EL ÚLTIMO ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN

Los tres aforados de 'Púnica', a un paso de ser imputados tras quedar fuera de las listas del PP para el 24-M

El juez Velasco no había podido hasta ahora actuar contra Salvador Victoria, Jose Miguel Moreno Torres y Mario de Utrilla por su condición de parlamentarios regionales. La disolución de la cámara regional abre la puerta a su próxima citación por su implicación en la trama de corrupción de su correligionario Francisco Granados.

Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre, en un acto del partido del pasado 13 de marzo.
Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre, en un acto del partido del pasado 13 de marzo. EFE

La polémica lista del PP a la Asamblea de Madrid para las elecciones del próximo 24 de mayo tendrá consecuencias más allá del rifirrafe político entre Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre por su elaboración. La ausencia ya anunciada de Salvador Victoria en la misma y la ahora conocida de los hasta ahora parlamentarios regionales José Miguel Moreno Torres, exalcalde de Valdemoro, y Mario de Utrilla, actual regidor de Sevilla La Nueva, abre la puerta al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, para que impute a todos ellos en el 'caso Púnica'. En los últimos meses, los expertos en delincuencia económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han elaborado sendos informes sobre los indicios de implicación de cada uno de estos tres parlamentarios regionales y, por tanto aforados, en la trama de corrupción supuestamente liderada por el exsecretario general del partido en Madrid, Francisco Granados. Ahora, cuando dejen de tener esta protección jurídica, serán citados como imputados a la Audiencia Nacional, según confirman a Vozpópuli fuentes cercanas a la investigación.

Salvador Victoria presentó su ausencia en las lista como una decisión personal. Sin embargo, fuentes del PP aseguran que intentó que se le incluyera hasta el último momento

El primero que anunció su no presencia en las listas del PP para el 24-M fue Salvador Victoria, consejero de Presidencia, Justicia, y portavoz del Gobierno regional. En una rueda de prensa celebrada el jueves de la semana pasada, el 'número 2' del también defenestrado Ignacio González aseguraba que tras una "reflexión personal meditada" y por "motivos personales" no iría en ninguna lista autonómica ni municipal para las elecciones del próximo mes de mayo. Dijo querer "abrir un paréntesis en la primera línea de la actividad política". Una supuesta decisión personal negada desde fuentes del propio partido, que destacaban a este diario que en las semanas anteriores Victoria había movido sus hilos para ir en la candidatura de Cifuentes a la Comunidad de Madrid, la única que le aseguraba el aforamiento, pero que se encontró con el rechazo tanto de la número 1 de la lista como Esperanza Aguirre, que es la que finalmente ha confeccionado la misma.

En el caso de Moreno Torres y Mario de Utrilla su ausencia de la candidatura se ha confirmado este martes, cuando el PP madrileño ha hecho pública la relación de los primeros 75 nombres que aparecerán en la misma. Ninguno de los dos figura en estos puestos que son muchos más de los escaños que el partido conseguirá en los comicios según todas las encuestas. Fuente 'populares' ya daban hace semanas como segura la ausencia del exalcalde de Valdemoro, cuya actitud dentro del grupo parlamentario ha sido muy criticada por sus propios compañeros. La de su compañero de Sevilla La Nueva se ha terminado por saber ahora. A éste le queda aún la esperanza de figurar en las listas a la alcaldía de este municipio de 7.000 habitantes situado al sudoeste de la capital, algo que se conocerá en las próximas horas, según fuentes de la formación. No obstante, su presencia y posible elección en las mismas no frenará la previsible imputación del juez Velasco, ya que los regidores no son aforados

Los informes de la UCO

De este modo, el juez Velasco podrá imputar a dos de los tres en las próximas semanas. Serían Moreno Torres y Utrilla, quienes dejarán de beneficiarse de la especial protección judicial cuando se disuelva la Asamblea, aunque el primero figura como suplente en la Diputación Permanente de la cámara madrileña. Salvador Victoria, sin embargo, la mantendrá mientras forme parte del Ejecutivo regional, del que no saldrá hasta que se constituya el nuevo, algo que se demorará hasta semanas después de las elecciones. Para entonces, la UCO ya habrá finalizado los amplios informes que está elaborando sobre los tres y en los cuales analiza la abundantísima documentación en papel intervenida durante la operación, a la que se suma la recopilada en soporte informático y que ocupa más de 45 terabytes. Un auténtico mar de información en la que han buceado durante semanas en busca de indicios que refuercen los ya hallados sobre los tres miembros del PP, cuyos nombres hasta ahora no han aparecido en informes, aunque sí en algunas diligencias de investigación, como 'pinchazos' telefónicos.

La UCO tiene prácticamente concluidos los informes para el juez Velasco que detallan los indicios de la presunta implicación en la red Púnica de los tres aforados madrileños

Es el caso, como adelantó El País, de Salvador Victoria. Uno de los detenidos en la macrorredada de octubre, José Martínez Nicolás, antiguo cargo de la Agencia Informática y de Comunicaciones (ICM), un organismo público que preside, precisamente, el político salpicado, aseguró ante el juez Velasco que fue el 'número 2' del Ejecutivo autonómico quien le ordenó pedir a la empresa Indra que saldara una deuda de 10.000 euros con Alejandro de Pedro Llorca, detenido también en la 'Operación Púnica' como presunto 'conseguidor' de la misma. De Pedro se dedicaba a mejorar la imagen en las redes sociales y en Internet de políticos, entre ellos la Salvador Victoria y el propio Ignacio González. El magistrado busca pruebas concluyentes de que algunos de dichos trabajos fueron supuestamente sufragados con dinero público y que, para ello, se usaron facturas falsas con la supuesta connivencia de algún directivo de la compañía tecnológica. Para ello, el juez envió el pasado 22 de enero a la UCO a la sede de la Consejería de la Presidencia para requerir todos los contratos sobre reputación en internet que hubiera firmado cualquier organismo de la Comunidad de Madrid con las empresas de Alejandro de Pedro y con las de otro presunto 'conseguidor' de la trama, José Antonio Alonso Conesa, exalcalde socialista de Cartagena (Murcia).

Las sospechas sobre los otros dos aforados implicados no tienen que ver, sin embargo, con los contratos de reputación 'online'. En su caso, las pesquisas se centran en las adjudicaciones que hicieron al frente de los ayuntamientos de Valdemoro y Sevilla la Nueva, respectivamente. Moreno se convirtió en el regidor del primer municipio en 2003, en sustitución precisamente de Francisco Granados, que entonces se convirtió en consejero del Gobierno de Esperanza Aguirre y en uno de sus hombres de confianza dentro del partido. Moreno ocupó el cargo hasta 2011. La Guardia Civil analiza los contratos firmados durante el periodo en el que el ahora parlamentario regional fue regidor en busca de irregulares similares a las que ya ha encontrado durante los mandatos de su antecesor y su sucesor. Moreno, amigo de juventud de Granados, ya tuvo problemas judiciales en 2013 por la adjudicación en 2008 del contrato para celebrar la Cabalgata de Reyes del municipio. La ganadora del concurso fue entonces Waiter Music SA, una de las empresas bajo sospecha de haber servido al dirigente del PP encarcelado para lucrarse de manera irregular.

Acusaciones de su sucesor

Moreno Torres tiene en su contra, además, las revelaciones de su sucesor en el cargo, el también 'popular' José Carlos Boza Lechuga, quien recientemente remitió al juez Eloy Velasco un escrito en el que denunciaba las supuestas irregularidades cometidas por su antecesor. En dicho escrito, Boza Lechuga detallaba hasta 22 'pelotazos' urbanísticos en Valdemoro de los que hacía responsable al hasta ahora parlamentario regional. Por otra parte, varios informes de la Agencia Tributaria incluidos en la parte del sumario que ya no es secreta apuntan a que Moreno Torres es también investigado por el chalé que disfrutaba en Marbella y que estaba en la misma urbanización que otros de Granados y del constructor David Marjaliza. Los expertos de Hacienda destacaban en uno de esos documentos que era precisamente una empresa de este último el que corría conlos gastos de seguridad de dicha vivienda. Las bases de datos tributarias también recogen que el hasta ahora diputado autonómico realizó "pagos por arrendamientos" por 6.000 euros a la misma mercantil de Marjaliza. Eso sí, "únicamente en el año 2006", mucho menos tiempo del que disfrutó como supuesto alquilado del chalé de lujo.

El sucesor de Moreno Torres en la alcaldía de Valdemoro acusó hace unas semanas a éste de estar detrás de 22 'pelotazos' urbanísticos en este municipio

El tercer aforado, Mario de Utrilla, alcalde desde 2007 de Sevilla la Nueva, está bajo la lupa del juez Velasco también por la gestión que ha hecho del consistorio, según fuentes cercanas a la investigación. Utrilla llegó al puesto después de haber sido teniente de alcalde de otra localidad madrileña, Pozuelo de Alarcón, en la época en que su ayuntamiento estaba en manos de la trama Gürtel, con Jesús Sepúlveda, exmarido de Ana Mato, como regidor. En aquella causa, Mario de Utrilla nunca fue imputado aunque su nombre apareció en varias conversaciones intervenidas. Ahora, sin embargo, el escándalo le ha salpicado por partida doble. En primer lugar, porque su hermano Alejandro, concejal de Medio Ambiente en Móstoles, fue detenido por la UCO acusado de cobrar una comisión de la multinacional Cofely GDF Suez, la empresa más salpicada en la 'Operación Púnica' con cuatro directivos detenidos, para que esta mercantil de optimización de energía consiguiera un millonario contrato en este municipio. Cuando se conoció su supuesta implicación en la trama el pasado enero, el alcalde se apresuró a negar cualquier relación del consistorio que encabeza con las empresas salpicadas por la 'Operación Púnica'.


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