El plazo terminó el día 30 para la UE y el 15 de enero lo hará para el resto

Trampas burocráticas para que los inmigrantes no voten en las elecciones municipales de mayo

El Gobierno no quiere ningún tipo ni de sorpasso ni de sorpresas y ha sembrado de trampas burocráticas el camino para que los inmigrantes residentes en España puedan votar en las elecciones del 24 de mayo.

Unas urnas en las pasadas elecciones europeas
Unas urnas en las pasadas elecciones europeas Efe/archivo

Los casi 900.000 inmigrantes empadronados en España, y por tanto con derecho a voto, podrían dar un vuelco electoral en determinados ayuntamientos en las próximas elecciones del 24 de mayo. El Gobierno lo sabe y ha sembrado de trampas burocráticas el camino para su empadronamiento, añadiendo dificultades como la exigencia de un documento individualizado con la petición expresa para ejercer su derecho a votar.

El plazo para los ciudadanos de la UE terminó el 30 de diciembre; el resto tiene hasta el 15 de enero, pero a fecha de hoy más de la mitad de los inmigrantes residentes no podrán votar en las municipales de mayo, según denuncian a Vozpópuli colectivos como los representados en el Observatorio Ciudadano de Procesos Electorales, la comisión del Partido X que ha seguido muy de cerca este proceso.

En España hay unos 840.000 extranjeros empadronados que podrían ejercer su derecho a voto en las municipales

Según los datos manejados por estos colectivos, que coinciden básicamente con los elaborados por el Partido Socialista y con los del Instituto Nacional de Estadística (INE), en España hay unos 840.000 extranjeros empadronados, de los que la mitad aproximadamente (unos 422.000, según estimaciones fiables) no habían realizado el proceso burocrático con ocasión de anteriores elecciones municipales y que, por tanto, tampoco habían manifestado expresamente su voluntad de votar, un requisito que exige la ley y que, al no tenerlo cumplido, no podrán votar

“Campaña de mínimos para promover el voto de los inmigrantes”

Muchos de esos inmigrantes ni siquiera saben que tienen derecho a votar en España para decidir el gobierno en sus municipios de residencia, y casi ninguno conoce exactamente cuál es el camino legal que le permita ejercer su derecho al voto. El plazo para solicitarlo finalizó el 30 de diciembre para los nacionales de países de la Unión Europea. Para el resto de países con los que España tiene acuerdos de reciprocidad (Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea del Sur, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago), el plazo terminará el próximo 15 de enero.

Las provincias con mayor número de electores de otros países de la UE son Alicante, Madrid, Málaga, Barcelona y Baleares

Sin embargo, según fuentes de la comisión del Partido X que ha seguido directamente este asunto, el Gobierno se ha limitado a lanzar “una campaña de mínimos para promover el voto de los inmigrantes”, una campaña que no comenzó hasta el 15 de diciembre, en una quincena de fiestas navideñas continuadas y pocos días hábiles, mientras que el plazo de inscripción para poder participar en las elecciones municipales había comenzado el 1 de diciembre.

La idea que se baraja es que en los comicios de mayo de 2015 ocurra algo similar a los de 2011, cuando sólo un 12% de la población inmigrante acudió a las urnas (alrededor de 100.000 de los casi 900.000 censados). Con estos parámetros, la cifra de participación en 2015 podría ser incluso menor, dadas las trabas que diversas fuerzas políticas y asociaciones de migrantes denuncian que han sido impuestas desde el Gobierno. Se trataría, por tanto, de impedir cualquier tipo de sorpresa electoral: nadie sabe a ciencia cierta a quién votará la inmigración.

En todo caso, las provincias con mayor número de electores nacionales de otros países de la UE son Alicante (70.420), Madrid (55.677), Málaga (38.182), Barcelona (31.781) e Islas Baleares (21.052), según los datos oficiales del INE.

Trampas burocráticas en la elaboración del censo

Lo que se denuncia ahora es que el Gobierno ha utilizado una espesa burocracia en la elaboración del censo con la supuesta intención de dificultar que los extranjeros que residen en España puedan ejercer su derecho al voto en los comicios del 24 de mayo, según los datos recabados por el Observatorio Ciudadano de Procesos Electorales. Este Observatorio se creó para evitar que se repitiera lo que ocurrió en las pasadas elecciones europeas; en este otro caso, muchos españoles residentes en el extranjero no pudieron votar. Pero ahora su interés se ha extendido a los grupos migrantes en España con derecho a voto en las municipales.

La primera trampa burocrática que han denunciado es que los extranjeros, además de empadronarse tienen que declarar formalmente su voluntad de votar: es un trámite burocrático extra con el objetivo, dicen los denunciantes, de disuadir al posible votante, sobre todo si se establecen unos plazos determinados sobre los que muchas veces no hay información adecuada.

En el caso de los extranjeros residentes en España hay dos modalidades: residentes de países de la Unión Europea y residentes de países con acuerdos para las elecciones municipales. Para la inscripción en el Censo Electoral, ambos grupos tienen obligación de empadronarse en el municipio y cumplimentar una declaración formal de manifestación de voluntad de ejercer el derecho de sufragio en España. Ahora bien, para los de la Unión Europea el plazo terminó el 30 de diciembre; para el resto, el plazo de empadronamiento finalizó también ya, pero el de la petición expresa de querer votar se ha extendido hasta el 15 de enero.

Las condiciones para poder ejercer finalmente el derecho al voto son: poseer la autorización de residencia en España; haber residido en España, legal e ininterrumpidamente durante, al menos, los cinco años anteriores, y la inscripción en el censo electoral se hará a instancia de parte.

El siguiente cuadro del INE refleja los ciudadanos de países de la UE residentes en España con derecho y su distribución geográfica.


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