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Así actuaba la red corrupta para hacerse con contratos en los ayuntamientos de Madrid

Los representantes de Cofely se reunían con personas cercanas a los alcaldes que actuaban como embajadores y le llevaban el pacto ya preparado.

Vehículos de la Guardia Civil junto a las dependencias del Ayuntamiento madrileño de Collado Villalba, donde ha tenido lugar un registro dentro de la supuesta trama de corrupción municipal y autonómica.
Vehículos de la Guardia Civil junto a las dependencias del Ayuntamiento madrileño de Collado Villalba, donde ha tenido lugar un registro dentro de la supuesta trama de corrupción municipal y autonómica. Efe

Al menos siete Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid cayeron en las redes de Cofely, una empresa especialista en eficiencia energética y sostenibilidad, para firmar contratos a largo plazo de que superaban en algunos casos los 30 millones de euros. Fueron siete, pero hubo más intentos. El auto del juez Velasco da las primeras pistas de cómo trabajaba esta trama, que sacaba provecho “de las relaciones personales e influencias políticas” para “obtener de manera irregular la adjudicación de numerosos contratos públicos”, según el auto.

La trama, según ha relatado a este periódico un alcalde, la empresa primero contactaba con alguna persona que tuviera relación con un concejal, jefe de gabinete u otro trabajador que pudiera llegar al alcalde o alto funcionario, para después organizar una comida en la que se tanteaba a esta persona. Según cómo se desarrollase la conversación, se hacía una propuesta económica con 'mordida' para que al alcalde le llegara una oferta firme.

En el caso que ha conocido este periódico, el edil vio insinuaciones y no permitió al interlocutor que siguiera. “Si te quieres presentar lo haces como el resto”, contestó supuestamente el concejal. La empresa acudió al concurso y quedó en uno de los últimos lugares. Su oferta parece que estaba muy lejos de ser la ganadora, por lo que decidieron no forzar al ver la actitud anticorrupta de los responsables de ese ayuntamiento.

El caso más claro de esta táctica parece haberse producido en Collado-Villalba (Madrid). En esta ocasión el mediador era una persona relacionada con un medio de comunicación, El Faro de Guadarrama. La Guardia Civil detuvo dentro de la Operación Púnica a Víctor Manuel Ortega, director general de la empresa, y a otro empleado del periódico. Ese medio lanzó una campaña contra el anterior alcalde socialista, Juan Pablo González, por la adjudicación de una serie de obras. El juzgado archivó todas las acusaciones, pero los socialistas perdieron la alcaldía, tal y como ha recordado el PSOE estos días.

El juez dice que Víctor Manuel Ortega Martínez “forma parte de la trama organizada para afrontar el pago de los cohechos vinculados al contrato de eficiencia energética de Collado Villalba, cuyo valor es de 39,4 millones de euros”. El auto señala que Ortega actuó como interlocutor entre los miembros del Ayuntamiento implicados y la empresa Cofely. Ya se habría materializado alguno de los pagos de 70.000 euros prometidos, pero se desconoce aún el número exacto. Para regular estos pagos se generaban facturas falsas contra empresas de David Marjaliza, el amigo de Francisco Granados, y la empresa Cofely.

En medios de la oposición se decía esta semana que alguno de los detenidos de El Faro habría puesto en contacto a la empresa Cofely con el alcalde de Villalba, Agustín Juárez, del PP. El PP en Madrid quedó perplejo tras la detención de este primer edil. Joven, recién llegado a la alcaldía, representaba un PP más moderno y tenía muchas aspiraciones. En Villalba señalan que Juárez le debía a este medio de comunicación gran parte de la campaña que le llevó a la alcaldía y habría permitido este acercamiento y aceptado propuestas. Él mantiene que es inocente y ha anunciado una rueda de prensa para el lunes. Si no dimite, el PP le hará una moción de censura y lo echará. El juez dice que existen evidencias de “una concertación del alcalde con la empresa Cofely”, y que los miembros de la corporación recibirían 70.000 euros.

Una vez aprobado el acuerdo por las partes se pasaba a otra fase. Era, como dice el juez en uno de sus autos, “la instrumentalización de los  procedimientos de contratación pública con empresas de la órbita de los investigados”. Estos influían a lo largo de todos los expedientes de contratación, desde su preparación y redacción hasta la valoración de ofertas y la adjudicación.

En el caso de Villalba se da la paradoja de que otro juez paralizó el contrato con Cofely por defectos formales tras una denuncia del PSOE. El pasado jueves, para perplejidad de todos y con el escándalo ya en la calle, el PP aprobó recurrir la sentencia porque consideraban que el contrato con esa empresa era el mejor.


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