Nacional

¿Impunidad o ineficacia? Delitos ambientales en Madrid perduran durante años pese a las denuncias

Cientos de denuncias en la Comunidad de Madrid duermen en un cajón mientras las infracciones no se corrigen, aun habiendo multa o resolución de por medio. Ejemplos como construcciones en suelo no urbanizable, fincas que incumplen la normativa o almacenes de residuos ilegales fueron denunciados hace varios años, pero a día de hoy no se han eliminado.

Vehículos abandonados, montañas de chatarra, vallados ilegales, acopio de materiales, construcción de chamizos sin autorización, delitos contra la fauna silvestre… Las denuncias por infracciones y delitos medioambientales en la Comunidad de Madrid se han reducido en los últimos años, sin embargo, la falta de aplicación de la legislación en muchos casos y la ausencia de regulación, en otros, hace que un gran número de esas denuncias caduquen o sean archivadas. O lo que es peor, que después de dictarse una resolución ésta no se llegue a ejecutar ni se haga ningún tipo de seguimiento para garantizar el cumplimiento de la ley y reparar el daño causado.

Los casos de actuaciones denunciadas en la región que continúan a lo largo de los años o que no se sabe qué ha pasado a raíz de la denuncia se cuentan por cientos, según fuentes de la policía ambiental de la Comunidad de Madrid consultadas por este diario. Generalmente, el proceso desde que se abre un expediente hasta que se resuelve es lento. El problema es que con frecuencia, aunque se determine que existe una infracción y se multe al responsable, las consecuencias no van más allá y la zona damnificada no se devuelve a su estado natural. “Nada se restaura y nada se corrige. La mayoría de las veces la ilegalidad no tiene consecuencias y ahí se queda para siempre”, comenta un agente forestal conocedor de la situación. Tanto es así, que consideran que en muchas ocasiones “denunciar es inútil” y a pesar de detectar alguna irregularidad optan por no iniciar ningún trámite.

Con frecuencia, aunque se determine que existe una infracción y se multe al responsable, la zona damnificada no se devuelve a su estado natural

Ejemplos hay muchos. En 2007 se denunció el abandono de una cisterna de camión en un monte preservado. Un ganadero la cogió de una chatarrería, la recicló y la instaló para almacenar agua y dar de beber al ganado sin tener en cuenta los productos químicos que pudo contener dicha cisterna. Finalmente, fue abandonada porque estaba rota y a día de hoy sigue allí degradando el paisaje a pesar de que la resolución de la denuncia obligaba a su retirada. Ese mismo año se denunció la instalación de una gran cisterna de la compañía Campsa con el mismo fin muy cerca de un Parque Nacional. Un potencial peligro para la salud pública además del impacto paisajístico, según los denunciantes. La instructora del expediente no vio problema alguno y lo archivó. Actualmente, la cisterna sigue en el mismo lugar “adornando la sierra” y posiblemente aportando restos de hidrocarburos al ganado vacuno. Son muy comunes los depósitos con pictogramas indicativos de haber contenido productos tóxicos y peligrosos. Una práctica extendida que constituye un peligro público del que nadie se ocupa y que los agentes están “hartos de denunciar”.

Para construir o instalar cualquier cosa en el medio natural es necesaria una autorización, pero abundan los casos en los que se actúa sin licencia municipal. Hace seis años se denunció una finca en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares por almacenar maquinarias, casetas de obra, chatarras y materiales de construcción. El denunciado retiró parte, pero el resto sigue allí tirado. Ahora también ha ampliado su actividad rellenando con escombros una cantera y un humedal que tiene en su propia finca. Parecido es el caso de otra finca denunciada en 2008 por almacenar los mismos materiales además de residuos tóxicos y peligrosos. Todo continúa igual, salvo que recientemente se ha descubierto que también hay un foso clandestino para cambiar el aceite a las maquinarias, que se vierte directamente al terreno.

Chalets y otras construcciones levantadas de manera ilegal denunciadas hace varios años continuaron las obras y siguen en pie

En el año 2010 Policía Local y Agentes Forestales levantaron acta de paralización por instalación sin autorización de un chalet prefabricado en un monte preservado y denunciaron los hechos. En 2015, el chalet está terminado y ajardinado en pleno uso y disfrute, según explican fuentes del cuerpo. Asimismo, siguen en pie tanto las perreras ilegales en suelo no urbanizable con protección de ribera y arqueológica cuya construcción fue denunciada en 2007 como un chalet en el Parque Regional de la ya citada Cuenca Alta del Manzanares denunciado ese mismo año y otra vivienda en monte preservado que solo tenía autorización para cuadra de caballos.

La mayoría de las denuncias corresponden a infracciones, castigadas con sanciones administrativas. Pero cuando se trata de construcciones muy al margen de la ley se puede incurrir en presuntos delitos contra la ordenación del territorio. Con todo, incluso las sanciones elevadas (30.000 euros) compensan a los infractores porque sale más barato pagar la multa que construir un chalet en suelo urbanizable, lamentan las fuentes. “En 10 años solo he visto una demolición. Todos los chalets siguen ahí”. Sin embargo, puntualizan que su objetivo no es poner multas, sino “que se restaure el medio natural”.

La legislación es muy amplia, pero falla en su aplicación y todavía hay aspectos que no están regulados por ninguna norma

Aunque la legislación es muy amplia y de calidad (ley de montes, ley de protección de fauna, ley de residuos, ley de espacios protegidos, ley de vías pecuarias, etc.), los funcionarios que velan por su cumplimiento consideran que lo que falla es su aplicación, principalmente debido a la “dejadez y la desidia de la  Administración”. Además, las lagunas legales o la falta de normativa en algunos aspectos dificulta la tarea. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, no existe ninguna regulación sobre vallados para dar cumplimiento a la ley estatal de biodiversidad. Cuando se trata de espacios protegidos, las autorizaciones de vallados son más rigurosas y están basadas en recomendaciones o condicionados, pero no hay ninguna normativa que lo concrete. Lo mismo ocurre con el tema de las cisternas en el campo y la ley de caza (inexistente en la Comunidad, por lo que rige la ley estatal).

Otro obstáculo es la falta de información sobre el curso de las denuncias. La policía ambiental se queja de que con mucha frecuencia denuncian y nunca llegan a saber qué ha pasado con esas posibles infracciones o delitos pese a que el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora por la Administración de la Comunidad de Madrid recoge en el artículo 14.4 que “en el caso de que la iniciación se hubiera producido como consecuencia de una denuncia, se comunicará al denunciante el contenido en extracto de la resolución”. Los agentes reconocen que no conocer el resultado de su trabajo es profundamente “desalentador” e impide ser más eficaces.


Comentar | Comentarios 0

Tienes que estar registrado para poder escribir comentarios.

Puedes registrarte gratis aquí.

  • Comentarios…

Más comentarios

  • Mejores comentarios…
Volver arriba