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Mas descarta que Rajoy suspenda la autonomía catalana

El Gobierno de Rajoy no se atreverá a ver las calles de Cataluña incendiadas y tomadas por la policía y, por lo tanto, evitará suspender la autonomía. Esta es la tesis con la que trabaja Artur Mas en la recta final de su cruzada soberanista.

Artur Mas, en el Parlamento de Cataluña.
Artur Mas, en el Parlamento de Cataluña. EFE

Está en las manos del Gobierno suspender la autonomía catalana a través del artículo 155 de la Constitución, pero Mariano Rajoy no dará el paso. Esto es lo que se escucha estos días en boca de altos dirigentes de Convergencia, convencidos de que no llegará la sangre al río y, al final, el presidente de la Generalitat podrá negociar una salida razonable con un Gobierno, el que salga de las urnas a final de año, más débil y, por lo tanto, más flexible que el actual. En otras palabras, que si Rajoy es reelegido, acabará bajándose los pantalones.

El artículo 155 de la Constitución permite al Gobierno central “adoptar las medidas necesarias” para obligar a una comunidad autónoma al “cumplimiento forzoso de sus obligaciones”, en el caso de que incumpla con las que establecen la Carta Magna u otras leyes y actúe de forma “que atente gravemente al interés general de España”. Para la ejecución de estas medidas, se faculta al Ejecutivo para dar instrucciones a “todas las autoridades” autonómicas.

Mas prevé que el Gobierno presente dos recursos al Constitucional contra sus medidas, en plena campaña electoral

En la dirección de Convergencia se traducen así las consecuencias que tendría una suspensión de la autonomía. “Para empezar, se producirían multitudinarias manifestaciones en las calles de Cataluña, posiblemente con graves disturbios que darían la vuelta al mundo. Además, el Gobierno se arriesgaría a que los Mossos D´Esquadra no cumplieran sus órdenes, multiplicándose la anarquía. En resumen: un pésimo mensaje para Europa que tendría su coste correspondiente en los mercados”.

Este es el criterio más extendido en la cúpula de Convergencia, donde se espera que Mariano Rajoy actúe de forma proporcionada y, por lo tanto, recurra al Constitucional los pasos que irán aprobándose en el Parlamento catalán en el supuesto de que el bloque soberanista consiga la mayoría absoluta el próximo 27 de septiembre.

Convergencia está convencida de que el primer recurso llegará cuando en la Cámara autonómica se apruebe la declaración del arranque del proceso de independencia. “No tendrá validez jurídica, solo será un gesto político, pero el Gobierno no perderá la oportunidad de dar su respuesta, sobre todo porque le pillará a Rajoy en plena campaña electoral”, aseguran en las filas nacionalistas. En esta declaración que se anticipa solemne, se avanzará la ruta del proceso y se informará de ella no solo al Estado español, sino también a la comunidad internacional, según los planes que maneja Artur Mas.

Apuesta por un Gobierno más abierto a negociar

Su equipo prevé un segundo recurso del Ejecutivo contra la “ley de transitoriedad” que Mas enviará también al Parlament para establecer lo que en Convergencia se denomina el derecho autonómico catalán.

“Con estos dos recursos, en medio de mucho ruido y mucho tremendismo, habremos alcanzado 2016, fecha en la que habrá en Madrid un nuevo Gobierno, previsiblemente minoritario del PP, mucho más débil que el actual y, por tanto, más flexible y dispuesto a la negociación”, aseguran fuentes de Convergencia.

El objetivo de Convergencia es llegar a 2016 y negociar la independencia con un Gobierno débil y en minoría

“Cualquier apertura al diálogo, abundan en el equipo de Mas, será mejor que una suspensión de la autonomía, pues lo único que se conseguiría con ella es bloquear la situación, dejarla en punto muerto sin resolver el problema y perjudicar la imagen de España a nivel internacional”.

Si se cumplieran estas previsiones, probablemente no se llegaría a redactar la constitución catalana que prevé Mas ni se convocaría el referéndum para ratificarla, ni tampoco se celebrarían elecciones constituyentes año y medio después del 27-S. Bastaría, ni más ni menos, conreformar la Constitución española de 1978, posiblemente bajo los parámetros, todavía indefinidos, que viene defendiendo el PSOE desde hace tres años. A Pedro Sánchez le gustaría gestionar este proceso siendo él presidente del Gobierno, pero todo dependerá de lo que digan las urnas dentro de pocos meses, como también del desenlace del 27-S. Todo en el aire.


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