POR LOS CONTRATOS DE LA COMUNIDAD CON UNO DE LOS 'CONSEGUIDORES' DE LA TRAMA

La red Púnica se cobra una nueva víctima en Madrid: imputada la jefa de prensa de Aguirre

Isabel Gallego se niega a responder este viernes a las preguntas de la Guardia Civil sobre los contratos firmados por la Comunidad de Madrid con la empresa de reputación 'online' de Alejandro de Pedro, uno de los 'conseguidores' de la red de corrupción. La investigación de estas adjudicaciones también salpica al actual 'número 2' del gobierno regional, Salvador Victoria.

Esperanza Aguirre en un acto de campaña de las municipales y autonómicas
Esperanza Aguirre en un acto de campaña de las municipales y autonómicas Gtres

Imputada y callada. Isabel Gallego, directora general de Medios de Comunicación de la Comunidad de Madrid y actual jefa de prensa de campaña de Esperanza Aguirre, ha acudido este viernes a dependencias de la Guardia Civil a declarar como imputada dentro del 'caso Púnica' que investiga una trama de corrupción que tenía como uno de sus cabecillas al exdirigente regional del PP Francisco Granados. Los agentes querían interrogarla por su participación en la adjudicación de varios contratos de reputación 'online' a las empresas de Alejandro de Pedro Llorca, detenido el pasado 27 de octubre y considerado uno de los 'conseguidores' de la red. La firma de Gallego figura en algunos de ellos, según diversas fuentes. La alto cargo se ha acogido a su derecho a no declarar ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO). Según fuentes 'populares', la candidata a la alcaldía de Madrid mantendrá en su puesto a Gallego pese a esta imputación. 

El juez Velasco ordenó a la UCO en enero requisar expedientes y facturas en la sede de la Oficina de Comunicación del Gobierno madrileño, que dirige Gallego

La línea de investigación que afecta a una de las personas de la máxima confianza de la candidata 'popular' al Ayuntamiento es la misma que también salpica al actual 'número 2' del Ejecutivo madrileño, Salvador Victoria, cuya condición de aforado le ha evitado hasta ahora ser imputado. De hecho, fueron las declaraciones de uno de los detenidos el pasado octubre, José Martínez Nicolás, consejero delegado de la Agencia de Informática y de Comunicaciones (ICM) de la Comunidad, adscrita a la Consejería de Presidencia, las que pusieron a los investigadores sobre esta pista. Este alto cargo aseguró que si pidió a la empresa Indra, uno de cuyos directivos también está imputado, que pagase facturas de las empresas de De Pedro fue porque se lo ordenó directamente su superior, el vicepresidente madrileño. Sus declaraciones estaban respaldadas por pinchazos telefónicos y SMS intervenidos durante la investigación.

A raíz de este testimonio, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, ordenó a la UCO acudir el pasado mes de enero a las sedes de tres organismos de la Comunidad de Madrid para que requisaran todos los contratos y facturas de los últimos cinco años firmados por dichos organismos con varias empresas relacionadas con la trama Púnica. Así, los agentes acudieron al Departamento de Contrataciones de la Comunidad de Madrid, a la propia Agencia de Informática y de Comunicaciones (ICM) y a la Oficina de Comunicación del Gobierno madrileño, dirigida por la ahora imputada Isabel Gallego. Allí intervinieron numerosos expedientes públicos y facturas relacionados con pagos por más de 60.000 euros a las compañías de De Pedro.

A la busca de contratos con cinco empresas

En concreto, la Guardia Civil buscaba las adjudicaciones realizadas a las dos empresas del 'conseguidor', Eico Online y Maldiva Editorial, pero también los que se hubieran firmado con otras tres mercantiles de la trama, Apsara, Atalia y Centro Audiovisual de Inversiones, vinculadas todas ellas a otro de los presuntos integrantes de la trama, el exalcalde socialista de Cartagena (Murcia) José Antonio Alonso Conesa. Las pesquisas apuntan a que se pagaron con dinero público campañas de imagen en Internet para mejorar tanto la reputación de Salvador Victoria como la del propio presidente de la Comunidad, Ignacio González. Es, precisamente, por estas campañas por las que ha sido imputada Isabel Gallego, quien desde los gobiernos de Aguirre ha ocupado el puesto de directora general de Medios de Comunicación del gobierno autónomo. Desde el Ejecutivo regional siempre han negado la existencia de irregularidades en los mismos.

La amenaza de la imputación por el 'caso Púnica' se cierne también sobre tres aforados del PP, entre ellos el 'número 2' del Gobierno regional, Salvador Victoria

El nombre de Isabel Gallego se une, de este modo, a los de otros tres destacados miembros del PP investigados en la causa, aunque estos últimos no han sido aún imputados por su condición de aforados. Se trata del ya mencionado Salvador Victoria, y de los diputados de la Asamblea de Madrid José Miguel Moreno Torres y Mario de Utrilla Palombi. El primero fue el sucesor de Granados al frente de la alcaldía de Valdemoro, mientras que el segundo es el actual regidor de la localidad de Sevilla la Nueva, además de hermano de uno de los ya encausados en la operación. El juez Eloy Velasco ya ha encargado a la UCO sendos informes sobre las supuestas relaciones de los tres con la trama de corrupción que aún no están terminados.

Cuando el magistrado los tenga sobre la mesa, deberá decidir sobre cómo actuar con ellos. Así, si para entonces los tres siguen siendo parlamentarios regionales, el magistrado deberá remitir la causa al Tribunal Superior de Justicia de Madrid dada su condición de aforados. Sin embargo, si el juez decide actuar cuando la cámara autonómica ha sido disuelta como paso previo a los comicios, al menos Moreno y Utrilla podrían ser encausados en el sumario que se instruye en la Audiencia Nacional. No así Victoria, quien previsiblemente se mantendrá como 'número 2' del Gobierno autonómico. Sólo si Ignacio González decide imitar a la socialista Susana Díaz, presidenta de la Junta, e incluir a aquellos dos en la diputación permanente de la cámara autonómica, como hizo la líder del PSOE en Andalucía con los 'preimputados por la juez Mercedes Alaya para 'blindarlos' en el caso de los ERE, se mantendrán como aforados. Finalmente, si Eloy Velasco toma la decisión una vez celebrados los comicios de mayo y ellos han sido elegidos -aún no se sabe si formarán parte de la lista del PP-, necesariamente la causa respecto a ellos acabaría en el TSJ de Madrid. En el caso de Isabel Gallego no existía este problema ya que su condición de alto cargo no le suponía ningún privilegio judicial. Eso sí, el silencio ha sido su primera 'defensa'.


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