Un nuevo informe de la UCO "refuerza" las pruebas en Púnica contra un aforado de Cifuentes

Veinticinco folios demoledores. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado recientemente en la Audiencia Nacional la ampliación a un informe que hizo el pasado septiembre sobre el supuesto amaño para la adjudicación a la trama Púnica de un millonario contrato por parte el Ayuntamiento de Móstoles (Madrid) con nuevos datos que "reforzarían la participación del ex alcalde Daniel Ortiz Espejo en el presunto concierto urdido para predeterminar el resultado de la licitación en favor de Cofely", una de las empresas más salpicadas por el escándalo. El documento policial, cuya existencia no era conocida hasta ahora, llegó a la Audiencia Nacional el pasado 28 de marzo y menos de un mes después el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, elevaba a la Asamblea de Madrid un oficio para que certificase la actual condición de parlamentario regional del PP, y por tanto aforado, del ex regidor del municipio madrileño. Es el primer paso para la imputación del diputado de Cristina Cifuentes, presidenta 'popular' de la Comunidad de Madrid.

Las nuevas pruebas contra el diputado regional Daniel Ortiz han sido aportadas de manera voluntaria por uno de sus concejales en el Ayuntamiento de Móstoles

El informe de la UCO, al que ha tenido acceso Vozpópuli, detalla que el motivo para realizar este documento de ampliación es la llegada el pasado mes de octubre a la Audiencia Nacional de nuevas pruebas desconocidas cuando se realizó el anterior documento, fechado el 14 de septiembre. En concreto, se refiere a "dos cadenas de mensajes enviadas por teléfono móvil" en marzo de 2014 entre Daniel Ortiz y el que fuera su concejal de Infraestructuras y Mantenimiento, David Sánchez del Rey. El contenido de dichos mensajes, adelantado entonces por la Cadena Ser, sirve ahora a la Guardia Civil para completar el cronograma de comunicaciones de todo tipo (llamadas, emails, mensajería instantánea...) que intercambiaron entre febrero de 2013 y septiembre de 2014  los principales implicados de la trama para amañar presuntamente a favor de la filial española de Cofely-GDF Suez un contrato de eficiencia energética de 75 millones de euros, el mayor 'pelotazo' de la Púnica destapado hasta ahora.

Según destacan los autores del documento policial, "estas nuevas comunicaciones" permiten alcanzar "conclusiones que reforzarían la participación" del diputado regional ya que las misma, producidas en marzo de 2014, coinciden temporalmente "con la fase de adjudicación del contrato de eficiencia energética". Estos datos son respaldados con las declaraciones que ante la propia Guardia Civil y el juez Velasco hizo como testigo el concejal David Sánchez del Rey, receptor de los mensajes del ex alcalde de Móstoles y que ha sido la persona que finalmente ha aportado de manera voluntaria las nuevas pruebas a la causa. Con ellos, recalca el documento policial, la UCO cree haber terminado de "identificar los acuerdos extraoficiales y ajenos al expediente de contratación con los que se pretendería desechar la oferta del licitador mejor posicionado para lograr la adjudicación y, por tanto, beneficiar, a Cofely".

28 comunicaciones

El minucioso cronograma incorporado ahora al sumario detalla 28 comunicaciones y sitúa los nuevos mensajes que implican al diputado de Cifuentes en octavo y vigésimo quinto lugar del mismo. Así, la primera de estas cadenas ahora incorporadas se produjo el 12 de marzo de 2014, poco antes de las diez de la mañana. En la misma, el ex alcalde de Mostoles da instrucciones al concejal de Infraestructuras "sobre los tiempos en que debería irse desarrollando la fase de adjudicación del contrato [...]. Concretamente, Daniel Ortiz le conminaba a retrasar la apertura de los sobres que contenía la oferta económica: 'No lleves mañana tema oferta económica... Ok?". La UCO destaca a continuación un segundo mensaje de aquel día, en concreto uno en el que el hoy diputado regional tenía "la intención de explicar el porqué de la dilación" tanto a su interlocutor como a otra concejal, Vanesa Martínez, presidenta precisamente de la mesa de contratación "que también jugó un papel relevante" en el concurso amañado.

La Guardia Civil ha incluido los dos mensajes del ex alcalde en un cronograma con 28 comunicaciones entre implicados en la trama que detalla cómo se hizo el amaño

"Estas instrucciones, que a priori pueden paracer irrelevantes, no lo son si las analizaros en el contexto", destaca el nuevo documento policial. Sus autores inciden en que Daniel Ortiz dice lo que hay que hacer en una adjudicación en la que "a priori no tiene potestad" ya que no formaba parte del órgano municipal que iba a decidir sobre ella. En este sentido, la Guardia Civil resalta la declaración que el concejal David Sánchez del Rey prestó como testigo en la comandancia el pasado 27 de octubre y en la que reconocía que no era "habitual" que el entonces alcalde se inmiscuyera en estos asuntos y que si le hizo caso fue porque "lo consideró una orden y la acató". El edil también recalcó que no entendía por qué el regidor "quería retrasa la apertura del sobre 3 [el de la oferta económica] y la lectura del informe del sobre 2".

Para los investigadores, sin embargo, sí existe explicación a esta actitud del hoy aforado. La misma se encuentra en las "comunicaciones paralelas y ajenas al expediente de contratación entre directivos de Cofely y cargos públicos del Ayuntamiento de Móstoles", entre ellos el propio Daniel Ortiz. El objetivo de todos ellos era "encontrar deficiencias" en la oferta que había presentado la empresa Fulton para, de este modo, conseguir que fuera Cofely la que se hiciera con la adjudicación. Las pesquisas han revelado que, para ello, esta última compañía se hizo con documentación del expediente que nunca debió salir del Consistorio y que la UCO sospecha que fue extraída por otro de los ediles presuntamente implicados, Alejandro Utrilla, concejal de Medio Ambiente del municipio y detenido en octubre de 2014 Los agentes recogieron el testimonio de una responsable del Consistorio que les aseguró que las empleadas de limpieza le habían asegurado haber visto a este último "en el Departamento de Contratación en horas en las que no había trabajadores y dando justificaciones incongruentes de su visita".

Segunda cadena de mensajes

La segunda cadena de mensajes que ha provocado el nuevo informe policial se produjo casi dos semanas después. En concreto, el 25 de marzo de 2014. En ella, Daniel Ortiz avisaba al concejal de Infraestructuras de que "mañana creo que tengo la respuesta sobre la documentación que me diste". El informe de la Guardia Civil resalta que "es importante situar en el tiempo este correo para comprender en qué fase de la adjudicación se envió y cuál podría ser su propósito". De hecho, aquel día "ya se había dado lectura al informe de valoración del sobre 2 (criterios subjetivos) y, por tanto, la adjudicación dependía únicamente de aquellos criterios que se evaluaban mediante fórmulas (criterios objetivos que no dejan margen alguno de interpretación)". Por ello, los agentes consideran que el hoy aforado se refería a la documentación sobre los licitadores que había pedido con anterioridad a David Sánchez del Rey y con la que supuestamente Cofely elaboró "un informe anónimo sobre las debilidades" de la oferta de su competidora Fulton, que era la que estaba a punto de llevase el concurso. Es el que supuestamente permitió al Ayuntamiento amañar el contrato para que fuera la multinacional implicada en la trama Púnica la que finalmente se hiciera con él.

Dos directivos de Cofely reconocían en una conversación 'pinchada' que "nadie puede negar que nos han echado una mano en que resultáramos adjudicatarios del contrato" 

Por ello, los agentes concluyen que este segundo mensaje del ex alcalde de Móstoles "refuerza más aún" las pruebas ya recopiladas hasta ese momento sobre el presunto fraude. Y resaltan que, poco después del mismo, Pedro García y Constantino Álvarez, dos de los directivos de Cofely que fueron detenidos en la 'Operación Púnica', hablan de esta supuesta 'ayuda' de Daniel Ortiz y el concejal Alejandro Utrilla en una conversación telefónica intervenida por orden judicial: "Nadie puede negar que nos han echado una mano en que resultáramos adjudicatarios del contrato". La mordida prevista por ello fue de 240.000 euros, de los que ya se habían pagado 6.000 euros cuando la trama fue desmantelada a finales de octubre de 2014. Ahora, el juez Eloy Velasco espera que la Asamblea de Madrid le confirme la condición de aforado de Ortiz para elevar la causa al Tribunal Superior de Justicia de Madrid y actuar contra el diputado regional de Cristina Cifuentes que aún se aferra a su escaño.