Publicado: 27/10/2012 03:50
La Junta de Castilla y León ha expedientado a una funcionaria que filtró información tanto privada como confidencial de la Consejería de Agricultura y Ganadería y que fue difundida de manera masiva mediante emails anónimos justo antes de las últimas elecciones autonómicas celebradas en mayo de 2011. Los documentos hechos públicos, y que fueron sustraídos de las dependencias de la consejera, Silvia Clemente, detallaban gastos relativos a prendas de vestir y complementos, comidas en establecimientos hosteleros y aparatos electrónicos.
La trabajadora pública, sancionada con un traslado forzoso con cambio de domicilio durante dos años sin derecho a indemnización, fotocopió, entre otros documentos, varias facturas de gastos personales de la titular de la Consejería, las cuales se adjuntaron en los citados correos electrónicos insinuando que habían sido sufragadas con dinero público. Pero una reciente sentencia deja claro que las más personales en realidad fueron abonadas del bolsillo de la consejera, mientras que otros albaranes correspondían a gastos protocolarios.
Según recoge el fallo del Juzgado de lo Social N. 4 de Valladolid -del 25 de julio de 2012-, al que ha tenido acceso Vozpópuli, de los 48 documentos de naturaleza contable y económica que aparecían fotocopiados y que se incluyeron en el dossier anónimo, 6 “se referían a gastos personales de la consejera de Agricultura, pagados por ella misma, sin entrada en el Servicio de Asuntos Económicos” de la citada administración. Los 42 restantes reflejaban gastos “del ámbito de las áreas de la consejera y viceconsejera de Desarrollo Rural y que fueron contabilizados como gastos de atenciones protocolarias y de representación” con el visto bueno de la Intervención General de la Junta.
En este sentido, sobre estos gastos protocolarios y de representación, la Fiscalía Anticorrupción remitió en 2011 denuncia a la Fiscalía de la comunidad autónoma, y con la colaboración de la Intervención General de la Junta de Castilla y León, se investigaron las facturas acordando archivar las diligencias tras estimar que fueron fiscalizados sin tacha ni indicio de delito, según aseguran fuentes judiciales. La Fiscalía, además, señaló que en base a la regulación los gastos protocolarios de la Consejería de Agricultura “no alcanzaron el límite fijado” en la normativa regional.
La investigación del fiscal señaló, por otro lado, que el mencionado email y sus documentos circularon por numerosos foros de internet y su conocimiento estaba muy extendido. Varias publicaciones de ámbito nacional se hicieron eco de ello cargando los gastos personales como de representación. La funcionaria, que por su quehacer laboral tenía acceso a las facturas y albaranes, reconoció en el juicio haber fotocopiado, pero no difundido por internet, su contenido. Según consta en el escrito judicial lo entregó a una persona ajena a la Consejería. La sentencia detalla que la sustracción y fotocopia de los albaranes y facturas se trata de una “falta disciplinaria muy grave prevista en el artículo 95.2.e del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por la Ley de 2007 del 12 de abril”.
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