Nuevo 'palo' a Acciona: Fiscalía pide 26 años de cárcel para cuatro empleados por corrupción

Nuevo problema judicial para Acciona. Sólo 72 horas después de la detención de dos de sus directivos por su presunta implicación en el 'caso Frontino' que investiga el supuesto amaño de contratos de la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas SA (Acuamed), la Fiscalía Anticorrupción ha entregado este jueves en el Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza su escrito de acusaciones contra 25 procesados en el llamado 'caso Plaza' que investiga un pufo multimillonario en la construcción de la plataforma logística de la capital aragonesa. Entre los acusados se encuentran cuatro destacados empleados de la compañía.

La Fiscalía considera a Acciona responsable civil subsidiario de una cantidad superior a los 147 millones de euros

Se trata de dos altos directivos de la compañía en aquella ciudad, José María Jordán y Miguel Ángel Bretón, para los que el Ministerio Público pide 10 años y nueve meses de cárcel, y 6 años y nueve meses respectivamente. Además, hay otros dos empleados, José Luis Rodríguez Cachafeiro y José Luis Albendea, para los que reclama penas de 6 años y nueve meses, y dos años y cuatro meses de encarcelamiento. También señala a Acciona como responsable civil subsidiario por una cantidad superior a los 147 millones de euros.

El escrito, firmado por los fiscales José Grinda y Juan José Rosa, y al que ha tendo acceso Vozpópuli, detalla a lo largo de cerca de doscientos folios la actuación de una trama que, según las estimaciones, desvió 150 millones de euros de dinero público entre 2002 y 2014 . Anticorrupción sitúa en el origen de la trama precisamente a uno de estos empleados de Acciona. En concreto, a José María Jordán, director gerente de la UTE que su compañía creó junto a la constructora local Mariano López Navarro SL para hacerse con el contrato de las obras de la plataforma logística.

"Obras no ejecutadas"

Según el escrito, este directivo y José Ricardo García Becerril, gerente de Plaza SA, la sociedad pública que se creó para gestionar la nueva infraestructura, crearon una trama junto al resto de los imputados para "mediante el ficticio aumento de las obras y trabajos a realizar [...], la elevación simulada de los precios pactados y la certificación de las obras no ejecutadas" enriquecerse. Todo ello se tradujo en "un beneficio y lucro personal tanto de los acusados como de las respectivas sociedades en perjuicio de la sociedad pública Plaza SA y, por tanto, del erario público".

Uno de los directivos de Acciona está acusado de prevaricación, fraude, malversación, falsedad y cohecho

Anticorrupción acusa a Jordan de un delito continuado de prevaricación, otro de fraude y exacción legal, uno más de malversación de caudales públicos, otro de falsedad en documento mercantil y, finalmente, uno de cohecho. Su compañero Miguel Ángel Bretón repite todos ellos, menos el último, al igual que a Rodríguez Cachafeiro. A José Luis Albendea sólo le inculpa por cohecho al haber abonado al gerente de Plaza y su familia un viaje de lujo a Brasil como pago 'en especie' por la adjudicación de las obras.

Obras 'gratis total' en sus inmuebles 

Ésto no fue, sin embargo, la única dádiva que recibió el principal imputado, García Becerril, para quien Anticorrupción pide la máxima pena, 25 años de cárcel. De hecho, el gerente de Plaza también recibió otros regalos y la realización 'gratis total' de costosas obras en sus diferentes viviendas. Unas irregularidades en las que también estaban supuestamente implicadas su esposa y dos hijas, Elena, Carolina y Patricia, quienes pusieron al servicio de la trama dos empresas para recibir también contratos de modo fraudulento. Ellas se enfrentan a penas que van desde los 2 años y nueve meses para la madre, y a más de nueve años de prisión para una de las hijas.

Entre los acusados, el expresidente del Real Zaragoza, Agapito Iglesias, y un exviceconsejero del Gobierno regional 

Del expolio de Plaza, la Fiscalía también culpabiliza a constructores como Agapito Iglesias (expresidente del Real Zaragoza), Miguel Colonques y Miguel Ángel Cantero Molés por realizar pagos en especie para conseguir ser proveedores de la UTE Plaza. Los dos primeros se enfrentan a 5 años y diez meses de prisión, mientras que el tercero ve elevarse la petición por encima de los 10 años. En el escrito también figura el nombre de Carlos Escó, quien fuera viceconsejero del Gobierno autonómico del socialista Marcelino Iglesias. Anticorrupción solicita para él 7 años y ocho meses de prisión por favorecer a amigos con obras a precios superiores.