Rajoy escrime el palo y la zanahora frente al Gobierno de Mas

El Gobierno estudia nuevos guiños a Cataluña dentro de un plan de apoyo al arco mediterráneo

Mano dura en lo político y judicial y gestos amigables en el terreno económico. El Gobierno estudia una serie de medidas favorables hacia Cataluña dentro de un paquete destinado al arco mediterráneo, en el que se incluyen también la Comunidad Valenciana y Murcia.

Mariano Rajoy y Artur Mas en la Moncloa.
Mariano Rajoy y Artur Mas en la Moncloa. EFE

El Gobierno se dispone a ejercer toda la firmeza necesaria en el terreno político y judicial para frenar el nuevo órdago lanzado por Artur Mas en forma de unas elecciones autonómicas que la Generalitat pretende convertir en un plebiscito que abra el camino a la independencia. Hay un equipo en Moncloa, apoyado por técnicos de varios departamentos, que ultima la artillería jurídica contra el reto secesionista a pesar de que Rajoy no confíe demasiado en su éxito vistos los precedentes del 9-N. Aunque todavía por sustanciar en todos sus aspectos de incumplimiento con la legalidad, la estrategia de cara a los tribunales está encauzada.

Y al mismo tiempo se acelera la declaración de una serie de gestos positivos hacia la sociedad catalana, que no se muestra unánime en el respaldo a las tesis del president y sus grupos de apoyo. Hacienda dirige este operativo, que discurriría por varias vías, tanto fiscal como financiera. Flexibilizar el déficit fiscal es una de ellas y reabrir el debate sobre financiación sería otra. Estos pasos se darían dentro de un marco de ayuda al arco mediterráneo, que incluye a Comunidad Valenciana y Región de Murcia, ambas comunidades muy maltratadas en el actual sistema de financiación aprobado con el Gobierno del PSOE. Aunque en menor medida, algunas fuentes apuntan que Baleares y Andalucía también entrarían dentro de esta mejora de las condiciones pecuniarias.

Un paquete a la medida

El Ejecutivo de Rajoy busca evitar la imagen de concesiones directas a Cataluña, pero es consciente de que algo se puede hacer en este terreno. De ahí la idea de envolver estas iniciativas dentro del paquete del arco parlamentario, con gobiernos regionales de distintos colores: Nacionalistas, socialistas y del PP. Montoro tiene previsto reactivar en septiembre las negociaciones sobre la financiación autonómica, empezando por un encuentro del equipo técnico de Hacienda con los consejeros correspondientes de las distintas comunidades. Moncloa persigue demoler la idea del victimismo económico que los nacionalistas catalanes esgrimen con harta frecuencia y notable éxito. De ahí la reciente publicación de las balanzas fiscales, en las que Madrid aparecía como la región menos favorecida.

En Hacienda se explican estos movimientos dentro de la absoluta normalidad. Los ingresos fiscales han sido superiores en lo que llevamos de ejercicio y pueden trasladarse algunas mejoras a las comunidades, como ya quedó claro en la reciente reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

¿Por qué quiere cambiar el Gobierno la financiación?

Hacienda siempre ha considerado que las comunidades del arco mediterráneo fueron las que con más dureza sufrieron las inclemencias de la crisis. Sus ingresos estaban más expuestos al ladrillo, de modo que el estallido de la burbuja les hizo mucho daño, sobre todo en la recaudación que obtenían vía el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. A juicio de Hacienda, el sistema les concedía una parte menor de la tarta que compensaban de largo con esos ingresos fruto de la actividad inmobiliaria que no podían conseguir, por ejemplo, algunas regiones del interior.

Pero el derrumbe de la construcción fulminó la gallina de los huevos de oro y las consiguientes recaudaciones. Lo cual explica, según el criterio de Hacienda, que estas regiones sean las que sistemáticamente hayan incumplido con los objetivos de déficit. Sin embargo, Montoro no pudo arreglar el esquema de reparto por una sencilla razón: no había más dinero que distribuir.

De ordinario, las comunidades autónomas siempre lograban más recursos cada vez que se acordaba un nuevo sistema de financiación. Después de los habituales dimes y diretes, el Gobierno de turno terminaba aumentando a todas los fondos. Ninguna quedaba por debajo de lo que tenía. Nadie aparecía peor. Y así todas contentas.

De hecho, el sistema vigente lo concibió el Gobierno de Zapatero pactando con los catalanes para que saliesen ganando aquellas Autonomías con más potencia recaudatoria. Al repartir mayor proporción de los impuestos se beneficiaba en un primer momento a Cataluña y Madrid. Y luego se compensaba con unos fondos de solidaridad que premiaban a Andalucía y penalizaban a Madrid. Se trataba de un modelo pensado para épocas de expansión. Pero la crisis desactivó este esquema.

Rajoy ha pedido a Montoro que revise la financiación para ofrecer a Cataluña algún caramelo antes de las elecciones

Consciente de esta situación pero desprovisto del dinero para arreglarlo, Montoro recurrió a la imaginación. Se inventó los déficits asimétricos para darles más margen con el reequilibrio de las cuentas. Se sacó de la chistera la financiación del FLA a tipos bajísimos que suponía una ayuda encubierta a estas regiones que, por supuesto, eran las más endeudadas. Este año incluso les ha regalado tipos cero, lo que supone una inyección bestial para una comunidad tan hipotecada como Cataluña, que podría ahorrarse este año cerca de 2.000 millones de euros en la rúbrica de los intereses.

Sin embargo, estos cables lanzados al arco mediterráneo no salían gratis a Montoro dentro de su propio partido. El ministro reclamaba sentido de Estado. Pero comunidades como Madrid o Castilla y León, gobernadas por el PP, reprochaban a Montoro lo que ellas tildaban de sistema de financiación paralela. "De esta forma se castiga a las cumplidoras", comentaban.

En estas circunstancias y con los soberanistas catalanes lanzados a la aventura independentista, el presidente Rajoy ha encargado a Montoro que reabra y revise el debate de la financiación con el propósito de ofrecer a Cataluña algún caramelo antes de las elecciones. A pesar de que no tendrá tiempo para aprobarlo antes de las generales, los técnicos de las CCAA y de Hacienda empezarán a discutir el sistema en septiembre. Para abrir boca, la Generalitat ha exigido que se tenga en cuenta el coste de vida de cada región. Y el Ministerio de Hacienda ha publicado esta semana las balanzas fiscales, en las que Valencia, Murcia y Andalucía salen peor financiadas por población ajustada. Cataluña sólo aparece ligeramente infrafinanciada, pero con un déficit fiscal de unos 7.400 millones una vez se suprime el déficit causado porque el Estado desembolsa en la Comunidad unos 6.000 millones de euros para sufragar, sobre todo, las pensiones y las prestaciones por desempleo.

Por el momento ya se ha anunciado que las CCAA podrán disponer el año que viene de unos 7.000 millones fruto del funcionamiento normal del sistema de financiación y de la mejora de los ingresos esperada. Unos ingresos que se verán además reforzados por las liquidaciones positivas que recibirán de 2014 y los intereses extrabajos a los que les sigue prestando Hacienda. Aún así, algunas de ellas como Cataluña tendrán muy difícil rebajar su agujero presupuestario hasta el 0,3 por ciento del PIB exigido por el Ministerio que encabeza Montoro. 


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