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El juez Velasco decreta prisión sin fianza para cinco imputados y fianzas para otros 15

Entre miércoles y jueves, el juez de la Audiencia Nacional ha tomado declaración a 27 detenidos y ha dictado prisión incondicional para cinco de ellos, prisión eludible con fianza a otros trece, libertad con fianza para dos y siete han quedado en libertad.

Los interrogatorios terminarán previsiblemente este viernes
Los interrogatorios terminarán previsiblemente este viernes Efe

El juez Eloy Velasco ha enviado este jueves a prisión sin fianza al presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez (PP), al alcalde de Valdemoro, José Carlos Boza (PP) y a uno de los supuestos cabecillas y "conseguidor" de contratos públicos de la trama Púnica, Alejandro de Pedro Llorca, según recoge Efe. 

En la segunda ronda de declaraciones en la Audiencia Nacional a los detenidos en la trama de corrupción municipal y regional destapada en la operación Púnica esta semana, Velasco ha interrogado a quince personas, de las cuales solo una ha quedado en libertad, mientras que ha dictado prisión incondicional para cinco y eludible bajo fianza de entre 300.000 y 25.000 euros para nueve acusados.

Así, junto a Martínez, Boza y De Pedro, ha enviado a prisión sin posibilidad de pagar fianza a Ana María Ramírez, secretaria del David Marjaliza, el socio de Francisco Granados, y un empleado de la empresa Cofely, Pedro García Pérez.

La fianza más alta que ha impuesto ha sido de 300.000 euros para el empresario José Luis Huerta, propietario de Waiter Music, y el único acusado que ha quedado en libertad ha sido el exalcalde de Cartagena Jose Antonio Alonso.

Quienes no han acudido este jueves a la Audiencia Nacional son dos de los principales imputados en la trama, el exconsejero madrileño y ex secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, así como su socio David Marjaliza. Los dos han presentado esta noche sendas denuncias de 'habeas corpus' en dos juzgados de guardia de la Comunidad de Madrid por considerar que su detención se ha prolongado indebidamente -más allá de las 72 horas que marca la detención policial- y han exigido su inmediata puesta en libertad. Sin embargo, Velasco dictó ayer por la tarde un escrito por el que daba por transformadas las diligencias de policiales a judiciales, por lo que, a juicio del magistrado, en ese momento empezaba a contar otro nuevo plazo de 72 horas de arresto.

Granados comparecerá esta misma noche ante el juzgado de instrucción número 2 de Majadahonda mientras que Marjaliza hará lo mismo ante el juzgado de Colmenar Viejo, y en ambos casos, los jueces de guardia deberán resolver si ponerlos o no en libertad tras escucharlos.

Amaños en contratos en León

Según el auto dictado este jueves por el juez, el presidente de la Diputación de León habría puesto en marcha procedimientos de contratación vinculados a la estación de esquí de San Isidro en los que únicamente resultarían invitadas empresas vinculadas a Alejandro de Pedro. Todo ello "a cambio de que este hiciera uso de su red de influencias entre altos cargos del PP para continuar como presidente de la Diputación de León".

Martínez, añade, "tendría participación en alguna de las empresas que resultarían adjudicatarias de los concursos, incurriendo presuntamente en los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, revelación de secretos, tráfico de influencias, cohecho y fraude". Ante esta situación, el PP de Castilla y León ha abierto expediente disciplinario para expulsarle del partido, y le ha pedido que deje todos sus cargos o adoptará medidas para que así sea.

En relación a De Pedro, el juez le sitúa como "cabeza de un importante entramado de tráfico de influencias alternativo" al de Marjaliza. Velasco afirma en el auto que para los dos "conseguidores" de la trama -De Pedro y Marjaliza- la red era "un auténtico modus vivendi" y que existe una alta probabilidad de reincidencia en vista de "las redes clientelares descubiertas" en la investigación.

En relación a Boza, el juez dice que ha favorecido "de manera continuada" a empresas vinculadas a Marjaliza y otros empresarios en materia de contratación pública y promoción urbanística. Lo hizo, agrega, mediante adjudicaciones irregulares, revelación de información y "otras conductas que han subordinado el interés público y la objetividad e imparcialidad de la administración a los intereses particulares de ciertos empresarios".

Por otra parte, los alcaldes de Torrejón de Velasco (PP), Gonzalo Cubas, y de Parla, Jose María Fraile (PSOE), han sido excarcelados tras pagar las fianzas de 60.000 euros que ayer les impuso el juez.

Entre miércoles y jueves, Velasco ha tomado declaración a 27 detenidos y ha dictado prisión incondicional para cinco de ellos, prisión eludible con fianza a otros trece, libertad con fianza para dos y siete en libertad.


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