El juez de Púnica se pone de plazo final de año para actuar contra el presidente de Murcia

La investigación de la trama Púnica traerá más de un quebradero de cabeza al Partido Popular en el curso judicial 2016/2017. Hace prácticamente un año que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, el juez Eloy Velasco, decidió junto con las fiscales Anticorrupción Carmen García y María Teresa Gálvez trocear en doce piezas separadas esta macrocausa de corrupción.

Tras diez meses de intensa investigación, el pasado mes de julio el instructor dio por cerrada la primera pieza sobre las pesquisas del presunto chivatazo que un guardia civil dio al ex secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, antes de ser detenido por la Guardia Civil en octubre de 2014.

La UCO reactivó la investigación sobre el presidente de Murcia al enviar un duro informe incriminatorio al juez el pasado mes de mayo

Ahora, el objetivo de Velasco es ir cerrando otras piezas en este curso judicial que quedará inaugurado el próximo martes. Según informan fuentes de la investigación a Vozpópuli, el magistrado de la Audiencia Nacional pretende acabar antes de que finalice 2016 con la instrucción de la pieza sobre la Diputación de León y la pieza separada sobre Murcia. Son las dos que están más avanzadas en estos momentos y que pueden ser enviadas en los próximos cuatro meses a juicio.

En el caso de Murcia, tal y como desveló este periódico, el magistrado ha citado a declarar como testigo para el próximo día 13 a un funcionario de Ejecutivo autonómico que en los últimos meses ha remitido a la Audiencia Nacional varias cartas con información sobre las supuestas irregularidades que salpican al presidente 'popular' de dicha autonomía, Pedro Antonio Sánchez. Se trata de A.E.P.M., quien en las misivas asegura trabajar en la Consejería de Educación y Universidades, la cartera que ocupaba en la anterior legislatura el máximo dirigente autonómico cuando tuvo tratos con integrantes de la trama. El juez ha adoptado esta decisión después de que el pasado mes de mayo la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) enviase un informe a la Audiencia Nacional donde recababa los indicios que pesan sobre el político del PP, al que se acusa de haber cometido presuntamente delitos de malversación de caudales públicos y fraude a la administración entre otros relacionados con la corrupción. 

Negocios con el experto en reputación 'online'

Se da la circunstancia de que Sánchez estuvo al frente de la Consejería de Educación de la Región de Murcia hasta las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo cuando se convirtió en el nuevo presidente regional. Actualmente, está siendo investigado por contratar al experto en reputación online de Púnica, Alejandro de Pedro, para mejorar su imagen en las redes sociales. El problema radica en que esos contratos, que se llevaron a cabo en 2014, fueron abonados con dinero público en vez de asumir los costes el propio ex consejero o el partido. Sin embargo, se da la circunstancia de que Pedro Antonio Sánchez se encuentra aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia por su condición de presidente autonómico por lo que Velasco tan sólo puede agotar las pesquisas en torno a él y enviarlas al tribunal competente pero no puede procesarlo. 

Pedro Antonio Sánchez está aforado en la actualidad ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia por lo que Velasco no es competente para procesarlo

Por otro lado, las fuentes jurídicas consultadas explican que Eloy Velasco también tratará dictar el auto de paso a procedimiento abreviado -con el que se concluye la fase de instrucción- antes de Navidades en el caso de la pieza de la Diputación de León. En dicho procedimiento, se investigan los trabajos que Alejandro de Pedro, a través de sus sociedades Eico On y Madiva, hizo para mejorar la reputación en internet del ex presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón y mediar para que se mantuviera en el cargo. 

Según se desprende del sumario de esta causa de corrupción, esta relación inicial se extendió posteriormente a distintos procedimientos de contratación de servicios públicos en la estación de esquí de San Isidro, dependiente de la citada Diputación. Dichos proyectos fueron alterados para que se ajustaran en plazo a las necesidades políticas de Martínez Barazón, y que se garantizara su adjudicación al entorno de De Pedro. El exdirigente popular llegó incluso a instar a la modificación de los pliegos de contratación para favorecer a las empresas del experto en posicionamiento en internet.