LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

El juez Velasco sólo espera ya un informe de la UCO para imputar en el 'caso Púnica' a tres aforados del PP

Son Salvador Victoria, 'número 2' de Ignacio González, el exalcalde de Valdemoro José Miguel Moreno y el regidor de Sevilla la Nueva, Mario de Utrilla, todos diputados autonómicos. La Guardia Civil busca en la documentación intervenida datos que refuercen los indicios que ya hay contra ellos.

Salvador Victoria, junto a Ignacio González, en una imagen de archivo.
Salvador Victoria, junto a Ignacio González, en una imagen de archivo. EFE

Un informe de la Guardia Civil. Esa es la pieza que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, espera tener sobre su mesa para tomar una decisión clave en el sumario del 'caso Púnica': si imputa o no a los tres aforados del PP sobre los que ya hay sospechas de su presunta implicación en la trama de corrupción presuntamente encabezada por el exdirigente regional del partido, Francisco Granados, y su socio y amigo, el empresario David Marjaliza. El documento que elaboran los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto armado se centra, en concreto, en Salvador Victoria, vicepresidente del Gobierno madrileño y, por tanto, 'número 2' de Ignacio González, y José Miguel Moreno Torres y Mario de Utrilla Palombi. El primero fue el sucesor de Granados al frente de la alcaldía de Valdemoro, mientras que el segundo es el actual regidor de la localidad de Sevilla la Nueva, además de hermano de uno de los ya encausados en la operación. Los tres son diputados de la Asamblea de Madrid que se renovará el próximo 24 de mayo.

Si el juez Velasco decida actuar contra ellos y los tres mantienen entonces la condición de parlamentarios regionales, deberá remitir la causa al Tribunal Superior de Justicia de Madrid

En momento concreto en el que la Guardia Civil emita el informe y, sobre todo, en el que el juez Velasco tome una decisión sobre el contenido del mismo tras escuchar a la Fiscalía Anticorrupción puede marcar el devenir de la causa en su futuro más próximo, según reconocen fuentes jurídicas consultadas por este diario. Así, si para entonces los tres siguen siendo parlamentarios regionales, el magistrado deberá remitir la causa al Tribunal Superior de Justicia de Madrid dada su condición de aforados. Sin embargo, si el juez decide actuar cuando la cámara autonómica ha sido disuelta como paso previo a los comicios, al menos Moreno y Utrilla podrían ser encausados en el sumario que se instruye en la Audiencia Nacional. No asi Victoria, quien previsiblemente se mantendrá como 'número 2' del Gobierno autonómico. Sólo si Ignacio González decide imitar a la socialista Susana Díaz, presidenta de la Junta, e incluir a aquellos dos en la diputación permanente de la cámara autonómica, como hizo la líder del PSOE en Andalucía con los 'preimputados por la juez Mercedes Alaya para 'blindarlos' en el caso de los ERE, se mantendrán como aforados. Finalmente, si Eloy Velasco toma la decisión una vez celebrados los comicios de mayo y ellos han sido elegidos -aún no se sabe si formarán parte de la lista del PP-, necesariamente la causa respecto a ellos acabaría en el TSJ de Madrid.

Fuentes cercanas a la investigación consultadas por Vozpópuli no se atreven, por ahora, a fijar un fecha para que la UCO tenga terminado dicho documento. De hecho, para realizarlo, el Grupo de Delitos contra la Administración de la unidad de élite de la Guardia Civil debe analizar buena parte de la abundantísima documentación intervenida durante la operación, parte de la cual no la han tenido disponible para trabajar con ella hasta hace escasos días. Se trata de la recopilada en soporte papel y que durante meses la Audiencia Nacional ha escaneado de modo metódico para extremar al máximo las garantías procesales. El magistrado ha pretendido con ello 'blindar’ su validez legal y evitar futuras maniobras de los abogados defensores para anular una de las piezas claves para sostener las acusaciones. En esta decisión, ha pesado mucho el hecho de que Granados y Marjaliza solicitaran días después de su detención el 'habeas corpus', una figura jurídica con la que pretendían su inmediata puesta en libertad con el argumento de que el arresto había sido ilegal. No lo lograron. Pero es que, además, los agentes de la UCO deben rastrear también la ingente documentación en soporte informático también recopilada y que ocupa más de 45 terabytes. Un auténtico mar de información en la que bucean en busca de indicios que refuercen ls ya hallados sobre los tres miembros del PP, cuyos nombres hasta ahora no han aparecido en informes, aunque sí en algunas diligencias de investigación, como 'pinchazos' telefónicos.

Una deuda de 10.000 euros y otros contratos

Es el caso, como adelantó El País, de Salvador Victoria, consejero de Justicia y Presidencia y hombre fuerte del presidente Ignacio González. Uno de los detenidos en la macrorredada de octubre, José Martínez Nicolás, antiguo cargo de la Agencia Informática y de Comunicaciones (ICM), un organismo público que preside, precisamente, el político salpicado, aseguró ante el juez Velasco que fue el 'número 2' del Ejecutivo autonómico quien le ordenó pedir a la empresa Indra que saldara una deuda de 10.000 euros con Alejandro de Pedro Llorca, detenido también en la 'Operación Púnica' como presunto 'conseguidor' de la misma. De Pedro se dedicaba a mejorar la imagen en las redes sociales y en Internet de políticos, entre ellos la Salvador Victoria y el propio Ignacio González. El magistrado busca pruebas concluyentes de que algunos de dichos trabajos fueron supuestamente sufrados con dinero público y que, para ello, se usaron facturas falsas con la supuesta connivencia de algún directivo de la compañía tecnológica. Para ello, el juez envió el pasado 22 de enero a la UCO a la sede de la Consejería de la Presidencia para requerir todos los contratos sobre reputación en internet que hubiera firmado cualquier organismo de la Comunidad de Madrid con las empresas de Alejandro de Pedro y con las de otro presunto 'conseguidor' de la trama, José Antonio Alonso Conesa, exalcalde socialista de Cartagena (Murcia).

Moreno, sucesor de Granados en la alcaldía de Valdemoro, ya tuvo problemas judiciales en 2013 por una adjudicación a Waiter Music, empresa que 'Púnica' ha destapado como clave de la trama

Las sospechas sobre los otros dos aforados implicados, los parlamentarios regionales José Miguel Moreno y Mario de Utrilla, no tienen que ver, sin embargo, con los contratos de reputación 'online'. En su caso, las pesquisas se centran en las adjudicaciones que hicieron al frente de los ayuntamientos de Valdemoro y Sevilla la Nueva, respectivamente. Moreno se convirtió en el regidor del primer municipio en 2003, en sustitución precisamente de Francisco Granados, que entonces se convirtió en consejero del gobierno de Esperanza Aguirre y en uno de sus hombres de confianza dentro del partido. Moreno ocupó el cargo hasta 2011, cuando fue sustituido por Jose Bozas, también imputado en la causa. La Guardia Civil analiza los contratos firmados durante el periodo en el que el ahora parlamentario regional fue regidor en busca de irregulares similares a las que ya ha encontrado durante los mandatos de su antecesor y su sucesor. Moreno, amigo de juventud de Granados y Marjaliza, ya tuvo problemas judiciales en 2013 por la adjudicación en 2008 del contrato para celebrar la Cabalgata de Reyes del municipio. La ganadora del concurso fue entonces Waiter Music SA, una de las empresas bajo sospecha de haber servido al dirigente del PP encarcelado para lucrarse de manera irregular.

Algo similar ocurre con el tercer aforado al que investiga el juez Velasco, Mario de Utrilla, alcalde desde 2007 de Sevilla la Nueva, un municipio de 7.000 habitantes situados al sudoeste de la capital. Utrilla llegó al puesto después de haber sido teniente de alcalde de otra localidad madrileña, Pozuelo de Alarcón, en la época en que su ayuntamiento estaba en manos de la trama Gürtel, con Jesús Sepúlveda, exmarido de Ana Mato, como regidor. En aquella causa, Mario de Utrilla nunca fue imputado aunque su nombre apareció en varias conversaciones intervenidas. Ahora, sin embargo, el escándalo le ha salpicado por partida doble. En primer lugar, porque su hermano Alejandro, concejal de Medio Ambiente en Móstoles, fue detenido por la UCO acusado de cobrar una comisión de la multinacional Cofely GDF Suez, la empresa más salpicada en la 'Operación Púnica' con cuatro directivos detenidos, para que esta mercantil de optimización de energía consiguiera un millonario contrato en este municipio. Cuando se conoció su supuesta implicación en la trama el pasado enero, el alcalde se apresuró a negar cualquier relación del consistorio que encabeza con las empresas salpicadas por la 'Operación Púnica'. El el juez Velasco decidirá, finalmente, si dice la verdad cuando reciba el esperado informe de la UCO.


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