El ministro de Hacienda descarta cambiar el modelo de financiación autonómica en esta legislatura

Rajoy cierra la puerta a cualquier privilegio fiscal para Cataluña como vía para frenar a Mas

Los mensajes que importantes empresarios trasladan estos días a La Moncloa para que Mariano Rajoy frene el desafío soberanista mediante una negociación que otorgue a Cataluña privilegios fiscales caen, de momento, en saco roto. En la agenda del ministro Cristóbal Montoro hasta el final de la legislatura no figura la reforma del modelo de financiación autonómica.

Según la tesis defendida por algunos empresarios catalanes bien conectados con el Palau de la Generalitat, Artur Mas estaría dispuesto a recular en su guía secesionista si desde el Gobierno se le ofrece bajo cuerda un modelo de financiación similar al que disfruta el País Vasco desde 1978, a través del Concierto económico. En La Moncloa se ha tomado nota de estos avisos, pero no se ve margen para responder a estas exigencias cuando faltan seis meses para las elecciones municipales y autonómicas de mayo y, sobre todo, cuando se desconfía de esta solución: ni Mariano Rajoy ni su equipo económico se creen que esta vía sirva para solucionar el problema de fondo, entre otras razones por la debilidad con la que CiU conduce el proceso.

El Gobierno ofrece como alternativa a Cataluña y al resto de las comunidades continuar mutualizando la deuda

El presidente se ha mostrado abierto a abordar con la Generalitat las 23 propuestas que Mas le llevó a La Moncloa el pasado julio. En ellas, demanda una reforma del sistema de financiación que aporte a Cataluña nuevos ingresos, una transferencia adicional de 2.000 millones y una relajación de los objetivos de déficit. Mas reclama también el cumplimiento de la disposición del Estatuto que teóricamente obligaría al Estado a invertir en Cataluña el 18% de la partida destinada a infraestructuras, además de competencias más claras sobre lengua y cultura.

El primero en poner límites a estas reivindicaciones, una vez conocida la presión que algunos empresarios ejercen sobre La Moncloa para frenar a su manera el proceso soberanista, ha sido el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Este miércoles, ha recordado en el Congreso que en 2001 él mismo cerró un nuevo modelo de financiación autonómica que obtuvo el respaldo de todas las comunidades, Cataluña incluida. En aquel momento, con el PP gobernando con mayoría absoluta, Artur Mas era consejero primero de la Generalitat y saludó el acuerdo como uno de los más beneficiosos conseguidos nunca por su comunidad. Nueve años después, José Luis Rodríguez Zapatero reformó el modelo para contentar al tripartito catalán presidido por José Montilla, y fue saludado por ERC al arañar 3.800 millones anuales más para Cataluña. En opinión del actual Gobierno, el actual sistema nació, por estas razones, “viciado de origen”.

Motivos políticos y económicos para descartar la reforma

Montoro va más allá, al descartar cualquier posibilidad de que en el año que resta de legislatura pueda cambiarse de nuevo el sistema. El ministro de Hacienda ha esgrimido dos razones: en primer lugar, el Gobierno comparte que sería irresponsable abrir un enfrentamiento entre las diferentes comunidades a seis meses de un examen electoral tan delicado como el de mayo. En segundo lugar, hay un motivo muy sencillo de índole puramente económica: no hay más dinero para repartir y, por tanto, sería un mero parche, una reforma abocada al fracaso.

La puerta que Montoro sí ha dejado abierta es la de continuar mutualizando la deuda. Las comunidades acogidas al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) han visto este año una inyección de liquidez extra de 5.000 millones de euros,de los que 1.700 han correspondido a Cataluña. El retraso en el pago de la deuda que ésta y otras comunidades tienen contraída con el Estado, ha hecho posible esta mutualización en un momento en el que buena parte de los territorios sigue sin poder acceder a los mercados para financiarse. Este proceso ha hecho que el 50% de la deuda que arrastran las comunidades la tengan contraída con el Estado, porcentaje que en algunas de ellas alcanza el 70%.

El 50% de la deuda que arrastran las comunidades autónomas la tienen contraída con el Estado

Según los datos proporcionados por el titular de Hacienda, desde el inicio de la legislaturase han transferido a las comunidades 136.000 millones de euros, el 70% de los cuales han ido destinados a financiar la sanidad, la educación y los servicios sociales. Con estos mismos mimbres, el Gobierno quiere acabar la legislatura sin tocar el sistema de financiación, criterio que evitará la concesión de privilegios fiscales a Cataluña. “Hay que ser pragmáticos y realistas, los tiempos políticos tienen sus fases”, resume Montoro.


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