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La Fiscalía Anticorrupción investigará si la 'red Púnica' favoreció a familiares de Esperanza Aguirre

Anticorrupción revisa las adjudicaciones de Francisco Granados en su etapa de Gobierno ante la sospecha de que la 'trama Púnica' favoreció a familiares y amigos de altos cargos de la Comunidad de Madrid. Entre las operaciones que revisa figura la adjudicación en 2008 a la empresa de Marta Gil de Biedma, prima de Esperanza Aguirre, a la que se adjudicó el contrato de vigilancia y seguridad de Presidencia, Vicepresidencia e Interior.

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Francisco-Granados-y-Esperanza-Aguirre-en-un-acto-del-PP- EFE

La 'trama Púnica' encabezada por Francisco Granados no está siendo investigada únicamente por cobrar comisiones a empresas a cambio de adjudicaciones de contratos públicos. Anticorrupción también quiere saber si sirvió para favorecer los intereses de familiares de altos cargos de la Comunidad de Madrid a cargo de las arcas públicas. Las denuncias de nepotismo salpican a Esperanza Aguirre cuyas dos primas fueron contratadas en CEIM (la Confederación Empresarial Madrileña, presidida por Arturo Fernández) a cambio de favores políticos, un ángulo que será posiblemente investigado más adelante. Pero además, las sombras de duda sobre la ex presidenta afectan a contratos públicos, según fuentes de la causa.

Fuentes de la investigación analizan dos operaciones que salpican a la ex presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre:

  • En el año 2008, Francisco Granados adjudicó los contratos de vigilancia y seguridad de Presidencia, Vicepresidencia, Portavocía y las consejerías de Presidencia e Interior a la empresa en la que era secretaria del consejo de administración Marta Gil de Biedma, la prima de Esperanza Aguirre. El contrato, con número de expediente 03-AT-60.3/2007, fue adjudicado el 11 de marzo de 2008 por valor de 2.651.106,65 euros y firmado en nombre de Segur Ibérica por el director general, José Luis Novales.
  • Un año después, en 2009, Granados adjudicó mediante concurso urgente el contrato de vigilancia y seguridad de la Consejería de Justicia a la empresa Eas Tecno System, S.A. a la que se había trasladado también como director general el mismo José Luis Novales. En esa ocasión, el contrato fue de 9,3 millones de euros. El pliego de condiciones exigía que la adjudicataria tuviera una cifra de negocio mínima de 8 millones anuales. Eas Tecno System obtuvo el contrato pese a no cumplir con ese requisito: declaró ingresos de sólo 1,23 millones en 2004; de 2,98 en 2005 y de 4,6 en 2006, el último ejercicio presentado antes de obtener la adjudicación. Ésta se produjo, además, en tiempo récord: el concurso se convocó un 26 de junio y la prestación de servicios comenzó cuatro días más tarde, el 1 de julio y Esperanza Aguirre tuvo que comparecer públicamente aquel verano para defender el proceso de adjudicación tras las sospechas que rodearon a su portavoz. 

José Luis Novales fue administrador único de la empresa hasta el 6 de junio de este año, cuando fue sustituido por Ignacio Súarez. Eas Tecno System S.L. no figura en la lista de cerca de 120 empresas investigadas en la 'Operación Púnica' hasta el momento pero fuentes de la causa apuntan que nuevas mercantiles serán incluidas cuando avance la investigación ya que se están revisando los contratos en orden cronológicamente inverso, por lo que los contratos de 2008 y 2009 serán los últimos en ser analizados por Anticorrupción. 

259 registros hasta el momento

La 'Operación Púnica suma hasta el momento una veintena de registros, una docena más de requerimientos de información, además de haberse bloqueado centenares de bienes inmuebles y cuentas bancaria. Todo ello relacionado con la contratación pública del antiguo Consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, o su entorno 

Además, la Junta de Castilla y León ha remitido a la Audiencia Nacional la adjudicación de contratos en favor de la empresa Cofely, a la que otorgó contratos por valor de 5,7 millones de euros entre 2002 y 2014, y ha recordado que ninguno de ellos "está siendo investigado por la Audiencia Nacional" dentro de la operación Púnica. El portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, ha explicado que la relación con Cofely de la Junta de Castilla y León se basa en contratos, la mayor parte menores, sobre trabajos de mantenimiento de calefacciones, refrigeración y energía, y de los 5,7 millones, el 6,8 por ciento -392.000 euros- corresponden a pagos de la administración general de la Comunidad y el 83,3 por ciento a pagos de la Gerencia de Salud en el área de atención de Medina del Campo (Valladolid). La mayor parte de los contratos se centran en Ávila y Valladolid, donde Cofely tiene oficinas. 


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