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Asociaciones denuncian que la reforma del Código Penal de Gallardón criminaliza a las personas con enfermedad mental

La Confederación de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES) critica que el proyecto de reforma "permitiría privar de libertad a un ciudadano por la mera suposición de un delito que pueda cometer debido a su diagnóstico", algo "claramente anticonstitucional". CERMI pide que se desvincule el término peligrosidad del trastorno mental. 

Privar de libertad a un ciudadano "por la mera suposición de un delito que pueda cometer debido a su diagnóstico". Éste es uno de los aspectos que se desprenden de la reforma del Código Penal denunciados por la Confederación de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES). El colectivo denuncia que dicha reforma impulsada por el Ministerio de Justicia que pilota Alberto Ruiz Gallardón es "un ataque frontal" que además resulta "inconstitucional" para las personas con algún tipo de trastorno mental, consolida "prejuicios existentes" y dificulta su integración social. Si no se rectifica, saldrán a la calle.

"Supone un ataque frontal a los derechos y la imagen social de las personas con enfermedad mental; abre la posibilidad de que una persona pueda ser internada en un centro psiquiátrico como medida de seguridad permanente a través de la figura de las condenas revisables y relaciona la enfermedad mental con el concepto subjetivo de 'peligrosidad'", explica.

La entidad argumenta que, además, "la prórroga de la medida de seguridad" que contempla este proyecto de reforma en trámite parlamentario "permitiría privar de libertad a un ciudadano por la mera suposición de un delito que pueda cometer debido a su diagnóstico", algo que, a su juicio, "es claramente anticonstitucional".

FEAFES, que se ha sumado a las reclamaciones del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), exige que se retire el término "peligrosidad" en su relación con el trastorno mental, que el internamiento "nunca pueda ser prorrogable" y que como medida de libertad vigilada se aplique el tratamiento asertivo comunitario en lugar del tratamiento forzoso ambulatorio.

"En caso de que el Gobierno no rectifique, la Confederación FEAFES mantendrá las protestas públicas junto a todos los colectivos que se oponen a esta reforma", advierte la organización, que no descarta "iniciar acciones legales" sobre los aspectos "inconstitucionales o contrarios a la Convención ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad que pudiera tener el futuro Código Penal".

La solución pasa por emplear más recursos sanitarios 

Para FEAFES, es la falta de recursos sanitarios y sociales lo que provoca que, en algunas ocasiones, haya personas con enfermedad mental que acaban cometiendo actos de los que no son conscientes debido a su trastorno". Por eso, considera "prioridad" la puesta en marcha urgente de medidas alternativas que mejoren la atención en salud mental y eviten que las personas con enfermedad mental entren en los Hospitales Psiquiátricos Penitenciarios.


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