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La 'Operación Púnica' también acorrala a Granados por la trama de espionaje en el PP de Madrid

Uno de los contratos reclamados a la Comunidad de Madrid tuvo como beneficiaria a la asociación de Castor Iglesias, el perito del que se valió el exconsejero de Justicia para negar su vinculación con la presunta 'gestapillo' que hizo seguimientos a dirigentes populares. 

La investigación desarrollada por la Guardia Civil en el marco de la Operación Pública también alcanza a la trama de espionaje que destapó la caja de los truenos en el PP de Madrid. Entre la amplia documentación que la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado ha requerido a la Comunidad de Madrid figura un contrato de servicio de intérpretes judiciales firmado en 2010 por la Consejería de Justicia, Interior y Presidencia que entonces dirigía Francisco Granados, hoy en prisión.

Dos empresas fueron las beneficiarias de esta adjudicación en dos lotes: Seprotec, Traducción e Interpretación SL, que ganó el primero de 1,1 millones de euros, y la Asociación Española de Peritos Tasadores Judiciales (AEPTJ), que se hizo con el segundo por un importe de 900.000 euros. ¿Por qué ha pedido ahora la Guardia Civil este contrato? La respuesta apunta a un nombre, Castor Iglesias, y su relación con Francisco Granados.  

Castor Iglesias es el presidente de la Asociación Española de Peritos Tasadores Judiciales (AEPTJ), entidad a la que el Gobierno regional encargó los "trabajos de interpretación y traducción de idiomas destinados a los órganos jurisdiccionales y fiscalías de la Comunidad de Madrid" durante dos años. Apenas once meses antes de esta adjudicación, que se formalizó el 15 de febrero de 2010, Iglesias redactó un informe caligráfico a encargo del propio Granados que exoneraba al funcionario de su departamento, José Manuel Pinto, como redactor de los informes sobre presuntos seguimientos a altos cargos del PP.

Apenas once meses antes de la adjudicación a su asociación, Iglesias redactó un informe caligráfico encargado por Granados para desvincularle de la trama 

Estos trabajos de espionaje se habrían realizado fundamentalmente sobre dos dirigentes populares: el exconsejero Alfredo Prada y el exvicealcalde de Madrid Manuel Cobo, ambos enfrentados con Esperanza Aguirre, cuya figura había sonado en 2008 para competir por la dirección nacional del PP contra Mariano Rajoy. La diputada nacional del PP Carmen Rodríguez Flores también apareció en uno de los partes que elaboraba esta "gestapillo", según la denominó Cobo, el que fuera mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón.

El funcionario José Manuel Pinto estaba a las órdenes del entonces director general de Seguridad, el expolicía nacional Manuel Sergio Gamón, quien también tenía como subordinados a Miguel Castaño, subdirector general, y a los exguardia civiles José Oreja Sánchez, Antonio Coronado y José Luis Caro Vinagre. El informe caligráfico que elaboró Iglesias ha sido esgrimido por Granados para desmontar la versión de los peritos de la policía, que señalaron a Pinto como autor de las anotaciones en los partes de seguimiento. El exconsejero de Esperanza Aguirre llegó a ensalzar en la Asamblea de Madrid la "seriedad y rigurosidad" del trabajo de Iglesias, de quien dijo que no podía ser sospechoso de nada porque había sido "concejal del Partido Socialista" en el Ayuntamiento de Madrid con Tierno Galván. 

Ahora, uno de aquellos empleados de la Consejería de Justicia, Interior y Presidencia, José Luis Caro Vinagre, ha vuelto a aparecer en el auto dictado ayer por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco para mandar a prisión a Francisco Granados como cerebro de la Operación Púnica. Según el instructor, bien Granados o bien "su amigo José Luis Caro Vinagre" habrían requerido al guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino que realizara "activas gestiones para obtener más información acerca de la investigación" dirigida desde hace unos meses contra el exsecretario general del PP de Madrid y su socio, el empresario David Marjaliza. El juez ha dejado en libertad con cargos a Rodríguez Talamino tras imputarle un presunto delito de revelación de secretos por "poner en grave riesgo" la operación. Este agente en activo habría dado el soplo a Granados.

El posible inicio de nuevas diligencias

Con la petición del contrato de 900.000 euros que recibió la Asociación Española de Peritos Tasadores Judiciales (AEPTJ), la Guardia Civil desbroza el camino a la jueza de Instrucción número 5 de Madrid, Carmen Valcarce, que todavía investiga la trama de espionaje en el PP de Madrid. Precisamente, el propio Granados declaró como testigo, a petición de la diputada Carmen Rodríguez Flores, el pasado septiembre y negó que tuviera conocimiento de seguimientos a dirigentes del PP.

Durante su declaración, que duró aproximadamente una hora, el exconsejero subrayó que el responsable de Seguridad en su departamento, Sergio Gamón, ya estaba en ese puesto cuando él llegó a esa cartera. Recalcó que Gamón había sido designado por el anterior consejero de Justicia, Alfredo Prada.

Además, Granados admitió que, a raíz de la denuncia de los supuestos seguimientos, se reunió por separado con los exguardias civiles imputados y les ofreció el apoyo jurídico del Gobierno regional. 

La magistrada tiene en su mano archivar el proceso judicial o incoar el procedimiento para que se juzgue por un jurado popular al tratarse de un delito de malversación de caudales. El contrato que firmó Granados con la AEPTJ, que será aportado a la instrucción, puede desencadenar nuevas diligencias. La causa ha sido archivada en dos ocasiones, pero la Audiencia Nacional la ha vuelto a abrir.


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