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El CNI tiene capacidad para rastrear un millón de teléfonos a la hora fuera de España

Las relaciones entre el CNI y los servicios secretos americanos no se han deteriorado y siguen siendo magníficas, después de desvelarse que la Agencia Nacional de Seguridad ha tenido también a España como uno de sus cuarteles de operaciones en Europa. Fuentes gubernamentales advierten de lo que está en juego: no solo la colaboración y el intercambio de información que ambos servicios de inteligencia protagonizan para prevenir el terrorismo islámico, sino también la eficacia de los contactos que el propio CNI mantiene con los servicios de información israelíes y, sobre todo, marroquíes, muy estrechamente ligados a los americanos, precisamente para combatir a Al Qaeda.

El Gobierno no quiere poner en peligro la buena colaboración que los servicios secretos españoles mantienen con los americanos, israelíes y marroquíes

En la sobreactuación que el Gobierno está haciendo en este escándalo, cuyo último capítulo pasa por la investigación abierta por la Fiscalía, pesa también, según las mismas fuentes, otro dato de importancia: el propio CNI realiza escuchas fuera de territorio español y dispone para ello de equipos altamente sofisticados con los que tiene capacidad para rastrear un millón de teléfonos cada hora. Hay que tener en cuenta que para hacer este trabajo desde España, centrado sobre todo en el control de las células de Al Qaeda y de los grupos del crimen organizado, tiene que pasarse por el filtro de un magistrado del Tribunal Supremo, algo que en más de una ocasión ha supuesto un obstáculo para nuestros servicios secretos. En la actualidad, están intervenidas con autorización judicial menos de 400 líneas telefónicas, de los 60 millones que, aproximadamente, hay en España.

La mayor parte de ellas están vinculadas a la investigación sobre el terrorismo islámico, teniendo en cuenta que en nuestro territorio viven ya más de tres millones de personas de nacionalidad árabe, que ha proliferado el número de mezquitas y que este tipo de vigilancia, centrada sobre todo en los grupos más radicalizados, requiere mucho trabajo y muchos medios. Gracias al fin de la violencia de ETA, buena parte de los efectivos que antes estaban volcados en esta área se han desplazado al operativo que persigue prevenir la actividad de las células durmientes del terrorismo yihadista.

El grueso de las escuchas que relizan los servicios de inteligencia estadounidense se centra en células supuestamente vinculadas a Al Qaeda

El mandato del director del CNI, el general Félix Sanz, vence el próximo julio, aunque puede ser prorrogado. Ha entablado una relación de total confianza con la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, pese a que fue nombrado por el anterior Gobierno. Sanz tiene como número dos a Beatriz Méndez de Vigo, hermana del secretario de Estado para la UE, Iñigo Méndez de Vigo, quien fue el encargado, el pasado lunes, de pedir explicaciones, es un decir, al embajador americano, James Costos, sobre las actividades de la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense en España. Esta elección dice mucho de la actitud del Gobierno en este conflicto.

A pesar de todo, el Gobierno ha querido transmitir la sensación de que está dispuesto a reaccionar con firmeza en caso de que se demostrara que el espionaje americano ha superado ciertas líneas rojas. Eso explica, según las mismas fuentes, que el propio ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, haya ido algo más lejos del comunicado emitido por su propio departamento el lunes, advirtiendo que, de confirmarse la realización de prácticas “masivas” de espionaje en nuestro territorio, se rompería “el tradicional clima de confianza”.

La investigación abierta por la Fiscalía sobre las escuchas de la Agencia Nacional de Seguridad americana es un eslabón más de la sobreactuación del Gobierno en este conflicto

El PSOE se limitó ayer a mantener que lo sucedido es de “la máxima gravedad”, mientras que Izquierda Unida pidió que España acuda a los tribunales internacionales, dado que todavía se duda si la propia Fiscalía tiene competencias para iniciar una investigación de esta naturaleza.

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