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Imputan a un ex alto cargo de UDC condenado por el 'caso Pallerols' por falsificar facturas

La Guardia Civil ha detenido a dos miembros del consejo de administración de un grupo de clínicas odontológicas y ha imputado a un tercer integrante de dicho consejo, por la presunta comisión de los delitos de falsificación de contratos y facturas para la obtención de financiación y créditos para el grupo, que contaba con establecimientos en Barcelona, Tarragona, Girona, Huesca y Santander.

El exdirigente de Unió Vicenç Gavaldà
El exdirigente de Unió Vicenç Gavaldà EFE

La Guardia Civil ha imputado por la presunta falsificación de contratos y facturas para la obtención de financiación y créditos para un grupo de clínicas odontológicas a Vicenç Gavaldà, exalto cargo de Unió y condenado por el caso Pallerols, de financiación irregular del partido democristiano.

La Guardia Civil ha detenido a dos miembros del consejo de administración de un grupo de clínicas odontológicas y ha imputado a un tercer integrante de dicho consejo, por la presunta comisión de los delitos de falsificación de contratos y facturas para la obtención de financiación y créditos para el grupo, que contaba con establecimientos en Barcelona, Tarragona, Girona, Huesca y Santander.

Según fuentes de la investigación, el imputado es Vicenç Gavaldà, que ingresó el pasado 8 de mayo en la prisión de Can Brians para cumplir una condena de siete meses de prisión por el caso Pallerols, una trama de financiación irregular de UDC a través de cursos de formación para desempleados que se pagaban con fondos públicos y por la que también fueron condenados su hermano Lluís, exalto cargo del Govern, y el empresario andorrano Fidel Pallerols.

Un mes después de su ingreso en prisión, Vicenç Gavaldà obtuvo el tercer grado penitenciario

Un mes después de su ingreso en prisión, Vicenç Gavaldà obtuvo el tercer grado penitenciario, por lo que únicamente pernocta en la cárcel de lunes a jueves. El pasado mes de septiembre, y bajo la coordinación del Juzgado de Instrucción número 19 de Barcelona, el Grupo de Delitos Económicos y Tecnológicos de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Cataluña inició la investigación de la denominada operación Dentar.

Las indagaciones de la Guardia Civil tuvieron su origen en la querella presentada por un socio y miembro del consejo de administración del grupo Lasodent, dirigida contra varias personas del mismo por la presunta comisión de diferentes delitos en la administración de la sociedad, según fuentes de la investigación. La Guardia Civil pudo determinar que las tres personas implicadas habrían realizado apuntes contables falsos para incrementar el patrimonio de la sociedad y ofrecer apariencia de solvencia con el fin de engañar al resto de accionistas y también a futuros inversores y, de este modo, obtener financiación y concesión de créditos.

Entre éstos, destacaba el préstamo de 1.500.000 euros aprobado por el Institut Català de Finances (ICF), justificado mediante la utilización de facturas falsas de proveedores y contratos de compra o traspaso de clínicas, también falsos, que sirvieron para justificar el destino del crédito. Para obtener este crédito de inversión -que ICF pagaba a medida que se justificaba el desembolso para el que había sido concedido- los gestores de la sociedad presentaron para este fin una serie de documentos (facturas, contratos y pagarés falsos).

Las irregularidades de la documentación que paulatinamente se presentaba no fueron detectadas por los mecanismos de control de los analistas del ICF. Los investigadores, según las mismas fuentes, llevaron a cabo registros en las localidades barcelonesas de Santa Perpètua de Mogoda y Sant Cugat del Vallès, donde, además de incautarse documentación relacionada con el caso, se detuvo a los dos miembros del consejo de administración del grupo, ambos españoles y vecinos de esas poblaciones.

Posteriormente, se imputó al tercer implicado, también español y vecino de Barcelona. A todos se les imputa la presunta comisión de un delito societario, así como de falsedad documental y apropiación indebida. Además, la Delegación Especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de Cataluña investiga la presunta comisión de dos delitos fiscales, cometidos los años 2009 y 2010. La sociedad -hoy en día en concurso de acreedores- presentaba un déficit de 9,5 millones de euros.


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