LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

El juez Velasco prepara ya la segunda fase de la 'Operación Púnica' con una decena de ayuntamientos implicados

La mayoría de los consistorios afectados son de la Comunidad de Madrid y del PP, pero también hay en otras provincias y de otros partidos. Las detenciones no se realizarán, previsiblemente, hasta después de las elecciones del próximo 24 de mayo.

Dos agentes de la UCO se llevan a uno de los detenidos dentro de la 'Operación Púnica'.
Dos agentes de la UCO se llevan a uno de los detenidos dentro de la 'Operación Púnica'. EFE

Las detenciones de la Operación Púnica no acabaron el pasado 27 de octubre. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, prepara para las próximas semanas una segunda fase de la misma después de que en los últimos días haya recibido diversos informes de laUnidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil con el análisis de buena parte de la documentación intervenida durante los registros de entonces. En concreto, el magistrado estudia centrar las pesquisas en los contratos que algunos ayuntamientos firmaron con la multinacional de eficiencia energética Cofely, pero también en otras administraciones que contrataron con fondos públicos al presunto 'conseguidor' de la trama, Alejandro de Pedro, trabajos de 'reputación online' y los que realizaron adjudicaciones a la empresa de espectáculos Waiter Music, supuestamente utilizada por el exdirigente 'popular' Francisco Granados para enriquecerse de manera irregular. En total, el magistrado estudia ordenar actuar en más de una decena de consistorios, la mayoría en la Comunidad de Madrid y gobernados hasta ahora por el PP. La fecha, muy posiblemente después de las elecciones municipales y autonómicas del próximo 24 de mayo.

Todo apunta a que esta segunda fase de la 'Operación Púnica' se desarrollará después de las elecciones municipales y autonómicas del 24-M

Así lo han confirmado a Vozpópuli fuentes cercanas a la investigación que destacan la importancia que va a tener para esta segunda fase la abundante documentación que han hecho llegar a la Audiencia Nacional y a la Guardia Civil de modo espontáneo funcionarios de diferentes consistorios en relación con adjudicaciones a empresas de la trama. También han aportado numerosa información los cerca de 150 interrogatorios a testigos e imputados que en los últimos meses ha realizado el juez Velasco, parte de los cuales se han conocido en los últimos días tras levantarse el secreto de sumario. Así, durante la toma de declaración al regidor de Parla, José María Fraile, detenido en la redada de octubre, una de las fiscales del caso detalló en sus preguntas el modo de actuar y de repartirse las supuestas comisiones con Cofely, filial de la francesa GDF-Suez. "Aquí cobramos nosotros, cobran ellos, cobro yo, cobras tu, cobramos todos", se escucha decir en una intervención telefónica a uno de los implicados tras amañar un falso informe de auditoría en el contrato de Parla por el que supuestamente se iban a embolsar el 2% de los 66 millones del importe total.

"Infiltrados en los ayuntamientos"

De hecho, Cofely, cuatro de cuyos directivos en España están imputados, representa una de las principales líneas de investigación, sobre todo por el volumen de dinero de los contratos de eficiencia energéticas que firmaron. Para ello, contaba con el apoyo del constructor David Marjaliza, socio y amigo de Granados, y de su empresa Ruta Energética. Según detalló la Fiscalía Anticorrupción durante la comparecencia ante el juez Velasco de uno de los altos cargos de la multinacional, José Antonio Hernández, los representantes de esta compañía acudían a los concursos públicos para ganar "con absoluta seguridad, ya que se infiltraban en los ayuntamientos y obtenían las valoraciones de las otras ofertas", incluidos los baremos económicos que ofrecían sus competidores. "Se hacían sugerencias en los pliegos y se exigía que se acomodaran a la oferta que iba a presentar Cofely".

La investigación ha destapado que directivos de la empresa Cofely se "infiltraban en los ayuntamientos" para acaparar adjudicaciones multimillonarias

En este sentido, una técnico del consistorio de Parla aseguró en su declaración en la Audiencia Nacional que a ella le entregaron el pliego ya elaborado y que uno de los comerciales de la compañía, Pedro García, también detenido en octubre, acudía a las instalaciones municipales y se reunía con el propio alcalde y otros miembros de su equipo para añadir o quitar cláusulas al contrato. Una de éstas era la obligación de realizar una auditoría sobre la ejecución del contrato por parte de una empresa externa a la que el Ayuntamiento iba a abonar el 2% del importe de la adjudicación. Esa sociedad era la sociedad de Marjaliza. Según detalló la representante de Anticorrupción en sus preguntas a Fraile, dichos informes de auditoría eran finalmente elaborados por un trabajador de Cofely que "luego le pone el logo de Ruta Energética".

Reputación 'online' bajo sospecha

La segunda línea de investigación es la abierta entorno a EICO Online Reputation Management SL, la empresa del 'conseguidor' Alejandro de Pedro que realizaba trabajos de 'reputación online' para políticos y entidades. Hasta ahora, la misma ya ha supuesto la imputación de Isabel Gallego, jefa de campaña de Esperanza Aguirre, y ha puesto contra las cuerdas a Salvador Victoria, 'número 2' del Gobierno madrileño y aforado. Una de las trabajadoras de la compañía de De Pedro reconoció al juez Velasco que habían realizado trabajos para relegar a lugares secundarios en los buscadores de Internet las noticias negativas sobre el ático en Marbella del presidente Ignacio González, y el polémico cheque guardería que recibió su consejera de Educación, Lucía Figar. Sin embargo, la trabajadora admitió también que mediante 60 diarios digitales 'zombis' se había hecho algo parecido con responsables de los ayuntamientos de Majadahonda, Alcobendas, Valdemoro, Coslada y Collada Villalba, todos ellos de la Comunidad de Madrid y gobernados por el PP. La relación con EICO y el 'conseguidor' también ha salpicado al actual consejero de Educación del Gobierno de la Región de Murcia y candidato a la presidencia de esta comunidad, Pedro Antonio Sánchez, como adelantó el viernes ese diario.

Una empleada del 'conseguidor' de la trama reveló al juez que al menos cinco consistorios madrileños contrataron trabajos de reputación 'online' bajo sospecha

Finalmente, las pesquisas entorno a Waiter Music, la empresa de festejos presuntamente relacionada con Granados, también salpica a varios consistorios madrileños. Uno de ellos es, precisamente, de nuevo Coslada, donde el PP gobierna en minoría. Su equipo de gobierno otorgó a esta compañía por decreto la organización y producción de las actuaciones musicales en las fiestas mayores de los tres últimos años. La empresa bajo sospecha, cuyo dueño fue uno de los detenidos en octubre en la primera fase de la Operación Púnica, fue la única a la que el Consistorio invitó a presentarse, siempre por la vía de urgencia y procedimientos negociados sin publicidad. La web de Waiter Music presumía de trabajar para otros 26 municipios de la Comunidad de Madrid. Varios de ellos están ya bajo la lupa del juez Velasco y la Guardia Civil por dichas adjudicaciones.

TRES AFORADOS, 'EN CAPILLA'

Las próximas elecciones autonómicas del 24-M dejarán sin aforamiento a tres destacados miembros del PP madrileño que se han visto salpicados por el escándalo del 'caso Púnica' y, por tanto, dejarán vía libre al juez Eloy Velasco para actuar contra ellos. Se trata, en concreto, del 'número 2' del Ejecutivo madrileño, Salvador Victoria, y de los parlamentarios regionales José Miguel Moreno Torres, exalcalde de Valdemoro, y Mario de Utrilla, actual regidor de Sevilla La Nueva y que no repite como cabeza de lista en este municipio. En los últimos meses, los expertos en delincuencia económica de la UCO han elaborado sendos informes sobre los indicios de implicación de cada uno de estos tres parlamentarios regionales y, por tanto aforados, en la trama de corrupción. Ahora, cuando dejen de tener esta protección jurídica, serán citados como imputados a la Audiencia Nacional, según confirman a Vozpópuli fuentes cercanas a la investigación.

Moreno Torres y Utrilla serán los primeros en dejar de beneficiarse de la especial protección judicial cuando se disuelva la Asamblea, aunque el primero figura como suplente en la Diputación Permanente de la cámara madrileña. Salvador Victoria, sin embargo, la mantendrá mientras forme parte del Ejecutivo regional, del que no saldrá hasta que se constituya el nuevo, algo que se demorará hasta semanas después de las elecciones. Para entonces, la Guardia Civil ya habrá finalizado los amplios informes que está elaborando sobre los tres y en los cuales analiza la abundantísima documentación en papel intervenida durante la operación, a la que se suma la recopilada en soporte informático y que ocupa más de 45 terabytes. A Salvador Victoria se le relaciona con los contratos de reputación 'online' firmados con el 'conseguidor' de la trama con el Gobierno de la Comunidad de Madrid, mientras que las pesquisas sobre los otros dos se centran en las adjudicaciones que hicieron al frente de los ayuntamientos de Valdemoro y Sevilla la Nueva, respectivamente. 


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