El Supremo condena a la Comunidad de Madrid a pagar 76,4 millones a la Universidad Politécnica

La Comunidad de Madrid ha sido condenada por el Tribunal Supremo a abonar 76,4 millones de euros a la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) "por el incumplimiento de los planes de financiación e inversiones de las universidades públicas". La sentencia del Supremo, del pasado día 8, acepta el recurso de la UPM a otra del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que en junio de 2013 desestimaba su requerimiento al Gobierno regional de 90,8 millones de euros más 3 millones de intereses por el incumplimiento de dichos planes.

Según el Supremo, de los 76,4 millones de euros que deberá abonar la Administración madrileña a la UPM, 36,4 responden a la ejecución del Plan de Financiación de las Universidades Públicas 2006-2010 y los otros 40 millones de euros son la cuantía de gastos ya justificada por la Politécnica del Plan de Inversiones en las universidades públicas 2007-2011. Con respecto a la ejecución de dicho Plan, la sentencia condena a la Comunidad a que habilite a favor de la Politécnica un total de 54,4 millones de euros, que serán librados hasta la cuantía de lo ya justificado (40 millones de euros) y el resto conforme la Universidad vaya justificando las inversiones.

En su sentencia, el supremo condena al Gobierno regional de Madrid a pagar los intereses de 40.055.841,92 euros por las inversiones ya justificadas, y de 36.471.501 euros del plan de financiación, desde el 17 de junio de 2011, así como los intereses legales de estos intereses desde el 14 de octubre de 2011. El Tribunal Supremo señala en su resolución que los planes de Inversiones y de Financiación encerraban "pactos con fuerza de obligar, de manera que en el Plan de Inversiones están pactadas las cuantías para los ejercicios comprometidos y su abono, previa justificación del gasto".

El más alto tribunal español ha dictado con esta cinco sentencias de este tipo, la última el 4 de mayo pasado cuando condenó a la Comunidad de Madrid a abonar 50,9 millones de euros a la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) por incumplir estos planes suscritos con las Universidades Públicas.