por un lado parece haberse ido desinflando la convocatoria, pero ni Gobierno ni Congreso ni Interior quieren bajar la guardia habida cuenta de la capacidad de movilización inmediata que tiene la red. De momento, 1.400 agentes están llamados a asegurar esa inviolabilidad del Congreso, con el objetivo de que no se produzca una situación similar a la del Parlament catalán en marzo pasado, cuando en protesta por los recortes se lanzaron huevos, escupitajos e insultos a los diputados autonómicos. Pero también existe el temor de que la situación se pueda escapar de las manos y las imágenes sean otras, las de febrero de este año con la policía disolviendo las manifestaciones de los estudiantes valencianos.

Mañana martes el Congreso debatirá sobre el tupperware de los escolares, la lucha contra el fraude fiscal y la retribución de los políticos, entre otras cuestiones

El dispositivo policial se mantiene en torno al Congreso desde hace meses. Fernández Díaz decidió no levantarlo de acuerdo con Posada, quien dada su experiencia de gobernador civil de Huelva "prefiere medidas disuasorias antes de el empleo de la fuerza", dicen fuentes de su entorno. Eso no ha impedido críticas de algunos grupos parlamentarios, como PSOE e IU, fundamentalmente, pero también quejas de diputados populares y de los vecinos y comercios de la zona. Desde Interior aseguran que no se ha levantado el pie del acelerador "porque los servicios de Información y Seguridad Ciudadana siempre vieron que seguía latente una amenaza contra el Congreso"

El Codigo Penal protege la actuación de los parlamentarios. Los propios convocantes, a través de su página web "tomalaplaza", asegurán que esta movilización "tendrá en todo caso un carácter noviolento", con lo que dan por descartada cualquier acusación por delito de Rebelión (art. 472 y ss. del Código Penal) que requiere, recuerdan "de un “alzamiento público y violento” que no se da en esta convocatoria además que parece especificamente pensado para un golpe de caracter militar". Sin embargo, admiten que su actuación puede ser constitutiva de otro delito, el que se contiene en el artículo 494 del Código Penal que sanciona con pena de prisión de 6 meses a 1 año, o multa de 12 a 24 meses a quienes promuevan, dirijan, o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones ante las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, cuando estén reunidos, "alterando su normal funcionamiento", aunque el objetivo de los conocantes no pasa pro impedir el acceso de los diputados a la Cámara.

El Congreso celebrará pleno el martes por la tarde, donde se debatirá entre otras cuestiones el régimen retributivo de los cargos políticos, el tupperware de los escolares, el fraude fiscal o el banco de alimentos. Por la mañana habrá reunión de la Comisión de Economía, de la mixta de control parlamentario de RTVE, de la Industria y Energía y del Tribunal de Cuentas, entre otros. Posada recibirá además al visita del embajador de Mexico, aunque en su caso basta con que cruce la Carrera de San Jerónimo. .En definitivia, una jornada intensa que necesitará de la presencia de los señores diputados.


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