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Los arquitectos recurren el concurso de la Ciudad de la Justicia de Madrid por irregularidades

Consideran que incumple la Ley al permitir a un solo agente redactar el proyecto y proceder a la construcción de los edificios.

Vista de la Ciudad de la Justicia de Madrid.
Vista de la Ciudad de la Justicia de Madrid. VP

El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) presentará en las próximas horas un recurso especial contra el concurso de construcción y explotación de la Ciudad de la Justicia, un proyecto que el Gobierno de la Comunidad de Madrid quiere fallar en las próximas semanas. La convocatoria, según explicaron los arquitectos, incluye en el mismo contrato la redacción de los proyectos y la construcción de las obras, algo que consideran ilegal en el caso de la obra pública.

El Gobierno regional ha tenido prisa en convocar el concurso, que deberá fallarse a pocas semanas de las elecciones autonómicas. La gestión de las obras deberá hacerlas el ejecutivo que salga de los comicios previstos para el mes de mayo. Toda la oposición se ha mostrado contraria a este proyecto.  

El colegio considera que los argumentos de su recurso son compartidos enteramente por los profesionales de la arquitectura y la ingeniería españolas. El decano del COAM, José Antonio Granero, dijo recientemente que los proyectos deben ser realizados por un arquitecto y hacer una redacción independiente del concesionario que los va a construir y operar posteriormente. El Gobierno de Madrid quiere que la construcción de la Ciudad de la Justicia comience en el mes de julio de este año y se inaugure cuatro años más tarde, en el verano de 2019.

Recientemente, se convocó el concurso que exige al adjudicatario la inversión de unos 483 millones de euros. Posteriormente, el Gobierno regional pagará un canon anual de alrededor de 45 millones de euros, que es lo que ahora se abona por el alquiler y los servicios de las 28 sedes judiciales distribuidas por Madrid.

La concesión administrativa durará 30 años, según informaron fuentes de la Comunidad de Madrid. Se empezará a contabilizar desde el día que comiencen las obras, que será a partir de julio, y no desde la entrega, prevista para cuatro años después, como se hace habitualmente.

La Comunidad, según el concurso,  tendrá cuatro años de carencia, ya que no empezará a pagar hasta julio de 2019, con lo cual el abono del canon de alrededor de 45 millones de euros a la concesionaria será lineal durante 26 años y no durante 30 años, que es el verdadero periodo de la concesión.

El pago estará condicionado al grado efectivo de disponibilidad y calidad de los servicios prestados. Pasado el periodo de concesión, sin coste para el erario público, los edificios de la Ciudad de la Justicia revertirán en la Comunidad de Madrid.


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