Nacional

Las claves de la Fiscalía en el Caso Pretoria: la gran corrupción en Cataluña de los próximos a Pujol

Tráfico de influencias, cohecho, evasión fiscal y de capitales, uso de testaferros: de todo eso y más acusa Anticorrupción a la que fuera la plana mayor de Jordi Pujol. He aquí las claves del Caso Pretoria que ha hecho caer a Prenafeta y Alavedra.

Prenafeta y Alavedra, la que fuera guardia pretoriana de Pujol, acusados ahora como uno de los ejes de la corrupción en Cataluña.
Prenafeta y Alavedra, la que fuera guardia pretoriana de Pujol, acusados ahora como uno de los ejes de la corrupción en Cataluña. EFE

Tráfico de influencias, cohecho, evasión fiscal, evasión de capitales, uso de testaferros: de todo eso acusa la Fiscalía Anticorrupción a la que fuera la plana mayor de Jordi Pujol durante sus tiempos de molt honorable president de la Generalitat de Cataluña. Los antaño poderosos Lluis Prenafeta y Maciá Alavedra se enfrentan a multas millonarias y hasta a siete años de prisión cada uno. Como supuestamente habría hecho también la familia Pujol -según investiga ahora Anticorrupción-, utilizaron presuntamente Andorra para esconder sus ganancias ilícitas. He aquí las claves del escrito de acusación que acaba de presentar el fiscal anticorrupción contra la que fuera guardia pretoriana de Pujol.

El pasado 18 de diciembre, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz cerraba un gran caso de corrupción que había abierto cinco años antes su antecesor en el Juzgado Central de Instrucción número 5, Baltasar Garzón. Con el cierre del Caso Pretoria, Ruz mandaba abrir juicio oral y tan sólo una semana después, la Fiscalía Anticorrupción presentaba su escrito de acusación contra once acusados de formar una de las grandes tramas de corrupción conocidas hasta ahora en Cataluña.

En su escrito, el fiscal no se ha andado por las ramas y ha dicho cosas tremendas sobre las que fueran primeras figuras de la política catalana. He aquí las claves del caso de unos “conseguidores” que jugaron, según el juez y el fiscal, con quienes materializaban o recalificaban y concedían los créditos, así como con quienes autorizaban los pagos en negro por parte de las inmobiliarias de Catalunya Caixa.

“Estrecha relación personal con Jordi Puyol i Soley”

Maciá Alavedra y Lluis Prenafeta mantenían “una estrecha relación personal con el entonces Presidente de la Generalitat de Cataluña -Jordi Puyol i Soley-, quienes, sabedores de la facilidad con la que se movía Luis Andrés García [el tercer hombre fuerte de la trama] en estos municipios y del ascendiente e influencia que también ellos ejercían sobre determinados cargos públicos de Cataluña, se concertaron con el anterior, planificando y ejecutando el manejo de los tiempos del desarrollo urbanístico y de las adjudicaciones, lo que les permitió recibir ilícitas comisiones procedentes de los empresarios que, gracias a sus influencias, lograron las adjudicaciones en estos municipios”.

Este párrafo especialmente significativo forma parte de los 71 folios que conforman el escrito de acusación del fiscal tras el cierre por el juez Ruz del llamado Caso Pretoria; un caso que encierra una serie de corrupciones urbanísticas, de recalificaciones de terrenos, de comisiones y de contratos irregulares de las mayores investigadas hasta ahora por la justicia en Cataluña.

Crearon una trama para realizar operaciones urbanísticas irregulares y obtener “ilícitos beneficios”

Esta trama ilícita se desarrollaría entre 2001 y 2009 en las localidades de Santa Coloma de Gramanet, San Andrés de Llavaneras y Badalona, situadas en el área metropolitana de Barcelona -zonas de amplio crecimientos urbanístico y, por tanto, susceptibles de dar grandes pelotazos- y en las que se ejecutaron una serie de operaciones urbanísticas que proporcionaron a los acusados “la obtención de cuantiosos e ilícitos beneficios y comisiones carentes de toda justificación y lógica comercial”.

Para ello crearon, según el fiscal, “un entramado dirigido a manipular las adjudicaciones públicas de varias operaciones urbanísticas ejecutadas en distintas localidades de Barcelona, percibiendo por ello cuantiosas comisiones que ocultó a través de sociedades interpuestas carentes de actividad real”. Son las llamadas “Operación Pallaresa-Cubics”, “Niesma” y “Badalona” ejecutadas, respectivamente, en las localidades de Santa Coloma de Gramanet, San Andrés de Llavaneras y Badalona.

Prenafeta y Alavedra utilizaron a sus propias mujeres

Para hacerse con los “cuantiosos e ilícitos beneficios”, el fiscal sostiene que los acusados Luis Andrés García Sáez, Prenafeta y Alavedra funcionaron de la siguiente forma:

  • Se sirvieron de un complejo entramado societario y de diversas cuentas bancarias abiertas en entidades situadas en territorios off shore;
  • Ocultaron cuantiosas ganancias procedentes de su actividad delictiva, “bien de sus irregulares labores de intermediación en diversas adjudicaciones bien por eludir el pago de impuestos a la hacienda pública española desvinculándolas de su origen y titularidad para aflorarlas con una apariencia lícita”.
  • Para ocultar y reinvertir esos fondos, Prenafeta contó con la “participación esencial” de su esposa María Lluisa Mas Crusells y Maciá Alavedra Moner con la de su esposa, Doris Malfeito Torrellas -contra la que no se dirige acusación al haber fallecido- así como con la de los también acusados Gloria Torres Pladellorens y Philip Mc Mahan Bolic, como supuestos testaferros.

Así funcionó la trama entre 2001 y 2009

Todo este entramado funcionó a la perfección entre 2001 y 2009, como refiere la Fiscalía, en los municipios arriba citados, y “para satisfacer sus espurios intereses, se concertaron con Luis Andrés García logrando con su ilícita actividad percibir diversas comisiones carentes de toda justificación y lógica comercial que fueron pagadas por las empresas adjudicatarias de las operaciones urbanísticas”.

En ese contexto se desarrolló la Operación Niesma entre el 23 de mayo de 2003 y el 17 de abril de 2007: fue planificada con la finalidad de “intermediar en la adquisición de dos fincas situadas en la zona conocida como Can Riviere”, del municipio de San Andrés de Llavaneras, para transmitirlas a la sociedad Proyecto Inmobiliario Valiant SL una vez aprobada su recalificación urbanística.

Sociedades pantalla para enmascarar las comisiones ilícitas generadas

Es decir: un típico pelotazo urbanístico que funcionó así:

  • Luis Andrés García, Manuel Valera, Prenafeta y Alavedra supieron que en la finca Can Riviere (en San Andrés de Llavaneras) se iba a producir una modificación urbanística. Influyeron en la misma e intermediaron en la fijación de las condiciones de esa modificación para, una vez conseguida su recalificación, enajenarlas a la empresa Proyecto Inmobiliario Valiant SL, con la que previamente habían pactado su venta a cambio de percibir una comisión equivalente al 4% del precio de adquisición.
  • Para lograr sus fines presionaron a varios funcionarios y empezaron a crear una red de empresas para hacerse con las fincas a unos precios inferiores y venderlas luego por una cifra muy superior, lo que les reportó “una considerable plusvalía”.
  • Para ocultar esas comisiones pertenecientes a Prenafeta y Alavedra, las fueron transferidas a favor de sociedades como Poliafers SA, controlada por Prenafeta. “quien se encargó de repartirla con Maciá Alavedra y Lluis Andrés García”, pero a través de sociedades controladas por aquéllos, como City Actividades Inmobiliarias SL –de Luis Andrés García- y Versabitur SL –de Alavedra-.

La Operación Badalona: otro pelotazo urbanístico

La segunda de las grandes operaciones se desarrolló en Badalona entre 2001 y 2002, con un sistema similar al anterior, pero con unos terrenos pertenecientes al ICO que habían sido destinados al Proyecto de Construcción del Puerto Deportivo de Badalona.

Según el fiscal, Luis Andrés García, Manuel Valera, Prenafeta y Alavedra “puestos de común y previo acuerdo y conociendo el cuantioso beneficio que podían obtener intermediando en la venta” de esos terrenos públicos, contactaron con empresarios “ofreciéndose a intermediar en su adjudicación a cambio del cobro de ilícitas comisiones”. El fiscal sostiene que a las empresas no les quedó más remedio que pagar, porque los acusados dominaban las adjudicaciones.

Como resultado de esa 'intermediación', percibirían las siguientes cifras que relaciona el fiscal en su escrito:

  • Percibieron de las sociedades beneficiadas -BBWSL, ESPAIS y PROCAM- diversos pagos que ocultaron a través de sociedades controladas por ellos.
  • Sólo en los años 2003 a 2005, García, Prenafeta y Alavedra percibieron pagos de BBWSL de comisiones a través de otras sociedades suyas por valor total de 3.771.155,54 euros.
  • Paralelamente, de forma global, "durante los años 2000 a 2009 García, Prenafeta y Alavedra desarrollaron ilícitas labores de intermediación en adjudicaciones públicas por las que cobraron cuantiosas comisiones".
  • Para "ocultar la titularidad y el origen delictivo de estas ganancias así como conseguir su afloramiento desvinculándolas de su origen", se sirvieron de un complejo entramado societario y financiero, para lo que Prenafeta y Alavedra utilizaron -ya desde 1997- a sus respectivas esposas y a Gloria Torres y Philip Mc Mahan como testaferros.
  • - "La totalidad de estas ilícitas ganancias se ocultaron a la hacienda pública española mediante la utilización de un complejo entramado societario constituido por entidades domiciliadas en territorios off shore así como de diversas cuentas bancarias abiertas en entidades suizas y andorranas".

Supuesta ocultación de fondos por Alavedra

El fiscal detalla de forma especialmente minuciosa cómo ocultó fondos uno de los que fuera persona de máxima confianza de Pujol, Maciá Alavedra: "Durante los años 1997 a 2008 percibió por su actividad ilícita ascendió -cuando menos- a 6.080.405,41€".

El fiscal sostiene, además, que "ocultó su existencia a la hacienda pública española, eludiendo, por tanto, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales". Para conseguir su opacidad y posterior afloramiento utilizó a su esposa Doris Malfeito -ya fallecida- y a Gloria Torres y Philip Mc Mahan de la siguiente forma:

  • Creando un entramado societario y financiero constituido por sociedades domiciliadas en territorios off shore así como por cuentas abiertas en entidades andorranas para canalizar sus fondos.
  • Hizo figurar como titulares tanto a su esposa como a Gloria Torres, encargando a Mc Mahan que "asumiera su gestión diaria y directa".
  • Organizó, tal y como había planificado con Alavedra, el plan para repatriar a España parte del dinero que éste tenía oculto en sus cuentas de Andorra.

Las cantidades ocultadas lo fueron en las siguientes cuentas:

  • Entidad andorrana CAIXABANK tres cuentas bancarias a nombre de Doris Malfeito: cuenta nº 008-01-004895, la nº 008-72-0035836 y la nº 008-02-002279- figurando como apoderado Mc Mahan, hasta la absorción de CAIXABANK por la entidad del Principado CREDIT ANDORRA.
  • Las comisiones percibidas por su intermediación en adjudicaciones públicas en las operaciones Niesma y Badalona las ocultó a través de su sociedad VERSABITUR SL, "lo que le permitió poder reinvertirlas desvinculándolas de su origen".

Supuesta ocultación de fondos por Prenafeta

De la misma forma, el fiscal anticorrupción se muestra muy meticuloso al establecer la "ocultación de fondos ilícitos percibidos por Lluis Prenafeta Garrusta", del que describe en su escrito:

  • "La cuantía de los fondos que durante los años 2000 a 2007 Prenafeta mantuvo ocultos ascendió -cuando menos- a 14.984.865,58€", procedentes de "la actividad delictiva cometida por su labor de intermediación" en San Andrés de Llavaneras y Badalona; intermediación prestada a SIEMENS dentro del ámbito privado y por labores de asesoramiento en el ámbito privado por la multinacional ALSTOM a través de la empresa domiciliada en las Islas Vírgenes Británica MARVEN DEVELOPMENT LTD.

Según el fiscal, para conseguir mantener la opacidad de los fondos, se sirvió de su esposa María Lluisa Mas y de un complejo entramado societario y financiero constituido por sociedades domiciliadas en territorios off shore y por cuentas abiertas en entidades bancarias andorranas y suizas.

Asimismo, "también afloró parte de esos recursos mediante la compra de obras de arte", habiéndose incautado en su domicilio cuadros por valor de 335.815€.

Por todo ello, el fiscal pide casi siete años de prisión para Alavedra y Prenafeta, además de una multa millonaria para ambos y para el resto de la trama, de la que el fiscal cree que defraudó unos 45 millones de euros a los ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramenet, Badalona y Sant Andreu de Llavaneres durante la etapa en la que Pujol presidía la Generalitat de Cataluña.


Comentar | Comentarios 0

Tienes que estar registrado para poder escribir comentarios.

Puedes registrarte gratis aquí.

  • Comentarios…

Más comentarios

  • Mejores comentarios…
Volver arriba