DOS MESES DEL GOLPE A LA CORRUPCIÓN

Cofely suma 1,9 M. en contratos públicos tras el arresto de sus cuatro directivos en la Operación Púnica

La multinacional, epicentro de la red de corrupción, sigue logrando adjudicaciones de la Administraciones dos meses después de que la Guardia Civil detuviera a sus máximos responsables dentro del golpe en el que cayó Granados y su socio Marjaliza.

Didier Mautice, director general de Cofely, y José María Fraile, alcalde de Parla, ambos detenidos en la operación.
Didier Mautice, director general de Cofely, y José María Fraile, alcalde de Parla, ambos detenidos en la operación. COFELY

Dos meses después de que la 'Operación Púnica' permitiera a la Guardia Civil desmantelar una trama de amaño de contratos públicos, la principal empresa salpicada por el escándalo, Cofely España SAU, sigue acaparando adjudicaciones de la Administración. Filial de la multinacional francesa GDF-Suez, esta empresa dedicada a la eficiencia energética ha logrado hacerse en los dos meses que han transcurrido desde que el pasado 27 de octubre la Unidad Central Operativa (UCO)detuviera a sus cuatro principales directivos con seis adjudicaciones por un valor superior a los 1,9 millones de euros. Madrid, Canarias, Asturias, Zaragoza y Cataluña son las comunidades donde ha seguido haciendo negocio a costa de las arcas públicas pese a que tras los arrestos muchos organismos públicos pusieron en cuarentena los contratos firmados con la misma.

El mismo día que eran detenidos los cuatro directivos de Cofely, la Plataforma de Contratación hacía pública la adjudicación a la compañia de un contrato de más de 825.000 euros

La 'Operación Púnica', en la que además fueron detenidos el exdirigente del PP en Madrid Francisco Granados y su socio, el empresario David Marjaliza, destapó que Cofely era algo más que un simple cliente de los 'conseguidores' de la trama de corrupción. De hecho, se había convertido en el epicentro de la misma y con intención de empezar a operar por su cuenta en el supuesto amaño de las adjudicaciones. Uno de los detenidos, Pedro Pérez García, director de mercado público de la compañía, fue señalado por el juez Eloy Velasco en el auto por el que le mandó a prisión como "el principal interlocutor y articulador de la red de tráfico de influencias y de pago de cohechos de la que se servía esta empresa". La matriz francesa los destituyó a él y a los otros tres directivos días después de su arresto y anunció una auditoria interna. Sóo durante los nueve meses que duraron las pesquisas de la Guardia Civil, Cofelý se había hecho con 166 millones de euros en contratos supuestamente fraudulentos.

Un ritmo que parece no haber descendido desde las detenciones. Así, el mismo día que se producían los arrestos, la Plataforma de Contratación del Estado hizo oficial la adjudicación a esta compañía 'Púnica' del "servicio de mantenimiento integral de instalaciones y edificios de los Campus del Instituto de la Salud Carlos III en Majadahonda y Chamartín", en Madrid. Un contrato de 826.858,34 euros, el más elevado con diferencia de los conseguidos en los dos últimos meses. En la puja por lograrlo, Cofelý sólo había contado con una empresa rival, a la que había doblado en la puntuación obtenida, según detalla el acta de resolución de la misma.

Madrid, Canarias, Asturias, Cataluña...

Sólo dos días después, y con sus directivos aún en los calabozos de la Guardia Civil, la Plataforma de Contratación del Estado hacía pública la formalización de un contrato adjudicado a la compañía a finales de septiembre. En este caso, se trataba del "suministro, instalación y actualización de la instalación de Control BMS" del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III, también de Madrid. Su importe fue de 528.161,98 euros y en la licitación de nuevo sólo tuvo un rival. El tercer contrato logrado por Cofely tiene fecha del 4 de noviembre pasado y es para el “suministro e instalación de aire acondicionado (enfriadoras y climatizadores), así como el desmontaje de los existentes y retirada al vertedero de los mismos, en el edificio de la sede conjunta de las Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de la Tesorería General de la Seguridad Social de Las Palmas de Gran Canaria”. En el mismo, la suya fue la única oferta presentada y se embolsará por él 199.443,21 euros.

La última adjudicación fue conocida hace poco más de una semana: cerca de 190.000 euros por mantener los servicios contra incendios de la Universidad de Zaragoza

Más humilde en cuanto al importe es el cuarto contrato público conseguido por Cofely. Lo logró en Asturias para cubrir el "servicio de mantenimiento de locales dependientes de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Asturias". En esta ocasión, la competencia fue mucho mayor. Otras diez empresas presentaron ofertas, pero finalmente lo ganó la multinacional de origen francés por 127.050 euros por ser la oferta económica más ventajosa. Catorce días después, era la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Cataluña la que daba un contrato a Cofely. El importe, 47.764,91 euros por cubrir el "servicio de mantenimiento de las instalaciones de climatización de los edificios" que la misma tenía en el Paseo Josep Carner de la capital catalana.

El último contrato público que, hasta la fecha, se ha adjudicado la empresa salpicada por la trama Púnica es para "el mantenimiento de equipos de protección contra incendios en la Universidad de Zaragoza durante 24 meses". Fue adjudicado el pasado 10 de diciembre, aunque no se hizo público hasta siete días después en la Plataforma de Contratación del Estado. El importe, 188.428,31 euros. Poco antes, sin embargo, la compañía había perdido, al quedar segunda, un contrato superior a los 400.000 euros en otro centro de estudios superiores, en este caso en la ciudad de Cádiz. Hubiera sido su séptima adjudicación en sólo dos meses.

LA CABALGATA FRUSTRADA DE VALDEMORO

Cofely no ha sido la única empresa de la trama Púnica que, tras la operación, ha seguido optando a concursos públicos. Waiter Music, la compañía bajo sospecha de haber servido a Francisco Granados y su socio DavidMarjaliza para cobrar presuntamente comisiones, estuvo a punto de adjudicarse la organización de la Cabalgata de Reyes 2015 de la localidad madrileña de Valdemoro, epicentro de la red. Sin embargo, una información publicada por Vozpópuli el pasado 12 de diciembre en el que se adelantaba que dicha empresa estaba a punto de ganar el concurso, llevó al actual primer edil del municipio, el 'popular' David Conde, a paralizarla adjudicación y "recurrir al patrocinio y a los medios propios para organizar el evento", según detalló en una nota de prensa echa pública aquel día.

En ese momento, ya se habían abierto los sobres con las ofertas de tres de las cuatro empresas  que habían concurrido (la cuarta había sido excluida al no cumplir los requisitos) y los técnicos municipales habían comprobado que de todas ellas la mejor económicamente era Waiter Music. "Por ley, si cumplían todos los requisitos, habría que haberselo adjudicado si no queríamos que la empresa nos demandara", señalaron a este diario fuentes del Ayuntamiento. Sin embargo, el gobierno local optó por una segunda vía ante el escándalo provocado por la información de este diario: renunciar al concurso.

En la nota de prensa de aquel día, el consistorio recalcaba que el mismo había sido convocado cuando aún era alcalde José Carlos Boza, detenido en la 'Operación Púnica' y quien dimitió poco después de su encarcelamiento. Y añadía que detrás de su decisión de renunciar estaba "la situación económica en la que el Ayuntamiento está inmerso". El contrato para organizar la Cabalgata tenía un coste presupuestario de algo más de 64.000 euros, IVA incluido. Por ello, anunciaba, iban a buscarse patrocinios y utilizarse los medios del propio Ayuntamiento para "organizar este evento". "No podemos dejar a los niños sin esa noche", recalcaron fuentes cercanas al alcalde.


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