Los nacionalistas admiten que la interpretación del resultado del hipotético referéndum será un galimatías

CiU admite como sucedáneo de la independencia una reforma constitucional que reconozca a Cataluña como Estado

Los nacionalistas han puesto el listón lo más alto posible, el de la independencia, pero en sus informes internos admiten que se conformarían con una ambiciosa reforma constitucional que reconociera a Cataluña como Estado en el supuesto de que en el referéndum fuera mayoritario el sí a la primera pregunta y el resultado fuera negativo en la segunda.

El golpe de efecto conseguido por Artur Mas y los socios que le acompañan en la aventura soberanista con la doble pregunta que pretenden trasladar al referéndum fijado para el 9 de noviembre, tiene también una trastienda que CiU quiere ocultar pero que se apunta con claridad en los informes internos que ha manejado la Generalitat para gestionar la consulta.

En estos documentos, se reconoce que en el caso de que el sí fuera mayoritario a la consideración de Cataluña como un Estado y, en cambio, a la segunda pregunta -¿Quiere que este Estado sea independiente?- se respondiera con una mayoría de rechazo, la puerta que se le abriría al actual Gobierno catalán sería la de la negociación con el Ejecutivo de Mariano Rajoy de una reforma constitucional que incluyera un nuevo encaje de Cataluña en España reconociéndole como Estado, una fórmula que necesitaría de un referéndum posterior.

CiU se conformaría con una reforma constitucional como la que pide el PSOE si saliera un 'no' mayoritario a la independencia

La victoria del sí en la primera pregunta- ¿Quiere que Cataluña se convierta en un Estado?- implicaría para los asesores de la Generalitat la demanda de un cambio profundo en el statu quo actual de Cataluña y dejaría la puerta abierta a alternativas distintas, entre ellas la de un Estado independiente, que quedaría acotada con la respuesta a la segunda pregunta que CiU quiere someter a referéndum. En cualquier caso, insisten en la coalición, si solo saliera un sí mayoritario a la consideración de Cataluña como Estado, tendría que iniciarse una negociación con el Estado para abordar una reforma constitucional en la que deberían participar los principales partidos políticos de ámbito catalán y nacional. Esta reforma, en opinión de CiU, tendría que llevar también aparejado un cambio profundo en el Estatuto de autonomía transformado en 2006 y que luego el Tribunal Constitucional cepilló cuatro años más tarde.

Esta conclusión, después del golpe de efecto buscado por Mas con su doble pregunta, gracias al cual ha conseguido dar cierta estabilidad a la legislatura, explica, en parte, la propuesta de Alfredo Pérez Rubalcaba de buscar una salida al problema catalán a través de una reforma constitucional, asunto del que ha hablado en profundidad con el presidente Mariano Rajoy. Los socialistas están convencidos de que esta salida terminará prosperando en el medio plazo, una vez que el Gobierno deje de estar condicionado en sus movimientos por el calendario electoral.

Los socialistas insisten en que la reforma de la Constitución es la única salida posible al conflicto catalán

En la dirección del PP se parte de la premisa de que sin  tomar decisiones tan graves como una reforma constitucional, el frente soberanista se irá diluyendo en sus contradicciones a medida que avance el proceso, una vez que desde el Gobierno se taponen todas las vías legales previstas para impedir la celebración del referéndum. Hay una frontera, cada vez más evidente, que divide a las fuerzas políticas embarcadas en la cruzada secesionista: mientras un sector de Convergencia, Esquerra Republicana y la Candidatura de Unidad Popular (CUP) proponen celebrar la consulta, si fuera necesario, al margen de la legalidad, Unió, Iniciativa y una parte de Convergencia descartan esta posibilidad.

Unos y otros tendrán que retratarse la próxima primavera cuando, previsiblemente, el Tribunal Constitucional paralice la ley de Consultas que el Gobierno catalán prevé tramitar en el Parlamento autonómico y queden taponadas todas las vías legales para que Artur Mas convoque el referéndum.

El PP confía en que a medida que avance el proceso, el frente soberanista acabe fragmentándose en un mar de contradicciones

Tanto en el Gobierno como en la cúpula del PSOE se comparte la tesis de que los nacionalistas han querido poner el listón lo más alto posible, en el logro de un Estado independiente, pero que, al final, en el mejor de los casos, se conformarían con una reforma constitucional que, de momento, no reúne ni la voluntad política ni el consenso necesario para sacarla adelante.

Dentro de CiU se reconoce también que la interpretación del resultado del referéndum puede suponer un galimatías considerable “cuya implementación resultará muy problemática”, como se ha puesto de relieve en las opiniones tan diversas emitidas desde la propia coalición, desde Esquerra Republicana y desde Iniciativa sobre la lectura que tendría un sí a la primera pregunta y un ‘no’ a la segunda.


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